El gobernador, Rodolfo Suarez informó a través de su cuenta de Twitter que el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, dará curso al pedido de laudo que realizó la provincia por la obra hidroeléctrica, Portezuelo del Viento.
«Me acaba de notificar el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, quien además es el presidente del Consejo de Gobierno del COIRCO, que da curso a nuestro pedido de laudo y lo remite a Presidencia de la Nación, para obtener el laudo arbitral», informó.
El 21 de febrero Suarez había pedido la intervención del presidente Alberto Fernández para que defina el futuro de la obra, que ya fue licitada.
«Se hace saber a las cinco provincias integrantes de la cuenca que, en el plazo previsto en las normas estatutarias, se elevarán los antecedentes a consideración del Presidente de la Nación, para lo cual, en resguardo del principio de debido proceso y conforme los precedentes administrativos en materia arbitral del ente, se las convoca a que realicen las presentaciones y acompañen la documentación que consideren pertinentes respecto a su posición en el asunto que nos ocupa en el plazo de quince días hábiles administrativos», expresa el escrito.
Sin embargo, no hay precisiones sobre la fecha en la que se conocerá la decisión de Fernández sobre la viabilidad de los estudios de impacto ambiental ya hechos sobre Portezuelo del Viento. Lo que plantea la nota del ministro del Interior es que los gobernadores tendrán 15 días hábiles para presentar documentación a favor o en contra de la obra.
«Más allá de cualquier cuestión procedimental, destaco que urge resolver este conflicto atento a la necesidad de comenzar con las obras que traen empleo, energía y desarrollo, sumado a la importancia de no tener esos fondos inmovilizados», había dicho Suarez, quien se había reunido con los legisladores nacionales del peronismo para pedirle al Presidente por Portezuelo del viento.
Lo importante es que se comenzó a transitar el camino para definir cuál será el destino de los 1023 millones de dólares que la Provincia está recibiendo en cuotas de la Nación, como resarcimiento del IVA no cobrado, por efecto del régimen de promoción industrial en las provincias vecinas a Mendoza impuesto por el menemato de los ‘90.
Ya se conoce que Suarez ató al resultado de ese arbitraje del presidente Alberto Fernández a lo que hará con ese bolsón de plata. El plan primigenio es cumplir con Portezuelo y eso se daría con una opinión presidencial a favor de Mendoza. Es decir que el jefe de La Rosada diga: sí, Mendoza tiene razón y no hace falta hacer un estudio de impacto ambiental en toda la cuenca del río Colorado como lo exige La Pampa apoyada por Río Negro, Neuquén y Buenos Aires.
Aunque el gobernador no descarta la otra salida. La de reformular todo si Fernández rechaza el planteo y contrariamente, termine inclinándose por la postura pampeana. Precisamente, el rechazo presidencial es a lo que apuesta la provincia patagónica.
Los portales pampeanos anunciaban que el gobernador Sergio Ziliotto planteará el rechazo del pedido de Mendoza por considerarlo «extemporáneo», ya que según la mirada del gobernador pampeano, Suarez dejó pasar un año para pedir el laudo presidencial, es decir que para Ziliotto se vencieron los plazos fijados por el reglamento del COIRCO.
Las especulaciones pampeanas se deslizaron al punto que ya dan por caído a PDV porque, invocando fuentes del gobierno central, dan por hecho que el presidente se ladeará por el rechazo dándole la razón a La Pampa. El gobierno patagónico quiere que Fernández falle en contra de Mendoza, ya sea por haber presentado a destiempo el pedido de laudo o porque considera que nuestra provincia debe hacer un nuevo estudio de impacto ambiental en todo el recorrido del Colorado y sus afluentes.
Si aún, así fuera, si se cumplieran las profecías pampeanas, ya Suarez comenzaría el proceso de definir otro proyecto (o varios) que cumplan con la premisa del acuerdo firmado con la Nación que fija que ese dinero debe ser para pagar obras de proyectos hidroenergéticos. O bien intentar reformar con una enmienda el convenio y ampliar el abanico de posibilidades de inversión para obras hídricas y/o energéticas.
A la vez no hay que olvidar que este trámite en marcha le da tiempo a las entidades y al mismo intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda a intentar conmover al presidente con una carta donde se explica lo fundamental que significa para el departamento la obra. Esta acción de buen lobby se concretará próximamente y el mensajero elegido para entregarle la misiva a Fernández es el diputado nacional peronista Adolfo Bermejo.
Fuente: Mendoza Post
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