La Dirección de Minería estableció por resolución que los titulares de derechos mineros deberán firmar una Declaración Jurada que establece reglas para fomentar la seguridad, la protección ambiental, la inclusión social y el diálogo constructivo con las comunidades locales.
En otro paso hacia el desarrollo de una industria minera transparente, responsable y sostenible en Mendoza, la Dirección de Minería estableció por resolución la implementación de la Declaración Jurada de Buenas Prácticas, en el marco de la responsabilidad social, conforme a lo dispuesto por el Nuevo Código de Procedimiento Minero.
La declaración deberá ser presentada por los titulares de derechos mineros antes del inicio de actividades mineras o previo al otorgamiento de concesiones.
“Es un protocolo, una guía de vinculación comunitaria que se desprende del Código de Procedimiento Minero”, explicó el director de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente, Jerónimo Shantal.
“Fija cuáles son los parámetros que deben cumplir las empresas a los fines de establecer una vinculación estrecha y directa con cada una de las comunidades locales”, amplió Shantal. “Entre estos protocolos se encuentran el monitoreo participativo sobre uso de agua, el plan de actores y el desarrollo de planes socioeconómicos y socioculturales del área de influencia del proyecto”, sostuvo.
“Es una herramienta muy práctica y muy útil para que la comunidad empiece a interactuar directamente en cada uno de los proyectos. Esta será una obligación de las empresas, que tendrán que cumplirlo y deberán actualizarlo bienalmente para hacerle un seguimiento por parte de la autoridad y de la comunidad”, aseguró el director de Minería.
De hecho, en la resolución se detalla que la declaración jurada debe garantizar el cumplimiento de las normativas legales, fomentando la seguridad, la protección ambiental, la inclusión social y el diálogo constructivo con las comunidades locales.
Esta medida busca promover una minería que respete los derechos de las comunidades, proteja el ambiente y fomente la participación activa de todos los actores involucrados. Además, garantiza un marco regulatorio que fortalece la confianza entre la industria minera y la sociedad mendocina.
La implementación de esta declaración constituye un hito en la regulación de la actividad minera, ya que asegura que los proyectos se desarrollen con altos estándares de responsabilidad social y ambiental, en línea con los principios rectores del Nuevo Código de Procedimiento Minero.
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