En 2006, el entonces gobernador de Mendoza, Julio Cobos, firmó con el presidente Néstor Kirchner un acuerdo para que la provincia recibiera los fondos destinados a la megaobra hidroeléctrica Portezuelo del Viento. Hubo festejo y optimismo, aunque hoy la imagen es otra: la construcción de la represa está inmersa en dudas porque depende de un laudo presidencial. Quizá por eso el propio Cobos decidió defender públicamente el proyecto en el mediodía de este martes.

En un posteo de Instagram, el diputado nacional y ex vicepresidente insistió en que «Portezuelo del Viento debe concretarse y el inicio de obra no puede dilatarse más, debe iniciarse a la brevedad».

Además, se diferenció tácitamente de otros referentes que no descartan destinar los 1.023 millones de dólares que pagará Nación a otras iniciativas.

«Bajo ningún aspecto -declaró- debemos cambiar el destino de esos fondos: son para hacer Portezuelo» afirmó el legislador nacional.

Las palabras de Cobos llegaron cuando faltan pocos días para que se cumpla el plazo que tiene Alberto Fernández en caso de que quiera expedirse sobre la disputa: el 21 de enero, el Presidente tendría que responder al pedido de pronto despacho que presentó el mandatario mendocino Rodolfo Suarez a fines de diciembre pasado.

¿Lo hará? A través de ese laudo se sabrá si Fernández apoya a la obra o no; o si simplemente optará por el silencio, lo que también podría interpretarse como una negativa. Esa bifurcación abre abismos en la política mendocina. Unos dicen que la represa se tiene que hacer caiga quien caiga y otros son más cautos.

Cobos y Cornejo fueron dos factores centrales para que en su momento avanzaran las negociaciones con Nación.

Cobos recalcó que Portezuelo «es una inversión genuina muy importante, que se transformará en empleo y desarrollo para Mendoza» y que «además, contribuye al cambio de la matriz energética de Argentina y la mejora, es decir que atempera nuestra incidencia frente al cambio climático».

Portezuelo del Viento y el ambiente

El impacto ambiental de Portezuelo es uno de los ejes que, por estas horas, distancia a Mendoza de otras provincias que comparten el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), ya que la construcción alteraría ese caudal. En especial, La Pampa ha clamado que la megaobra podría complicar sus ecosistemas y cultivos, y en consecuencia los estudios se han empantanado en un mar de reclamos y reproches.

Sobre este punto, el exgobernador sostuvo que «el mayor impacto ambiental, ya estimado, se ubica de la presa hacia aguas arriba, en tanto que los beneficios dados por la regulación del caudal benefician a las zonas aguas abajo; más allá del territorio mendocino, al resto de las provincias que integran el COIRCO».

Aseveró asimismo que la generación de energía del proyecto sería propiedad de Mendoza, lo que permitiría usar esos recursos para «implementar numerosas obras hídricas que optimicen el recurso del agua, o bien escuelas, caminos, viviendas, etc.».

Por último, Cobos insistió en que «está convencido de que es una obra beneficiosa para Mendoza y el país» y se alineó con el intendente malargüino, Juan Manuel Ojeda, quien ha repetido muchas veces que la realización de la represa es una necesidad de su pueblo.

Cornejo aclaró que «Portezuelo no está cancelada»

Por su parte, el senador nacional y líder del interbloque de JxC, Alfredo Cornejo planteó su postura sobre el tema del momento al decir «el convenio de 1023 millones de dólares que yo le saqué al gobierno de Mauricio Macri es el aporte más importante de Nación a la provincia que ha habido en toda la historia democrática. Es un convenio impecable, y no porque lo haya hecho yo sino porque participó en él gente idónea».

Para Cornejo, la demanda de la provincia contra la Nación por los perjuicios que trajo en estos pagos la promoción industrial derivó en ese «acuerdo inaudito» que él considera digno de elogio.

«Nunca ningún gobierno provincial le sacó ese dinero a la Nación», aseguró. Y aclaró asimismo que, desde su perspectiva, «Portezuelo del Viento no está cancelada: está en suspenso porque objetivamente no se puede adjudicar si no tiene el impacto ambiental aprobado».

A la hora de marcar los responsables de tanta incertidumbre, el senador señaló directamente a la Nación.

«El que generó el conflicto es el gobierno nacional, que al desarchivar los reclamos de La Pampa hizo que se cayera la aprobación previa que había del impacto ambiental, y sin eso no se puede adjudicar la obra», enfatizó.

Luego propuso: «yo les pediría a los dirigentes kirchneristas de la provincia que medien con la influencia que ellos dicen tener. Que logren que el laudo presidencial sea a favor de Mendoza y que se acabe todo este sainete».

Fuente: Diario Uno.

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