Según el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), en el país hay unas 350 salas de hemodinamia, de las cuales entre 260 y 280 eran hasta ahora prestadoras full: esto significa que estaban habilitadas a realizar cualquier tipo de tratamientos e intervención.
Ahora, esa cantidad se ha reducido, según afirman los prestadores, «a menos de la mitad».
Se trata de los centros de salud considerados, dentro de la nueva normativa, en la categoría A. El resto fue reubicado en la categoría B, que sólo están autorizados a realizar diagnósticos y angioplastias; y la C, habilitados sólo para la instancia de diagnóstico. Antes de los cambios no existía esta discriminación.
El CACI envió el 10 de noviembre una carta a Luana Volnovich, directora del PAMI, para que reconsidere la decisión. “Supuestamente los centros tenían tiempo hasta febrero para adaptarse y cumplir con una serie de requisitos para poder estar en la categoría A, pero lejos de eso ya se implementó de manera arbitraria, no se sabe con qué criterio”, dijo Diego Grinfeld, el presidente de la entidad.
«Las autorizaciones de estudios se demorarán no menos de 15 días»
A este panorama, Grinfeld sumó otro problema: “Hasta ahora las autorizaciones de las intervenciones las hacían las delegaciones regionales de la obra social. Ahora todo quedó centralizado en PAMI central, lo que derivó en que los tiempos pasaran de entre los 3 y 5 días habituales a no menos de 15”.
Hasta las nuevas modificaciones, todos prestadores estaban habilitados -siempre que contaran con la infraestructura para hacerlo- a atender pacientes con aneurismas, infartos, arritmias complejas que requieren colocación de marcapasos y reemplazos de válvulas, entre otras afecciones. Procedimientos por cateterismo mínimamente invasivos que requieren intervención urgente.
Hoy el PAMI, según explican los médicos, ya no autoriza esas prestaciones en muchos de los centros y los pacientes deben ser trasladados en ambulancias a otros que sí fueron ubicados en la categoría A. Ante el reclamo, hubo consultas periodísticas con las autoridades del PAMI, pero no dieron respuesta, afirmó Clarín.
«Aumenta el riesgo de muerte de los afiliados»
En la carta de CACI también se afirma que esta recategorización “aumenta considerablemente el riesgo de muerte de los afiliados del PAMI”. Y agrega: ‘Todos los centros habilitados por el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas tienen la capacidad para realizar las prácticas y tratamientos de intervencionismo requeridos. Ya lo estaban haciendo antes de este cambio”.
Entre los requisitos impuestos por el PAMI para la determinación de las nuevas categorizaciones y habilitaciones se encuentra la disponibilidad de equipamiento de resonancia magnética nuclear (RNM), aunque desde el CACI responden que no es necesario este tipo de estudios para los procedimientos de la especialidad.
“Otro parámetro que contempla la nueva normativa es el número de camas existentes en la institución o el número de procedimientos realizados, pero ninguna de las dos variables determina ni influye en la aptitud del servicio y la capacidad del hemodinamista para realizar el procedimiento”, señaló Martín Cisneros, vicepresidente del CACI.
Desde el CACI afirman que de los 4,8 millones de afiliados al PAMI, anualmente requiere algún tipo de intervención compleja entre el 1 y el 1,5%, lo que representaría una cifra superior a los 50 mil pacientes al año, mientras que se calcula que más de 5 mil de distintas localidades del país ya están sufriendo las consecuencias de este cambio.
La resolución del PAMI, con fecha del 17 de septiembre de este año, decidió crear “el Índice de Relevancia Estratégica para la recategorización de los prestadores del II Nivel Sanatorial a fin de promover políticas institucionales más justas y equitativas y a efectos de optimizar las instancias de financiamiento y su consecuente calidad prestacional”, según dice el documento.
Al mismo tiempo se aprobó una ficha metodológica y se encomendó a la Secretaría General Técnico Operativa y a la Gerencia de Prestaciones Médicas, “la reglamentación, operativización e implementación del índice, a los fines de garantizar su correcto funcionamiento”. Y a la Gerencia de Análisis de Procesos Retributivos, “adecuar las categorías bajo la lógica de traducción de gestión retributiva”.
Los argumentos de las medidas
En el anexo de la resolución figuran los argumentos de la medida: “Consideramos que la metodología utilizada actualmente no se encuentra en consonancia con los objetivos del Instituto en lo que respecta a reconocer la heterogeneidad territorial y actuar en consecuencia, siendo que la categorización actual es completamente indiferente al contexto en el que brinda servicio ese prestador”.
El texto, rubricado por el subdirector ejecutivo del PAMI, Martín Rodríguez Alberti, explica que “dicho contexto varía a lo largo del territorio nacional y es un aspecto que no puede dejar de tenerse en cuenta. A continuación, introduciremos el concepto de vulnerabilidad sanitaria y demanda potencial de servicios médicos, que nos permitirá medir la situación contextual en que están insertos los prestadores”.
Agrega: “La existencia de prestadores en zonas vulnerables o con alta demanda potencial implica una mayor relevancia estratégica que aquellos prestadores ubicados en zonas de baja vulnerabilidad. Esta situación no está contemplada por la categorización actual de prestadores sanatoriales y de allí la necesidad de generar un índice para una categorización más justa y eficiente”.
Y ejemplifica: “Existen prestadores en zonas de alta vulnerabilidad que tienen una categoría baja (por tener pocas camas) y por ello existe el riesgo de que dejen de prestar servicios para el Instituto. A través del Indice de Relevancia Estratégica, estos modificarían su categoría a una más alta y sería factible poder evitar que dejen de prestar servicio a PAMI”
Fuente: Clarín
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