La diputada del PRO Hebe Casado elaboró un proyecto de declaración en el que le solicita al Gobierno nacional que se establezca una indemnización para todas aquellas personas que tenían un comercio, cumplieron con el aislamiento obligatorio y se vieron afectadas monetariamente durante la pandemia.
Sobre la iniciativa, dijo «la idea surgió a partir de charlas que tuvimos con diferentes comerciantes y personas que trabajan en la actividad privada sobre esta situación”.
Fundamentó su pedido en que “si uno tiene que hacer una ruta o abrir una calle o construir algo en un terreno privado, lo que la ley dice es que se expropia ese lugar porque se va a construir algo para el bien común. Durante la pandemia sucedió que se utilizó el privado para sostener los costos de la pandemia o el bien común. Pero se hizo a costa del capital de esos privados, en cambio a las personas que viven del Estado no las afectó en absoluto».
Añadió que «todos siguieron cobrando su sueldo fueran o no a trabajar, estuvieran las oficinas cerradas o abiertas. En cambio, a los privados, empresas privadas, pymes, algunos profesionales que no pudieron abrir sus oficinas o no pudieron hacer sus trámites porque las oficinas públicas estaban cerradas, debieron afrontar la pandemia con sus ahorros, sus ingresos, su capital y se vieron coartados por esta situación. Muchas personas pasaron meses así. Ellos no han sido sostenidos en absoluto por el Estado, excepto algunas empresas que percibieron el ATP pero el resto no».
Argumentó que «todas estas personas, al ser privados, venían teniendo una facturación durante los meses previos-dos o tres- a la pandemia. De allí se puede determinar un resarcimiento, al menos un porcentaje, porque fueron ellos los que sostuvieron la pandemia mientras estaba la no circulación, el ASPO o el DISPO dispuestos por el Gobierno nacional».
En cuanto al apoyo de sus pares, la diputada dijo que «este miércoles existió la posibilidad del tratarlo sobre tablas, pero el PJ decidió no darle quórum y mandarlo a comisión”.
En tanto, funcionarios del gobierno provincial lo vieron como favorable, aunque no les corresponde a ellos determinar si se debiera hacer o no.
Para concluir, Casado indicó que «también muchas empresas debieron cerrar y no pudieron darle de baja a su empresa porque muchas oficinas públicas estaban cerradas. Y así seguían pagando impuesto a pesar de haber quebrado sus empresas».
En los argumentos de su proyecto sostuvo que «el Gobierno actuó con una suerte de confiscación del patrimonio de los privados, que los obligó a resignar la totalidad de sus ingresos y les impuso afrontar la totalidad de sus costos. Se los obligó a seguir pagando sueldos, alquileres comerciales, afrontar el vencimiento de cheques mientras ni siquiera se podía cubrir la cuenta bancaria y la entidad no estaba operativa, y se les prohibió despedir personal. Imposibilitada trabajar, imposibilitados de cerrar su actividad, imposibilitados de despedir personal, obligados a seguir pagando costos y seguir tributando como si nada hubiera pasado”.
Más adelante afirmó que «de no ser indemnizado el daño que se generó al sector privado deberemos estar hablando que el gobierno nacional efectuó una confiscación masiva de patrimonios».
Por ello señaló que «dicha indemnización deberá cubrir las ganancias dejadas de percibir por el sujeto durante los años 2020 y 2021 y las pérdidas generadas, mientras se encontró impedido de ejercer actividad laboral, comercial, industrial, teniendo en cuenta la facturación promedio de meses previos al mes de la restricción».
Fuente: Diario San Rafael.
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