El Congreso nacional comenzó a discutir la nueva Ley de hidrocarburos. El proyecto del Poder Ejecutivo propone, en líneas generales, un esquema destinado a estimular la producción y las exportaciones de gas y de petróleo en un horizonte a 20 años mediante una serie de beneficios, que incluyen el acceso parcial a divisas y la rebaja de impuestos.
El secretario de Energía, Darío Martínez, finalizó su exposición ante la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado con una certeza: el proyecto de ley de hidrocarburos que presentó la semana pasada tendrá modificaciones, algunas de ellas promovidas por el propio oficialismo. La oposición también adelantó sus reparos a la iniciativa, por lo que todo indica que el Congreso postergará su sanción hasta después de las elecciones legislativas.
Martínez fue por demás insistente al recalcar ante los senadores que el proyecto en debate no propone una nueva ley de hidrocarburos, sino que establece una serie de incentivos para promover las inversiones en el sector. El funcionario buscó así despejar las dudas que genera la iniciativa, sobre todo en los senadores de las provincias petroleras: insistió en que el texto respeta a rajatabla que tanto la propiedad del recurso como las potestades tributarias corresponden a las provincias.
Los legisladores, no obstante, advirtieron que, según la iniciativa, la autoridad de aplicación recae en la Secretaría de Energía.
“El dominio, la administración y el uso de los recursos naturales corresponde a las provincias, por lo tanto así planteado el articulado es inconstitucional”, planteó el senador rionegrino Alberto Weretilneck, aliado del oficialismo.
“Este proyecto echa por tierra todos los acuerdos firmados entre la Nación y las provincias petroleras en materia hidrocarburífera. Así como está planteado no lo acompañaríamos”, anticipó.
Asimismo, la oposición indicó que el Consejo de Inversiones Hidrocarburíferas, cuya creación está prevista en el proyecto, no cuenta con representación de las provincias. Tampoco lo integran expertos en medio ambiente, señalaron las opositoras Pamela Verasay y Gladys González, de Juntos por el Cambio.
La senadora neuquina Lucila Crexell, si bien coincidió en la necesidad de impulsar una ley de incentivos para el sector, marcó sus reparos. “¿Por qué las dos empresas, que serían las beneficiadas en función de los requisitos que establece el proyecto, que en su conjunto suman más del 65% de la producción de petróleo crudo y refinación de gas, gozarán de estos incentivos diferenciales que se proponen y no a las más de 50 empresas que son más pequeñas y que también son del sector?”, preguntó.
“La cuestión ambiental, el federalismo, la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y el trato desigualitario a pequeñas empresas son temas a mejorar para tener la ley que merece el sector”, agregó la legisladora.
Por su parte, el senador salteño Sergio Leavy, del Frente de Todos, manifestó que se van a “tener que modificar algunas cosas de este proyecto, porque si no siempre se incentiva la exploración y el desarrollo de producciones en las mismas cuencas y hay muchas cuencas olvidadas como la del NOA”.
Postura del Ministro Vaquié
El Ministro de economía y energía de Mendoza, Enrique Vaquié, fue consultado por diario digital Ser y Hacer de Malargüe sobre el tema y dijo: “hemos leído la ley y estamos trabajando justamente ahora en reuniones por zoom con las provincias petroleras”.
“Al tema que lo dividiría en dos partes. Uno, que nos une con las provincias, que es una ley que atenta contras las facultades de la provincia en materia de petróleo y gas que son materias constitucionales y el proyecto de ley intenta ir contra ellas” aseveró el funcionario.
Seguidamente agregó “después está lo que tiene que ver con la actividad en sí. Hay una cuestión genérica que la dividiría en dos o tres partes, uno que yo creo que Mendoza se puede favorecer si la ley sale como está, que tiene que ver con las inversiones en refinería, dado la característica que tiene Mendoza y con lo moderna que es. Y, por otro lado, la explotación y la exploración de petróleo y gas”.
Para él “si la ley sale como está no es buena”.
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