Tras conocerse que el gobierno de la provincia de Mendoza le asignó 12.000 hectáreas fiscales para que se concrete un proyecto turístico que promete generar empleo para más de 1.000 personas a la empresa El Azufre S.A., que desde hace años trabaja en ese sector de la provincia y que ahora cuenta con aval oficial para utilizar las tierras, donde anticipa que hará punta en el uso de energías renovables y plantará cientos de miles de árboles, distintos representantes de la oposición, mayoritariamente identificados con el Frente de todos, salieron a cuestionar el ese accionar del gobernador Suárez .
Ante ello diario digital Ser y Hacer de Malargüe investigó los motivos de la medida adoptada por el gobierno mendocino para realizar la asignación. Así pudo determinar que en 2020 el kirchnerismo mendocino, que hoy está en desacuerdo, pidió apoyo y lo consiguió para declarar «de interés» de la Cámara de Diputados al proyecto El Azufre, en Malargüe, al que consideró como «pueblo de montaña sustentable».
Como publicó en estos días el portal de noticias El memo, la diputada Verónica Valverde (Frente de todos), quien es además esposa del ex vicegobernador Carlos Ciurca, dejó escrito en el proyecto lo que podrían considerarse hoy respuestas los planteos de su propio partido.
La legisladora peronista argumentó El proyecto pueblo de montaña sustentable con el esquí alpino como principal atracción turística denominado «El Azufre» y, ubicado sobre la ruta provincial 226 en el Valle del Volcán Planchón Peteroa, a 80 kilómetros el Paso Pehuenche, en Malargüe, representa un emprendimiento de innovación por su concepción de sustentabilidad a partir del estudio y el uso de energías renovables tales como la fotovoltaica, la geotérmica y la eólica».
«El Azufre, impulsado por los empresarios mendocinos Alejandro Spinello, José Beccar y Daniel Nofal, lo coloca a la vanguardia en términos de sustentabilidad, está la medición de la huella de carbono y su mitigación a partir de un ambicioso plan de reforestación como así también su limitación de los plásticos de un solo uso».
«Asimismo, el abastecimiento del proyecto mediante el uso de energías renovables y materiales ecológicos con un abordaje científico-tecnológico, lo colocan entre los proyectos más estratégicos de la Región».
«La posibilidad de trabajar con energía solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica como así también la exploración del uso del hidrógeno como combustible verde, abren un abanico de oportunidades para nuestra Provincia».
«Nuestros circuitos de alta montaña son recursos invaluables a nivel mundial. Poder explotarlos turísticamente representa un desafío inmenso para los años venideros en función de los impactos que traerá el cambio climático. Hacerlo con creatividad, con ingenio pero sobre todo con sustentabilidad será elemental a la hora de reactivar este motor provincial y de hacerlo viable y estratégico a futuro. Por todos estos motivos, solicito a las diputadas y diputados de esta Cámara, me acompañen en este proyecto».
Argumentos del Gobierno
En estos días se ha podido saber que la propiedad de las tierras es de la Nación. La Provincia es poseedora desde el año 69.
Las tierras se ubican en “Zona de Frontera” que tiene una legislación especial (Leyes 18.575 y 21.900) que tienen como objetivo general lograr la radicación de pobladores argentinos, mejorar la infraestructura y explotar los recursos naturales. Se prevé, por ejemplo, proporcionar “Apoyos de carácter económico y financiero que faciliten la explotación, elaboración y transformación de los recursos naturales de la zona” (art. 6 inc. c Ley 18575) o adjudicar las tierras con la finalidad de lograr la “radicación de pobladores y de núcleos socioeconómicos para el aprovechamiento racional de los recursos naturales. A dichos fines se tendrán especialmente en cuenta las actividades agropecuarias, forestales, mineras, industriales, pesqueras, turísticas, energéticas, sociales, urbanísticas y de conexidad, (art. 2 Ley 21.900)”.
“Hablar de privatización de las tierras de frontera como algo negativo, es desconocer la legislación específica que las regula y que precisamente persigue que esas tierras sean utilizadas y ocupadas, incluso explotados los recursos naturales” dicen voceros gubernamentales.
En este marco, el propietario (Nación) y el poseedor (Provincia) suscribieron un convenio que establece como “dar destino final” a las tierras ubicadas en la zona denominada “Potreros de Cordillera”, aprobado por Decreto 2868/91, durante el gobierno de José Octavio Bordón.
Esa disposición final requiere como “medida previa” que la Provincia realice diversas medidas:
. Subdivisión en parcelas que las conviertan en unidades agropecuarias y/o mineras de rentabilidad económica.
. Contemplar en esa subdivisión la concesión de una “unidad turística en el Valle del Río Valenzuela”.
. Cesión de 400 ha a Gendarmería.
. Asignar unidades económicas a pobladores argentinos, en especial si han efectuado inversiones.
. Contemplar el mantenimiento de emprendimientos turísticos de ciudadanos que hayan invertido en la zona
Cada una de esas medidas previas, por su naturaleza, requiere conductas diferentes por parte de la Provincia, en especial aquellas que implican reconocer situaciones preexistentes, como es el caso de la asignación a quienes “hayan efectuado inversiones” o el “mantenimiento” de emprendimientos turísticos.
En esos casos, como en el de la cesión a Gendarmería, no resulta posible -ni lógico- realizar una licitación o concurso, desde que se persigue consolidar situaciones existentes
Esas “medidas previas” en todos los casos, deben ser puestas a consideración de la autoridad Nacional (en el Convenio la Superintendencia Nacional de Fronteras, actual Comisión Nacional de Fronteras) que es quien tiene que aprobarlas y disponer en su caso la cesión (definitiva o temporal) de los terrenos.
En el caso de El Azufre, confluyen en el proyecto presentado por la empresa al menos tres de los objetivos perseguidos en el Convenio (concesión de una unidad turística en el Rio Valenzuela, asignación de unidades a quien ha invertido, mantenimiento de emprendimientos turísticos que han realizado inversiones) de allí que se haya decidido la “asignación” de los terrenos en cuestión, disponiendo la “comunicación a la autoridad nacional con competencia en la materia”
Una vez que autoridad nacional aprueba esa “asignación”, será momento de evaluar el proyecto, su impacto ambiental y demás condiciones exigibles para cualquier emprendimiento turístico de esas características. Pero para poder avanzar con eso, debe cumplirse necesariamente este primer paso o “medida previa”.
“Es importante destacar que no se afectan derechos de terceros, desde que según plano de mensura no existen peticiones registradas en el Registro Único de Puesteros (RUP) que se superpongan con esos terrenos, ni existen registros de pobladores radicados en la zona. La empresa acredita haber desinteresado a los sucesores de dos puesteros, que invocan haber utilizado una fracción de esos terrenos para la “veraneada”, pero sin contar con elementos que prueben esa utilización de manera asertiva” comentaron los voceros.
Conclusiones
No se está ante una privatización, no se ha aprobado el proyecto ni hay omisión de los pasos vinculados con el impacto ambiental del futuro proyecto.
En el marco del objetivo general de las leyes que regulan las zonas de frontera, y cumpliendo con el convenio suscripto con la Nación, se ha propuesto una asignación por entender que reúne largamente los requisitos en el marco del programa de “disposición final” de esos terrenos.
“Será la Nación como propietaria quien decida si se puede avanzar o no con la cesión de los terrenos y posteriormente será la Provincia quien en el marco de la normativa vigente en materia ambiental, decida si aprueba o no el proyecto del centro de ski” concluyeron nuestros informantes.
Las termas
En la autorización de la provincia a la empresa, no se le ha autorizado el predio donde se ubican los baños termales, otrora sumamente aprovechados por chilenos y en menor medida por argentinos.
El municipio de Malargüe está realizando una presentación formal para que ese terreno pase a su órbita y en el futuro pueda realizarse algún tipo de explotación que ofrezca servicios a quienes deseen beneficiarse con el poder curativo de esas termas.
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