Andrea Mansilla, madre de una jovencita de 16 años y un niño 8, hizo pública una denuncia institucional por parte de varias entidades estatales contra ella y “fundamentalmente” contra sus hijos.
La también docente, en un contacto con la prensa en el estudio jurídico de la Dra. Cristina Jiménez expresó “me cuesta mucho esto de salir en los medios, no me gusta dar a conocer mi vida hacia afuera y mucho menos lo que sucede de las puertas de mi hogar hacia adentro, pero quiero manifestar lo molesta que me siento con la justicia que tenemos. Sufro y he sufrido violencia institucional a través de la policía, el ETI (Equipo técnico interdisciplinario), OSEP. Me he cansado de golpear diferentes puertas y no encuentro solución. Estoy acá para que puedan ayudarme con los derechos violados y vulnerados de mis hijos”.
Indicó que todo comenzó cuando decidió, en diciembre de 2019, poner fin a la relación con su marido, debido a que venían teniendo una situación conflictiva de larga data. En esa oportunidad decidió retirarse de su domicilio para evitar seguir viviendo en el clima de violencia que lo hacía. Fue a Comisaría 24 donde no fue informada adecuadamente, recibiendo una inadecuada atención e indicándole que al día siguiente concurriera al Juzgado de familia.
Efectivamente lo hizo, pero no recibió asesoramiento legal dado que tenía que contratar a un profesional para ello por tener un trabajo en blanco. Allí le brindan una lista de abogados para que procediera a ese fin. Contrata a una abogada de manera particular para que le gestione el divorcio, quien en un principio le indicó, según sus palabras, un honorario pero luego se lo triplicó. Mientras, se fue a vivir a una casa que le prestaron con sus dos hijos.
Al cabo un tiempo obtuvo el divorcio y decidió volver a la casa que compartía con su ex marido, mientras este se encontraba ausente. El hombre al tomar conocimiento de esa situación habría radicado una denuncia, por lo que a la semana la justicia la intimó para que se retirara de la vivienda con los hijos. En horas de la noche se presentaron en el domicilio policías y un ayudante fiscal para implementar la medida.
“Es una casa que se adquirió cuando estábamos casados. Toda esta situación la presenciaron mis hijos, nos sacan de la casa con lo puesto. Se me acusa de haber sustraído dinero que había en la vivienda, pero los testigos que ingresaron dijeron que no faltaba nada. No entiendo por qué me acusan de una cosa pero no falta nada. En ese momento quedo en situación de calle” expresó la mujer.
Inmediatamente se dio intervención al ETI quien le indicó que el municipio debía hacerse cargo de brindarle un lugar para que viviera, pero ello no se cumplió, por lo que debió irse a vivir con su padre.
Días posteriores se presentó ante el ETI para solicitar el resguardo de los derechos de sus hijos donde, según Mansilla, le respondieron que no había existido violencia.
“La verdad que no sé a qué tipo de violencia tenemos que llegar para recibir una ayuda. Después me acompañó mi abogada a OSEP para ver si mis hijos podían recibir ayuda psicológica. Me dejan en una lista de espera, hasta el momento tampoco he tenido un llamado. Al día de hoy no cuento ni con las camas de mis hijos, vivimos en una casa alquilada con todo prestado y estoy cansada de esta situación porque uno es grande pero dónde queda el lugar de los niños” planteó la mujer.
Su ex marido sigue viviendo en la propiedad que adquirieron mientras eran pareja. Andrea tiene una prohibición de acercamiento, pero él todo los días acude a la casa de un vecino donde ella ahora reside.
“Mis hijos viven conmigo, actualmente la relación es escasa con su padre. Mi hijo más chico no quiere ser llamado por el apellido paterno, mi hija también quiere sacarse el apellido, no quiere egresar de su secundario con ese apellido. Como mamá trato de decirles que tienen que tener paciencia” indicó la mujer, profundamente emocionada.
Al hablar sobre la violencia institucional por la que le ha tocado pasar dijo “en ningún lado han sabido decirme cuáles son los pasos correctos que debo hacer. Recibo violencia institucional, psicológica y lo que más me duele es la violencia que han recibido mis hijos”.
La Dra. Cristina Jiménez expresó que el día que la justicia procedió a realizar el desalojo de la vivienda, el 18 de junio de 2020, lo hizo con una “violencia tremenda”.
“En este momento los dos son propietarios de la vivienda. Llama la atención que se saque, en un estado total de vulnerabilidad, a una mujer con sus dos hijos. Ella no quiere que suceda lo que se ve en los medios cuando se dice nadie lo sabía, nadie se dio cuenta. Realmente ella ha estado muy mal” expresó Jiménez.
Sobre el final, Andrea Mansilla dijo “estoy viviendo en una casa alquilada y todas las cosas prestadas. No tengo nada”.
Cabe destacar que Mansilla ha puesto en conocimiento de esta situación, mediante un escrito de 10 páginas, al Procurador General de Mendoza, Dr. Alejandro Gullé, ETI, Comisaría 24, Municipalidad de Malargüe, Honorable Concejo Deliberante y Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
Para hacerte llegar lo que pasa en Malargüe y en la provincia de manera personal, te invitamos a que seas parte del grupo de WhatsApp de Ser y Hacer en donde sólo recibirás noticias, en ningún momento estará abierto, por lo que sólo te llegará lo que subamos a nuestra web. Te dejamos el link para que te puedas unir: https://chat.whatsapp.com/ICTdkNFlpywEWnhvAs5H1k
