El 55% de los integrantes del CEAS se manifestó a favor de que se habilite en la Legislatura el debate por la reforma de la Constitución de Mendoza. Un 20% no respondió a la consulta que realizó el gobernador Suarez,
Hace dos semanas, se realizó una consulta formal por mail a los integrantes del Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS) para que respondan si debe habilitarse el debate por la reforma de la Constitución en la Legislatura, y la mayoría se manifestó a favor.
En primer lugar, de los 86 integrantes que tiene el CEAS, 17 no respondieron la consulta. De los restantes 69, el 70% dijo que quiere que la reforma constitucional tiene que debatirse en la Legislatura, el 10% rechazó esta posibilidad y el 20% se abstuvo.
Contemplando la totalidad de los integrantes del CEAS, incluyendo los que respondieron la consulta y los que no, los consejeros a favor del debate legislativo por la reforma constitucional representan el 55%: son 49 de los 86 consejeros.
Ni bien Suarez lanzó la convocatoria, desde el peronismo rechazaron la consulta y no respondieron. Fue la representante del PJ en el CEAS, Patricia Fadel, quien consideró la solicitud del gobernador era antidemocrátiva y destacó que el CEAS aún no tenía reglamento aprobado.
Frente a este, para el próximo lunes, el presidente del Consejo Económico, Ambiental y Social, Víctor Ibáñez, convocó a una reunión para «tratamiento y aprobación de reglamento, análisis primera etapa de presentación de proyectos y desarrollo de plataforma digital».
Sobre el CEAS
El CEAS es un organismo de consulta -creado por ley -que tiene 86 miembros entre los que se encuentran actores de todo el espectro de la sociedad civil y se designó como presidente del mismo por dos años, al actual ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez. Los consejeros estarán en el consejo durante un período de cinco años.
Entre los participantes están todos los exgobernadores, entre los que se cuentan peronistas y radicales, por lo que entiende que es un órgano adecuado para tener una visión amplia respecto a la idea de reforma del Ejecutivo provincial.
Dado que el organismo de consulta tiene entre sus objetivos discutir el camino para llegar a «la Mendoza que queremos dentro de 30 años», el mandatario provincial recurrió al CEAS para que desde el organismo multidisciplinario y multipartidario haya un pronunciamiento respecto a la necesidad o no de reformar la constitución.
Convocan al Consejo
El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, como presidente del organismo, realizó la convocatoria para la reunión con los integrantes del CEAS. Será el próximo lunes 29 de marzo a las 18 hs y se realizará el análisis de la primera etapa de presentación de proyectos como así también el tratamiento y aprobación del Reglamento.
El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez como presidente del CEAS, convoca a los miembros del Consejo Económico, Ambiental y Social para la primera reunión de este año el próximo lunes 29 de marzo a las 18 hs.
En el encuentro se analizarán las propuestas que le han llegado a la Secretaría Técnica del organismo por parte de los referentes. “Las mismas abordan diferentes temáticas con distintos horizontes temporales y tienen en común el interesante grado de cooperación para su formulación”, reza el documento firmado por el ministro.
El municipio de Malargüe está representado por el Secretario de Finanzas, José Luis López.
Temas que se tratarán
Tratamiento y Aprobación de Reglamento
Análisis primera etapa de presentación de proyectos
Desarrollo de plataforma digital
Este Consejo tendrá su sede en la Ciudad de Mendoza; el espacio actuará como entidad consultiva y su vinculación con el Ejecutivo y Legislativo provincial se dará a través de los Ministerios de Gobierno, Trabajo y Justicia, y de Economía y Energía. Con Víctor Ibañez, como presidente de este Consejo, y Enrique Vaquié, vicepresidente del órgano.
En cuanto a sus funciones se prevé, por un lado, la emisión de opiniones no vinculantes, a requerimiento de alguno de los poderes sobre proyectos de ley a ser sancionados por el Poder Legislativo. Además, sobre proyectos de decretos a ser dictados por el Ejecutivo, siempre y cuando sean remitidos para su consulta.
Por otro lado, se establece la elaboración de informes, la suscripción de acuerdos de cooperación con organismos nacionales e internacionales, consultas a organismos especializados, propuestas de impacto ambiental, social y económico, invitaciones a funcionarios para expongan ante el plenario o las comisiones y la elaboración de un informe anual sobre la situación socioeconómica o ambiental de la provincia.
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