Representantes gremiales y funcionarios municipales detallaron sus posturas sobre el decreto que actualiza bonos no remunerativos y el cambio de entidad bancaria. El conflicto salarial permanece suspendido por la conciliación obligatoria mientras se espera la resolución provincial.
El conflicto salarial en la Municipalidad de Malargüe continúa suspendido por la conciliación obligatoria, aunque las posiciones entre el gremio y el Ejecutivo siguen marcando diferencias. Mientras el municipio sostiene que el decreto 1420/2025 que da «aumento por decreto a un bono en negro» busca aliviar la situación económica del personal, los representantes sindicales remarcan que la medida no reemplaza una negociación paritaria ni resuelve el reclamo salarial.
El secretario general Benito Martínez explicó que el conflicto no está cerrado y que las medidas de fuerza se retomarán al finalizar los plazos legales previstos. Señaló que el decreto “no es un aumento” y que “solo devuelve la plata que se descontó por días de paro”. También cuestionó el cambio de entidad bancaria, al considerar que la decisión se tomó sin tiempo de anticipación para que los trabajadores pudieran reorganizar sus compromisos financieros.
Desde el municipio, el paritario Fernando Marchetti, explicó que la actualización del bono responde a un esfuerzo financiero en un contexto marcado por la disminución de regalías y coparticipación. Detalló que el bono no remunerativo se elevó a 150.000 pesos para las categorías 3 a 8 y a 80.000 pesos para el resto. Aclaró que la conciliación obligatoria no impide este tipo de decisiones y sostuvo que la gestión busca garantizar el pago en término y mantener las fuentes laborales.
Respecto al cambio de banco, la Contadora Municipal explicó que el Banco Nación ofreció alternativas que permiten asegurar el pago mensual y planificar el flujo financiero municipal. Sostuvo que el municipio no enfrenta problemas de liquidez y que se trabaja con presupuesto de caja para cumplir compromisos y obras. Añadió que se gestionan líneas de financiamiento para que los empleados puedan reorganizar sus deudas y evaluar alternativas más convenientes.
El secretario gremial Leandro Díaz planteó que el traspaso bancario puede complicar la situación de los trabajadores que mantienen créditos y tarjetas en otras entidades. Señaló que la decisión “debería haberse comunicado con anticipación” y afirmó que el trabajador “tiene derecho a elegir dónde cobrar”, para evitar endeudamientos mayores derivados del cambio.
Tanto el gremio como el Ejecutivo aguardan la definición de la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza, que deberá establecer si corresponde continuar con la conciliación o declararla fracasada.
