El gobernador Rodolfo Suarez solicitó formalmente al presidente Alberto Fernández «celeridad» en la definición del laudo arbitral por Portezuelo del Viento y que, ante la posibilidad de una decisión desfavorable, se autorice a Mendoza a la construcción de otras obras que permitan ampliar la capacidad productiva, sean o no hídricas.
Asesorado por los doctores Ricardo Canet y Fernando Simón, Fiscal de Estado, Suarez compareció en el proceso de laudo arbitral y presentó los argumentos y antecedentes ante el Presidente, que será árbitro entre Mendoza y el resto de las provincias que componen el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), como La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.
Si bien la construcción de la represa en Malargüe es la prioridad, el Gobierno «abrió el paraguas» ante la posibilidad de un laudo en contra de las intenciones de Mendoza o que implique la necesidad de realizar un nuevo estudio de impacto ambiental, lo que también resultaría desfavorable.
Así, si bien el primer objeto es sostener la vigencia del laudo del presidente Mauricio Macri de fecha 16 de enero de 2018 que falló a favor de Mendoza y admitió el estudio de impacto ambiental presentado por la Provincia; como alternativa se plantea «se autorice la construcción de obras de generación de energía así como las que permitan ampliar la capacidad productiva, optimizando el uso del agua u otras obras que persigan la misma finalidad».
Ello, reza el escrito, «sin perjuicio de hacer reserva de avanzar en la concreción de otras obras hídricas según contempla el Acuerdo vigente» que firmaran Alfredo Cornejo y Mauricio Macri respecto del destino de los U$S 1.023 millones que la Nación comprometió y que está entregando en cuotas según lo acordado.
Para Mendoza, «cualquier decisión contraria a sostener la vigencia del laudo del 2018 torna de imposible ejecución la obra Portezuelo del Viento» y advierte que, de seguir la lógica del desarchivo, entonces «ninguna decisión adoptada por Consejo de Gobierno y laudada quedaría firme» contrariando la seguridad jurídica.
Solicita además el gobernador «celeridad en la emisión del laudo requerido, toda vez que el proyecto Portezuelo del Viento se encuentra en condiciones de ser adjudicado, luego de tramitar un largo proceso licitatorio».
Respecto de las nuevas obras que podrían realizarse con el dinero que ya está en las arcas de la Provincia, desde Casa de Gobierno adelantaron que, de caerse la chance de Portezuelo y ser autorizados a esta ampliación por parte de la Nación, serán aquellas que tienen proyectos avanzados y están en condiciones de ser licitadas, siempre y cuando respondan a la finalidad de crear empleo genuino y ampliar la capacidad productiva de Mendoza.
Los argumentos de Suarez contra los planteos de La Pampa
Frente a la propuesta de La Pampa de realizar un “Estudio de Impacto Ambiente Regional”, Mendoza argumenta que versa sobre materia ya tratada, debatida y consolidada en el seno del Consejo de Gobierno.
Mientras que le recuerda al Presidente que «la discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad, por lo que los titulares de los poderes estatales no pueden convertir a los actos de la Administración en reflejos de caprichos individuales”.
Ante el pedido de La Pampa de que esos nuevos estudios se hagan conforme con la Ley de Obras Hidráulicas de la Nación, Mendoza responde que es inaplicable.
En tanto destaca que la «competencia ambiental es una prerrogativa provincial, y no ha sido encomendada a COIRCO ni al Estado Nacional», mientras que «Portezuelo del Viento es una obra provincial que la Provincia de Mendoza ejecuta dentro de su propio dominio y jurisdicción».
Fuente: Diario Uno.
