De esta manera, el gobernador Rodolfo Suarez tiene luz verde para continuar con la licitación de la represa que se construirá sobre el río Grande. El fiscal de Estado rechazó las dos denuncias en contra.
El fiscal de Estado de Mendoza, Fernando Simón, avaló la continuidad de la licitación del proyecto mutipropósito Portezuelo del Viento «quedando a decisión del gobernador disponer su continuidad», según surge del dictamen.
El dictamen de Simón surgió a partir de los reclamos que se presentaron contra el desarrollo de la obra a partir de que existe una sola oferta y, además, por la disminución del caudal del río Grande en la última década, lo que dificultaría el llenado de la presa, según los denunciantes.
En primer lugar, Simón concluyó que «la existencia de un único oferente no es legalmente causal de fracaso de la licitación» y que «tampoco resulta un obstáculo legal que se haya solicitado y obtenido una mejora de la oferta del orden del 22%», la que en definitiva beneficia a la Provincia.
Por otra parte, sobre la disminución de los caudales del rio Grande, sostuvo que «resulta un hecho incontrovertible que genera incertidumbre». Pero destacó que «la simulación del llenado de presa realizado por EMESA, concluyen que el embalse se llenaría en un plazo máximo de 4 años».
Además, indicó que «estaría en situación de empezar a generar energía en no más de 12 meses desde el cierre».
En cuanto a los cuestionamientos a la evaluación económica, se concluye que el valor de una inversión pública no puede limitarse a analizar el recupero y rentabilidad financiera, sino que «debe contemplar muchos otros beneficios, tangibles e intangibles, que resultan de gran trascendencia social, y que elevan la rentabilidad al 28%, de acuerdo a los informes existentes».
Además, la Fiscalía de Estado se refirió a eventuales conflictos interjurisdiccionales y planteos judiciales. Opinó que «situaciones similares pueden darse respecto a cualquier obra hidroeléctrica que decida realizar la Provincia, por lo que no resultan por sí causa suficiente para no avanzar en su realización».
Aunque señaló que «no puede descartarse la posibilidad de que una decisión ajena a las autoridades provinciales (sea del Poder Ejecutivo Nacional en el marco del COIRCO o del Poder Judicial), pueda obstaculizar el avance de la ejecución de la presa. Así sostuvo que ello, al igual que la disminución de caudales y el informe de EMESA sobre el tema, deberán ser debidamente merituados por el Gobernador».
Fuente: El memo.
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