El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el senador Alfredo Cornejo y la diputada nacional Jimena Latorre, presentaron un ambicioso proyecto que pretende modificar el viejo régimen del Registro del Automotor que tiene más de 60 años, y hacerlo más barato, simple, ágil y transparente para los usuarios.

“Proponemos modificar un sistema complejo y enmarañado para que sea ágil y transparente”, comenzó contando Latorre y amplió: “En nuestro país el servicio registral es un servicio público de gestión privada; que ha invertido poco en modernización y eficiencia y ha recaudado muchísimo».

«A lo largo de décadas ha generado una serie de negocios paralelos que sólo incrementaron los costos de los trámites en beneficio de algunos sectores sin brindarle mejores servicios a los usuarios», remarcó la legisladora para graficar el negocio que supone hoy controlar alguno de esos registros del automotor y cómo históricamente se han convertido en «cajas de la política».

Lo que pretenden los legisladores radicales es la digitalización y virtualización completa del proceso de registración, lo que en teoría disminuirá los costos operativos y lo que se traducirá en menores tasas para los usuarios. Para eso se creará una Plataforma Única Registral del Automotor- PURA-, donde se generarán los documentos y expedientes electrónicos.

Un cambio importante

«Cuando los servicios públicos dejan de ser eficientes y se convierten en cajas de unos pocos, la forma más efectiva para transformarlos en negocios poco atractivos es llevando transparencia y control al funcionamiento del sistema”, explicó Cornejo.

«Si los encargados del Registro tienen vocación pública continuarán en sus funciones como calificadores virtuales a cambio de un sueldo; sino dejarán los registros”, disparó Cornejo sobre uno de los cambios en la implementación operativa de su iniciativa.

Si bien desde lo operativo es indiscutible que el hecho de digitalizar y virtualizar los procesos los harán más ágiles y baratos, también es cierto que en el terreno político, modificar el anquilosado régimen del Registro del Automotor parece más complejo justamente porque generan jugosísimos ingresos con los que la casta política supo pagar favores y fidelidades.

Tanto es así, que en el caso de Mendoza en donde hay 52 Registros del Automotor, al menos 11 de ellos tienen vinculación directa con funcionarios y ex funcionarios, y otros tantos son allegados «de tercera línea» de distintos partidos políticos.

Cómo funcionarían y quién administraría los nuevos registros

De acuerdo al proyecto, en la actualidad existen en el país más de 1.500 Registros Seccionales de la Propiedad Automotor que dependen de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La propuesta es cambiar ese esquema, ya que la DNRPA tendrá la función de controlar, fiscalizar y crear el nuevo régimen, y los registros seccionales se irán transfiriendo a las jurisdicciones provinciales, así como las estructuras organizativas necesarias para poner en marcha la digitalización de los registros a través de la Plataforma PURA, que funcionarán en forma conjunta con los Registros de la Propiedad Inmueble.

«Esto se enmarca en un régimen de transición hacia la virtualidad completa, con la transferencia de recursos a esas jurisdicciones para hacer frente a la tarea encomendada», explicaron los legisladores mendocinos.

Al mismo tiempo, dejaron en claro que «no debe afectarse la continuidad del servicio registral ya que también implicaría una afectación al tráfico mercantil y la seguridad jurídica, por tanto, el esquema propuesto prevé un régimen que garantice el funcionamiento actual mientras se trabaja en la transformación hacia un sistema más eficiente».

Qué pasará con los encargados del Registro del Automotor

Ante esta digitalización de estos trámites, una de las principales dudas que surge es qué pasaría con los encargados de esos registros, que en la actualidad perciben un porcentaje de los aranceles que pagan los contribuyentes para financiar también la infraestructura que requieren, esto es contratación de personal y bienes materiales.

«Esos encargados dejan de ser titulares de los registros y pasan a ser funcionarios públicos y van a cobrar un sueldo como tal. Va a trabajar en la órbita del Registro de la Propiedad Inmueble», detalló Latorre y amplió: «La tarea registral es un servicio público a cargo del Estado, por ello debe brindarse a través de funcionarios públicos con funciones y obligaciones claramente definidas y remuneradas».

Por otra parte, del total de los aranceles que se abonan actualmente en los registros sólo el 40% es para el Estado. En tanto, la iniciativa modifica el modo de recaudación para pasar del cobro de aranceles a una tasa retributiva, como es habitual en todo servicio público, y que será del 1% del valor que arroje la operación.

Fuente: Diario Uno.

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