La ampliación del gasoducto de San Rafael, a días de su finalización, detonó un conflicto político con General Alvear: Omar Félix reclamó que el municipio de Alejandro Molero aporte fondos para acceder al servicio, y la respuesta llegó con carta documento y un descargo público incendiario. En el medio, Malargüe vuelve a quedar como el gran ausente del sistema: todavía espera el gasoducto Papagayos–Malargüe, cuya tramitación ambiental requiere actualización para reactivarse.
Lo que debía ser una obra para mejorar el abastecimiento y sumar previsibilidad energética en el sur mendocino terminó en un ring político. La ampliación del gasoducto de San Rafael —una infraestructura que, según la cobertura provincial, está “a días” de completarse y habilitarse— pasó de promesa regional a una disputa áspera con General Alvear, que incluye intimaciones, acusaciones cruzadas y una respuesta formal vía carta documento.
El punto de quiebre fue el reclamo que expresó el intendente sanrafaelino Omar Félix: advirtió que, para que General Alvear reciba gas a través de la obra próxima a inaugurarse, el municipio gobernado por Alejandro Molero debe aportar fondos. La discusión se movió rápido del terreno político al formal: desde Alvear respondieron con una carta documento y un mensaje que buscó fijar posición pública.
En ese comunicado, la gestión alvearense fue tajante: “el gas no tiene dueño” y el acceso a la red no puede transformarse en una herramienta de especulación política. La frase —repetida por medios locales y provinciales— funciona como síntesis de la postura de Alvear: se trata de un servicio esencial y de una obra que no debería quedar bajo el filtro de otro municipio.
Pero el capítulo que vuelve “picante” la trama es el descargo personal y directo que Molero difundió en redes, Allí subió el volumen con nombres propios y una acusación de fondo: calificó el episodio como “la avivada de los hermanos Félix” y sostuvo que el gasoducto “no pertenece a un municipio”, sino que es una “obra nacional pagada por el esfuerzo de todos”. En ese mismo texto afirmó que no permitirá que “usen el frío como rehén”, y que la discusión está teñida de cálculo político.
Molero fue más allá y reconstruyó una cronología: aseguró que la Provincia gestionó la obra en 2017 y que en 2018 ya había presupuesto, pero que luego se produjo una demora prolongada que atribuyó a “picardía política”. Enumeró impactos —demora, industrias frenadas, perjuicios sociales— y planteó que el tiempo de la obra excedió por mucho el plazo que, según su mirada, debió tener. Ese es el corazón de la “pelea de fondo”: quién cargará con la responsabilidad del atraso y quién capitaliza el momento de habilitación.
Del lado sanrafaelino, la lógica se transmite en coberturas que indican que el pedido de aporte apunta a un criterio de “justicia” financiera: si un municipio empujó gestiones y afrontó costos para completar la obra, quienes se beneficien deberían acompañar el esfuerzo. En esa lectura, el conflicto no sería por el gas como recurso, sino por el esquema de financiamiento y por cómo se distribuye el costo final de una infraestructura que ampliará la cobertura.
El choque, sin embargo, deja una postal incómoda cuando se lo mira desde Malargüe. Mientras San Rafael y Alvear discuten quién paga y quién habilita “el próximo gas” a inaugurar, Malargüe sigue esperando el gasoducto Papagayos–Malargüe, una obra estructural que permitiría conectar a la ciudad cabecera y ampliar el desarrollo productivo. En los últimos meses, el propio Concejo Deliberante malargüino reclamó formalmente actualizar la Declaración de Impacto Ambiental, porque el plazo establecido venció sin ejecución ni prórroga, un obstáculo administrativo que hoy funciona como freno.
Dicho de otro modo: la discusión San Rafael–Alvear se da en la antesala de una habilitación. La discusión Malargüe–Estado se da en la etapa previa: destrabar papeles, revalidar condiciones ambientales y volver a poner la obra en ruta. Por eso, el conflicto entre intendentes suma ruido en un territorio donde el gas no es solo confort: también es competitividad para comercios, costos para hogares, y base para industrias que hoy se limitan o directamente no llegan.
En este escenario, la escalada de declaraciones y carta documento tiene un costo político inmediato: instala la idea de que el gas puede ser herramienta de presión, y reabre la grieta interna del sur. Y tiene un costo práctico potencial: cuando las obras energéticas se transforman en pelea de poder, lo técnico queda subordinado al relato. La frase de Molero (“no voy a permitir que usen el frío como rehén”) y la réplica institucional (“el gas no tiene dueño”) muestran que el conflicto ya no discute solo números: discute legitimidad.
Con la ampliación de San Rafael en su tramo final, el foco debería volver a lo esencial: cómo se habilita, bajo qué condiciones se conecta cada localidad y cuál es el esquema transparente de financiamiento. Mientras eso se ordena, Malargüe observa una escena repetida: el sur discute el reparto del beneficio de una obra que está por encenderse, pero el departamento más postergado sigue esperando que su gasoducto deje de ser promesa y pase, de una vez, a ejecución.
Fuente: Mendoza Post
.
