A casi una semana de su sanción, las violentas movilizaciones de los intolerantes antimineros forzaron al gobernador Mariano Arcioni a dar un paso atrás en la ley de zonificación minera en Chubut.
Por el nivel de virulencia de las protestas, desde las 8 de la mañana, el debate del cuerpo legislativo se realizó de manera virtual ya que “no se encuentran dadas las condiciones edilicias, ni de seguridad necesarias para continuar con el normal desarrollo de la labor legislativa y administrativa”.
La derogación fue aprobada de manera únanime por todo el cuerpo. Así, los legisladores que aprobaron la iniciativa resolvieron modificar su postura ante el estallido social y el clima tenso en la provincia. Afuera de la sede provincial, cientos de manifestantes se habían congregado para esperar los resultados de la votación.
En la reunión programada se trata el proyecto firmado por Mariano Arcioni que deroga la Ley de Zonificación de la Actividad Minera en Chubut. Si bien había cuatro proyectos en carpeta, se decidió por avanzar con la iniciativa propuesta por el gobernador.
Durante el desarrollo de la actividad parlamentaria, la diputada del Frente de Todos, Mónica Saso revirtió su voto a favor de la minería de la semana pasada, pero lo justificó al asegurar que muchas de los artículos en el texto incluían parte del “reclamo social” ambiental. Dijo que era legítimo que “la meseta tenga la oportunidad de dignificar a su pueblo para un desarrollo sustentable” y su progreso” y cuestionó “la demogagia oportunista” de quienes ahora se oponen.
Sin embargo, aclaró: “Quiero adelantar mi voto afirmativo a la derogación y que aprobemos un fondo de reparación histórica para la meseta”.
La diputada de Chubut Unido y ex intendenta de Rawson, Rossana Artero, consideró que “cambiar de opinión es de gente racional” y una “actitud de grandeza”. “Sé de muchos diputados que votaron convencidos esta ley que hoy seguramente derogaremos”, evaluó, si bien consideró también que otros legisladores que estaban en contra y que fueron “presionados por otros intereses votaron en contra de sus voluntades”.
“Pienso en los diputados oficialistas y cuánta seguridad les brinda un gobernador que los presiona para votar una ley totalmente anti popular, los expone y los crucifica. Que después de asegurar ‘no voy a dar un paso atrás’, los entrega”, planteó.
María Andrea Aguilera, de la UCR, sostuvo que el proyecto “carecia de licencia social y de legitimidad” no solo del desarrollo minero, sino “de un gobierno”, en relación a Mariano Arcioni, al que calificó de una gestión “sin rumbo y sin plan, con intereses desconectados de las necesidades del pueblo chubutense”.
“No podemos dar la vuelta la página como si nada. Esto no puede seguir ocurriendo”, afirmó la diputada, quien enumeró todos los edificios gubernamentales destruidos en el marco de las protestas. ¿Quién se va a hacer cargo de esto? Con la derogación de la ley no se termina esto y el daño se ha generado a todas las instituciones estatales”, sostuvo Aguilera.
Manuel Pagliaroni, del bloque de la UCR, advirtió que desde el año 2010 comenta que “no están dadas las condiciones” para permitir la megaminería en la provincia. Además, manifestó que los legisladores “son todas personas de bien y han votado convencidos” y, en ese marco, lamentó que “no se puede entrar en una caza de brujas o marcar viviendas” como la declaración de persona no grata de varios concejos deliberantes a los diputados que se inclinaron a favor del proyecto minero.
Carlos Gómez, diputado peronista de Chubut al Frente y referente del sindicato de Petroleros Privados, informó que le pidió al gobernador Arcioni que derogue la legislación pro minera para garantizar la paz social, aunque ratificó su apoyo que la actividad se desarrolle en la provincia, al compararla con los beneficios que traen aparejados las regalías petroleras. “Vamos a estar movilizados para atraer inversiones, trabajo y desarrollo sustentable”, sostuvo.
En ese marco, leyó un comunicado de los presidentes comunales de Telsen, Gastre y Gangan, en el que exigieron que la Legislatura permita la habilitación de la actividad minera “para que la región salga de su otracismo” y “brinde trabajo y dignidad a esta gente”. “Ojalá la meseta no tenga que esperar 18 años más”, completó Gómez, quien repudió además las amenazas y escraches que sufrió su familia por aprobar la legislación.
El derrotero de la ley
Ayer, el gobernador Mariano Arcioni anunció esa decisión de derogar la legislación aprobada la semana pasada que generó protestas y violentos incidentes, incluyendo oficinas estatales de Chubut como la Casa de Gobierno, y anticipó la convocatoria a un plebiscito “para escuchar a todas las voces del pueblo” en este tema, con un mensaje a través de su cuenta en la red social Twitter.
“Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días y quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad, la oportunidad de pensar cómo damos trabajo a quienes no lo tienen, cómo generamos inversiones para industrializar nuestra producción, y con qué recursos mejoramos nuestra educación, nuestra seguridad y nuestra salud”, planteó Arcioni.
El mandatario afirmó que se abrirá un nuevo proceso de diálogo social con todos los actores involucrados en este proyecto, ya sea que “estén a favor o en contra”.
El rechazo a la normativa se produjo de manera transversal en toda la provincia patagónica desde el ámbito político, como sindical e incluso de representantes de la Iglesia en la región. El panorama se recrudeció a raíz de que el gobierno provincial dispuso de la represión de las protestas, lo que agravó el clima social.
Según sus defensores, la Ley de Zonificación de la Actividad Minera en Chubut avalaba la “diversificación productiva” en los departamentos de Gastre y Telsen, del interior provincial, con la habilitación de la explotación de los recursos sin cianuro.
La nueva zonificación iba a permitir el desarrollo del denominado Proyecto Navidad, un yacimiento de plata considerado de los más importantes del mundo, lo que implicaría una inversión superior a los US$ 1.000 millones, la creación de miles de puestos de trabajo y de una red de proveedores locales.
La norma había quedado registrada como “XVII N° 149″ y fue promulgada a través del Decreto 1285/21, tras su sanción en la Cámara de Diputados provincial por 14 votos a favor y 11 en contra.
La sanción del proyecto había recibido el respaldo del gobierno nacional a través de la cartera de Desarrollo Productivo que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Minería y del Consejo Federal de Minería (Cofemin), esta última integrada por las provincias productoras, por considerar que se trataba de un “importante paso hacia adelante” que contribuiría al “desarrollo de la industria” en la provincia y el país.
Del otro lado de la discusión, quienes se oponen a la ley, aseguran que la empresa minera Pan American Silver, propietaria del proyecto, generará distintos pasivos ambientales, entr ellos, el uso de un método distinto al cianuro pero no menos nocivo: el xantato
“La decisión del gobierno y la legislatura provincial de avanzar con la megaminería no cuenta con licencia social, a lo que se suma el cuestionamiento de diversos organismos científicos y académicos”, sostuvo un documento firmado por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), CTERA, Barrios de Pie, Jóvenes por el Clima, y personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Maristella Svampa y Rita Segato.
La investigación en curso
Debido de los destrozos en la provincia, el Procurador General del Chubut, Jorge Miquelarena, anunció la creación de un equipo especial que “se encargará de investigar todo lo relacionado con los incidentes que se produjeron tras la aprobación de la ley de zonificación minera, para identificar a los vándalos que produjeron los destrozos a los edificios públicos y también si hubo compra de voluntades” entre los diputados que lo aprobaron.
“Son tres expedientes que se abrieron”, explicó Jorge Miquelarena en una conferencia de prensa que se realizó en una de las pocas oficinas que quedaron en condiciones, tras el raid de incendios de edificios públicos registrados en el marco de la protestas.
Según los cálculos de la Fiscalía y la Procuración, quedaron afectadas unas 754 investigaciones debido a los incidentes e incendio en la sede judicial. El director de la Dirección de Control de Gestión de la Procuración, Daniel Corrópoli, dijo que “muchas computadoras se quemaron, otras desaparecieron y suponemos que han sido robadas”.
El incendio en el diario El Chubut
Miquelarena precisó que “hay causas que se perdieron enteras, otras que hay que reconstruir. Muchas podrían caerse porque desaparecieron las pruebas o por extinción de los plazos procesales. Esto afecta a las víctimas, detrás de cada expediente hay personas. Fue un grupo reducido de vándalos”, reveló.
En el marco de estos incidentes, otro de los establecimientos afectados fue el edificio donde funciona el diario El Chubut, en la ciudad de Trelew, e incendiaron las instalaciones cuando todavía se encontraban trabajando en el lugar periodistas. Varios de los legisladores durante la sesión de este martes en la Legislatura de Chubut repudiaron el hecho.
Fuente: Infobae.
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