El intendente Juan Manuel Ojeda diseña un proyecto de ley que exima a Malargüe de cumplir con la 7.722 y posibilitar el desarrollo de la minería metalífera. Intenta darle aire a las empresas que buscan explotar los recursos de su departamento y guarda con llamativo recelo los pormenores de la norma. Hay preocupación porque los ambientalistas vayan a la Justicia y también porque el intento frene propuestas ya avanzadas, como San Jorge. Además, se desató una guerra de encuestas para demostrar quién tiene la tan declamada licencia social.

Funcionarios de Rodolfo Suarez juran que no lo conocen y algunos de sus propios asesores en el Sur dicen que lo tiene bajo “siete llaves”. Un alto perfil técnico de Casa de Gobierno, y muy conocedor de la materia, afirmó haberse enterado por los medios tras su discurso en el Día de la Minería. Para propios y extraños, el proyecto de Ojeda es un misterio. Lo que aumenta el interés a su alrededor.

Pedirá la zonificación

Se trata de excluir a todo el territorio de Malargüe de los alcances de la ley ambiental sancionada en 2007 y pasar a una nueva era de la actividad. Para elaborarlo, el intendente se contactó con especialistas de Buenos Aires e incluso tiene el apoyo de algunos funcionarios del Gobierno Nacional.

Es más: a mediados de abril, según contaron a este diario, Ojeda mantuvo una videollamada con el ministro Matías Kulfas y la secretaria de Minería de la Nación Fernanda Ávila. Junto al intendente habrían estado su mano derecha Raúl Guevara y algunos empresarios. Afirman que le prometieron fondos de estímulo no retornables, pero para proyectos de primera y segunda categoría: mármol, granito, etcétera. Nada de lo que está prohibido.

Ese vínculo con Buenos Aires está bien encaminado y es determinante para el proyecto. Ése del cual no cuentan demasiado, incluso en jornadas como las de ADN minero de este sábado, donde el jefe comunal tampoco brindó los pormenores del texto. En el medio, interesados en yacimientos como San Jorge (cobre y oro) o Paramillos (plomo, plata y zinc) se preguntan si una zonificación no sepultará para siempre a todo lo que no esté en Malargüe. Y lo plantean.

Sumar otras propuestas y sensibilizar a Mendoza

Algunos privados le sugieren tomar normas anteriores, como una presentada por Alejandro Abraham en 2019, que proponía controles de ONG ambientalistas, y también de Naciones Unidas a través de la oficina especial UNOPS (United Nations Office for Project Services). Algo muy similar a lo que firmó José Luis Gioja para Veladero, Pascua Lama y otros dos yacimientos hace exactamente ocho años, en mayo de 2014.

Una fuente de Casa de Gobierno (que tampoco ha visto el proyecto) aseguró que lo ven “lógico”, pero que no le tienen fe a su aprobación en la Legislatura. El miedo por lo ocurrido en 2019 y el recuerdo de hace meses en Chubut -donde “ambientalistas” quemaron su propio edificio de Gobierno por una ley similar- todavía están muy frescos en la memoria.

Ahí entra el aspecto complementario de la ley: comunicación. Lo ven como una carencia y por eso arman actividades para revertirlo. Entre otras cosas, viajes para que chicos de la escuela minera diserten en el Gran Mendoza y constantes foros de la actividad que se van sucediendo. Este sábado hubo un encuentro en el Sur y el martes habrá otro sobre metalmecánica y minería en el Hyatt, al que vendrá el funcionario nacional Feranando Ciacera.

Ojeda ya anunció que de ser necesario “levantará” al pueblo de Malargüe. Tiene el apoyo de distintas cámaras y organizaciones vecinales. En julio, su proyecto debería ingresar al recinto para tratar –una vez más- de tener minería en Mendoza. Tiene diversos avales, asegura haberlo trabajado por meses y los tiempos parecen haber cambiado, pero igual hay riesgos.

Los peligros de la Justicia y el día después

Incluso entre quienes asesoraron a Ojeda, ven un dejo de inconstitucionalidad en la norma que comenzó a gestarse. Puntualmente porque los recursos no son de las comunas, sino de las provincias (artículo 124 de la Constitución Nacional) y entienden que cualquier utilización de ellos por parte de un municipio debería estar aprobada por los otros 17 y/o por el Gobierno.

Ahí hay un primer escollo. Sentaría un precedente complejo y abriría la puerta a reclamos de departamentos antimineros. Hace algunos días se lo plantearon al intendente, con el pedido expreso de que la norma blindara a los proyectos de las medidas precautorias que pudieran surgir. “Nadie se planteó el día después. ¿Qué pasa si sale la ley? ¿Cómo van a responder las facciones críticas?, anticipan.

Según reconstruyó este diario, los privados le temen más a la acción de un juez (que, con los tiempos de la Justicia en Argentina, podría congelar un proyecto minero por años) que a los reclamos de la gente en la calle, como pasó en 2019. Incluso, empresarios le advirtieron al ejecutivo comunal que, si el reclamo va por la inconstitucionalidad, ni siquiera un plebiscito -idea que Ojeda tiene en la cabeza- podría salvar la minería en el departamento.

Pero no será necesariamente así. Si es aprobada por la Legislatura, algunos juristas ven posible que la zonificación se mantenga, aun ante el asedio de ONG ambientalistas. Es el caso de Alejandro Pérez Hualde, por ejemplo. El ex ministro de la Suprema Corte cree que la política sí tiene las herramientas para establecer –y mantener- excepciones a la ley.

“A esa zonificación no la veo inconstitucional. Todas las reglamentaciones buscan no poner en el mismo sitio a intereses que son distintos. Una cosa es minería en Gualtallary, con uvas de competición en el primer mundo, y otra es hacerlo en Pampa Palauco, donde no hay más que petróleo. No puede existir una misma respuesta para una zona productora que para una desértica. Pero esas categorías deben provenir del consenso, no prefijadas por laboratorio”, dijo ante nuestra consulta. O sea, hay una puerta abierta, que no es poco.

Los planteos que se vienen

Los sectores ambientalistas empezaron a moverse. El clamor minero que se respira en Mendoza desde 2021, reactivado tras el freno a Portezuelo del Viento (fue como una palanca que impulsó a Malargüe a retomar la carga) se tornó uno de los temas centrales en las asambleas. Ya tienen los argumentos con los que podrían acudir a la Legislatura y a los juzgados.

Uno es el principio de no regresividad de la norma. La Ley General de Ambiente (25.675), establece que los objetivos de cuidado deben ser logrados de forma gradual y nunca pueden “proteger menos que en instancias anteriores”, según interpretan los detractores de la minería. En ese aspecto, validado por tratados internacionales como el de Escazú, Costa Rica (2018), basarán gran parte de su defensa a la 7.722

Pero en la opinión pública también se libra esta batalla. En redes sociales, los autoconvocados volvieron a insistir con fundamentos ya empleados cuando Suarez quiso echar a andar la ley 9.209: por ejemplo, el nivel –bajo, según entienden- de dinero que representa la actividad para las provincias que sí la han habilitado. Uno de los ejemplos lo ponen en Catamarca: comparten cálculos donde se devela que las regalías mineras sólo representaron el 0,6% del último presupuesto provincial.

Es cierto: el plan de gastos para la administración del gobernador Jalil es de $201.512.946.139 en 2022, mientras que las estimaciones de su propio Ministerio de Minería publicaron ingresos por $1.030.800.412 en el período 2020-2021. La respuesta es que no alcanza siquiera a ser el 0.6%. Quizás sería más correcto compararlo con el presupuesto del 2021 (poco más que la mitad del actual). En ese caso, la cuenta dice que los recursos mineros son el 0,93% del gasto.

Pero hay un planteo más. El secretario de Recursos Hídricos pampeano Néstor Lastiri ya avisó que daría curso al Coirco y a la Justicia si Malargüe avanzaba en sus intenciones mineras. Como si fuera un “déjà vu” de Portezuelo, el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado podría plantar bandera y volver a frenarlo todo, porque el agua de Malargüe no es sólo de Mendoza –entienden-, sino de toda la cuenca.

Plebiscito y licencia social

Por último, Ojeda piensa en un plebiscito que zanje de una vez por todas la discusión sobre la licencia social para hacer minería. A Suarez le consultaron esta semana por esa posibilidad y respondió que “en Malargüe, saldría 100 a 0” (a favor de la explotación). Antes de escucharlo, sectores ambientalistas ya trabajaban en una campaña que podría contradecir sus dichos.

Están haciendo encuestas telefónicas. No es la primera vez que buscan cuantificar el rechazo o la aceptación a la minería, pero ahora las han focalizado en Malargüe, justamente donde está el quid de la discusión actual. La pregunta más concreta es la siguiente:

“¿Si pudiera obtener dinero de otra fuente, que no sea la megaminería, lo preferiría?”

Es claro. Entienden que la situación económica lleva a inclinarse por más desarrollo económico y que, en ese contexto, la gente irá contra las leyes que frenan actividades. Por eso el cuestionario sugiere entender la necesidad, pero ofreciendo solucionarla por otro lado. Antes de lo ocurrido en 2019, una consultora porteña se acercó a los ambientalistas de Oikos y ofreció mediciones. Según sus miembros, hasta en el Sur había un 40% de rechazo a la minería metalífera. Podrían volver a trabajar juntos.

«No pudo ser. No obstante, espero que la conciencia de nuestra finitud y los fanatismos absurdos no nos impidan pensar, planificar y ejecutar las obras para beneficio de las generaciones venideras», dijo Suarez el pasado 1 de mayo sobre el fallido intento de rehabilitar la mineria metalífera.

Otra consultora de Mendoza aportó sus datos. Durante la campaña a gobernador de Suarez, midieron el apoyo de los mendocinos a la actividad, ya que era parte de su discurso político. Arrojó casi un 60% de respaldo, pero cuando se desataron las manifestaciones en las calles y en los medios de comunicación, “la gente se dio vuelta como una media, y ese aval bajó casi a la mitad. Después, volvió a subir”, contaron.

La batalla por demostrar quién tiene la licencia social no termina ahí. La intención de los malargüinos es movilizarse en caravanas al Gran Mendoza para concientizar sobre las bondades y ganancias que ofrece el sector. Sondean la posibilidad de llevar a alumnos y especialistas e, incluso, pensaron en plotear un colectivo para hacer más visible el mensaje. “Pero tenemos miedo de que los hagan mierda en el Valle de Uco”, aportó uno de los involucrados. “Por las dudas, creo que sólo vamos a hacer banderas”.

La política tiene ante sí tres grandes frentes: fortalecer las chances de recuperar la actividad con un proyecto sólido; sensibilizar a más de un millón de personas para ganarse su confianza en que habrá controles reales y concretos; y proponer un debate respetuoso con los sectores ambientalistas, que de buena fe, sólo defienden derechos a los que entienden vulnerados.

Todo eso lo tiene que hacer, casi en soledad, un intendente.

Por ahora son sólo él y ese proyecto al que guarda bajo siete llaves.

Fuente: Diario Uno.

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