El Departamento General de Irrigación (DGI) de Mendoza ha dado un paso crucial en su proyecto de reforma normativa al abrir un período de consulta pública para el Anteproyecto del Código de Aguas. Este código, que busca unificar, actualizar y dar mayor transparencia a la normativa hídrica de la provincia, fue presentado en el Colegio de Agrimensura de Mendoza (CAM).
El evento contó con la presencia del Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, y del presidente del CAM, Javier Oyhenart, quienes coincidieron en la importancia de este proceso para mejorar la administración del agua en Mendoza.
Marinelli subrayó la necesidad de ordenar el corpus normativo acumulado desde la sanción de la Ley de Aguas en 1884, con el fin de evitar la gestión desigual del recurso hídrico y facilitar el desarrollo de la provincia. «El DGI no cuenta con un catastro hídrico, sino con un cúmulo de mapas e información que debemos organizar», afirmó Marinelli, destacando la urgencia de estas reformas.
La consulta pública, disponible en la plataforma Participa, invita a todos los actores sociales, desde ciudadanos hasta profesionales y entidades colegiadas, a contribuir con sus opiniones y sugerencias. Durante la presentación, la Dra. Marcela Andino y el Dr. Marcelo Pinto, asesores del DGI, se enfocaron en aspectos técnicos relacionados con el registro y catastro, temas clave para la futura implementación del código.
Por su parte, Javier Oyhenart resaltó la importancia de estas presentaciones detalladas, que permiten un diálogo abierto y enriquecedor sobre la propuesta. «Sabemos que estos cambios demandarán modificaciones y ajustes en nuestra práctica profesional, pero son necesarios para mejorar los controles y la capacidad de procesar información geográfica e hídrica», comentó Oyhenart.
La propuesta del Código de Aguas ha generado diversas reacciones en la provincia. Mientras algunos sectores aplauden la iniciativa por su potencial para modernizar la gestión del agua y garantizar una distribución más equitativa, otros manifiestan preocupación por el impacto que las nuevas normativas podrían tener en pequeños productores y comunidades rurales.
Las controversias se centran en la posibilidad de que los cambios propuestos beneficien desproporcionadamente a grandes industrias y proyectos mineros, en detrimento de los derechos tradicionales de acceso al agua.
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