El diputado provincial por el Cuarto distrito electoral Gustavo Cairo (Cambia Mendoza-PRO) presentó un proyecto que pretende que no se utilice puntualmente en “documentos oficiales emitidos por los tres poderes del Estado en todos sus niveles, así como en las escuelas de la Provincia” el seudo lenguaje inclusivo.
Ese lenguaje tomó fuerza en los últimos años en las comunicaciones verbales y escritas, según plantean quienes lo defienden, para la eliminación de estereotipos de sexo, sesgos sexistas y diversas formas de discriminación.
Además de incorporar el uso de “las/los” en los discursos y sumar pronombres y determinantes sin género, algunos hablantes van más allá y remplazan la «o» por la «e», la «x»o el “@” (en los textos escritos) para romper con el binomio masculino/femenino.
“Siguiendo los lineamientos de la Real Academia Española, es innecesaria la utilización del lenguaje inclusivo porque atenta contra la economía del lenguaje y su belleza”, sostuvo Gustavo Cairo.
Para el diputado, su empleo está siendo exagerado, “hasta forzado” y tiene un “sesgo político importante”.
Incluso ironizó de que es utilizado por la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner que sigue utilizando el apellido de su fallecido esposo.
“Es una contradicción. Me encanta el feminismo bien definido”, dijo.
Cairo señaló que en “nuestro país cada vez es más común escuchar y leer en documentos oficiales la repetición de términos”.
“El Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza fue reescrito hace pocos años duplicando las palabras de forma no autorizada por la Real Academia Española y sobre todo como un atentado contra los ojos y oídos de muchos que creemos que no se justifica”, agregó.
Entre los argumentos para sostener su iniciativa, el legislador hace hincapié que “se han escuchado discursos de altos funcionarios diciendo palabras como ‘jóvanas’, ‘estudiantas’ ´albañilas´ y otras que rozan el ridículo”.
Las escuelas en la mira
“Hace unos meses el gobierno de Francia prohibió oficialmente el lenguaje inclusivo en la educación nacional de su país. Considerando que el lenguaje inclusivo constituye un obstáculo al aprendizaje de los alumnos y no debe ser usado como alternativa para la feminización de la lengua”, justificó.
En cuanto a la realidad de las aulas mendocinas, estimó que no se está aplicando en la comunicación entre docentes y alumnos, pero que la ley vale para generar una advertencia.
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