Si el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, cree que es un riesgo que el presidente Alberto Fernández haya aceptado el pedido de laudo por Portezuelo del Viento (PDV), entonces tiene razón, porque de ser favorable ese arbitraje para Mendoza, la obra se adjudicará inmediatamente y la provincia patagónica no podrá frenarla.

Esa es la conclusión que llegan los colaboradores del gobernador Rodolfo Suarez como el ministro de Infraestructura Mario Isgró quien es uno de los protagonistas del conflicto porque representa a nuestra provincia dentro del COIRCO (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) donde se discute el destino del proyecto hidroeléctrico planeado sobre río Grande en territorio de Malargüe.

Lo notable es que ni bien se conoció que la Presidencia de la Nación había accedido al pedido de arbitraje, entonces sobrevino una acción judicial de La Pampa reclamando el caudal de 3,2 metros cúbicos por segundo del río Atuel, basado en el fallo de la Corte nacional del 16 de julio de 2020.

Fue como una reacción pampeana al impacto que sintió el gobierno de Ziliotto con lo ocurrido con Portezuelo.

El Atuel, el otro plan pampeano

En definitiva, con una mirada política, La Pampa ahora se concentra en el cumplimiento del fallo de la Corte que determina la provisión de agua del Atuel a la provincia patagónica (mediante obras planeadas en conjunto entre las provincias y la Nación). Esta acción judicial se da concomitante a la presunción creciente de que no pueda frenar el avance de la concreción de PDV sobre el río Grande.

El planteo de la fiscal de Estado pampeana, Romina Schmidt, es fuerte y extremo porque según sus declaraciones al diario La Arena planea lo siguiente: si la Corte le diera lugar a su reclamo, y sin esperar concretar las obras fijadas por el fallo, habría que avanzar en la intervención judicial del Departamento General de Irrigación (DGI) de Mendoza para que libere el agua de los reservorios que administra como del embalse de los Nihuiles al cauce del Atuel hasta tener los 3,2 metros cúbicos por segundo fijados como mínimo por el fallo de la Corte.

Si la Corte le da la razón a la cautelar ambiental, dice Schmidt: «La Pampa quedaría en condiciones de exigir la ejecución de sentencia. Debemos esperar y analizar distintos caminos, pero una buena opción sería pedir la intervención del Departamento de Irrigación de Mendoza, para garantizar el cumplimiento del fallo mediante la gestión compartida del recurso hídrico».

Desde este lado del Atuel

Este es el tuit del gobernador de hace 20 meses cuando anunció el fallo de la Corte nacional donde se ordena qué hacer para garantizar el caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo.

· Gota a gota. «Todo río que sea afluente del Desaguadero, La Pampa reclama que no tiene que ser intervenido. En el caso del Atuel reclaman los 3,2 metros cúbicos por segundo en la embocadura al llegar a La Pampa. Estamos cumpliendo con lo que ordenó la Corte que es hacer con la provincia vecina y la Nación el estudio de obras que permitan erogar esa cantidad de agua».

· Sequedad. «El caudal se incrementa por cuestiones climáticas, o sea que nieve más, algo que no está ocurriendo y lo otro es eficientizar el uso de río a través del riego y hacer obras de impermeabilización en los lugares donde el agua se filtra por la porosidad del suelo».

· Filosofía de la sed. «La Pampa hace esta interposición judicial dentro de una que ya había presentado. Lo que están haciendo es aplicar una filosofía que es pelear todo lo que tenga que ver con el agua». 

Como se ve las posiciones se atomizan un poco más. La Pampa salió de su quietud por lo que puede considerar una amenaza el pronunciamiento presidencial sobre PDV. Demostró con este planteo «ambiental» que tiene toda una estrategia judicial para limitar las políticas hídricas de Mendoza en ríos interprovinciales. 

En realidad su agresiva política «invasiva» hacia instituciones de Mendoza genera un clima tenso que solo tiene espacio de resolución en los tribunales federales. Desde ese aspecto La Pampa sigue teniendo el espíritu de «territorio nacional» porque su posición depende de los fueros concentrados en Buenos Aires y no acepta negociaciones interprovinciales.

Además, el COIRCO tampoco da respuestas inteligentes a conflictos originados en proyectos necesarios como una represa hidroeléctrica o resoluciones imprescindibles como es el fenómeno de la sequía. Por eso La Pampa siempre toma el atajo de la Corte nacional.

Por Jorge Fernández Rojas, Periodista/Analista. Fuente: Mendoza Post.

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