El Gobierno provincial está decidido a continuar con la licitación de Portezuelo del Viento, la megaobra proyectada en el sur provincial que es cuestionada por La Pampa y por un grupo de expertos jurídicos mendocinos. Además los movimientos de la Casa Rosada generan ciertas dudas que Rodolfo Suarez intentó despejar este martes.
«Seguimos adelante con la obra porque entendemos que todos los temas ya están resueltos a partir del laudo del expresidente Mauricio Macri», explicó el gobernador en conferencia de prensa.
De todas maneras, afirmó que la provincia tomará todos los recaudos para cubrirse de potenciales reclamos por parte del consorcio Malal-Hue, único oferente que sigue en pie en el proceso.
El expediente fue desarchivado por la gestión de Alberto Fernández, que escuchó los reclamos pampeanos para exigir nuevos estudios ambientales.
«Nuestra responsabilidad tiene que ver con que ante cualquier eventualidad, si el gobierno nacional sigue adelante con el expediente, la UTE no puede reclamarle nada a la provincia», informó Suarez.
A fines de junio Malal-Hue, la unión transitoria de empresas (UTE) liderada por la china Sinohydro Corporation, que se asoció con CEOSA, IMPSA y Obras Andinas, presentó la mejora de su oferta, un 22,61% inferior a la propuesta inicial.
«Estamos en estudio de la propuesta de la baja de costos que realizó la UTE, viendo el detalle», dijo el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié.
Ese análisis está a cargo de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas de Portezuelo del Viento, que debe emitir las circulares correspondientes para seguir adelante con el proceso.
«Entre esas circulares, una de las más importantes tiene que ver con la indemnidad de la provincia», manifestó Suarez.
De esta manera Mendoza busca «blindarse» ante una posible paralización de la obra por una eventual decisión del gobierno nacional o de la justicia.
«Estas cláusulas y circulares son constantes las obras de esta naturaleza. Portezuelo del Viento supera los mil millones de dólares y en cualquier lugar del mundo donde se hacen obras de esta envergadura se garantiza que, ante cualquier acción, las empresas no pueden reclamar nada a la provincia», informó el mandatario.
Además se trabaja en conjunto con la Fiscalía de Estado para que el contrato contenga una cláusula que prohíba al consorcio recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial a donde las empresas pueden reclamar contra los Estados por los cambios en las reglas de juego.
«Esto es muy importante. No se trata de los mendocinos que quieren la obra porque generará empleo, energía y turismo en el sur sino con algunos juristas que han planteado dudas. Lo estamos trabajando en forma conjunta con la Fiscalía de manera tal que este resarcimiento a la provincia esté asegurado», añadió el gobernador.
Así, Suarez se refirió al pedido del exministro de la Corte, Alejandro Pérez Hualde, y los abogados especialistas en Derecho del Agua, Miguel Mathus Escorihuela y Aldo Guarino, para que la Fiscalía de Estado frenara el proceso licitatorio por «el grave daño inminente» y «el severo riesgo de daños al patrimonio público».
Sin embargo, a través de un dictamen de mediados de agosto, el fiscal Fernando Simón explicó que no hay fundamentos para dar por fracasada la licitación. Pero pidió que el gobierno precise el alcance de las renuncias de la UTE a realizar reclamos indemnizatorios o de cualquier otro tipo frente a una eventual suspensión, paralización o fracaso de la obra por causa ajena a la voluntad de las autoridades provinciales.
Fuente: Diario El sol.
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