El Consejo Empresario Mendocino (CEM) presidido por Eduardo Pulenta realizó un informe sobre el desafío de la competitividad y el desarrollo, como temas estratégicos para Argentina y para Mendoza. El estudio está alineado con su misión de «realizar propuestas que posibiliten el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad mendocina en su conjunto».
El trabajo está organizado en tres partes. La primera presenta, a modo de diagnóstico, la evolución de variables económicas y socio-económicas relevantes cuando se abordan temas de competitividad y desarrollo. Posteriormente, y a través del análisis de rankings mundiales de competitividad, analiza los niveles de competitividad de Argentina, y de Argentina en relación a América Latina y al mundo.
Y para finalizar, hace foco en algunos pilares de competitividad, entre ellos la estabilidad macroeconómica y, particularmente en el orden fiscal, entendiendo que la eficiencia y eficacia del gasto público y una carga impositiva razonable que el sector privado pueda pagar sin ahogarse. «Son factores importantes que afectan positivamente la competitividad de las empresas y del sector privado del país y la provincia, y en su capacidad para crecer, producir más, competir en otros mercados y crear empleo, todo lo cual es necesario para reducir la pobreza», indica.
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La economía argentina no está funcionando bien. Es una economía estancada, con inflación crónica y en aumento, y con poca capacidad para crear empleo privado formal de calidad, en un contexto en el que el sector público ha crecido, restando participación al sector privado. En los últimos 10 años la economía argentina (también la mendocina) se redujo un 3% en términos reales. La consecuencia sobre el ingreso por habitante es directa, y se refleja en los crecientes niveles de pobreza, que rozan o superan el 40% en el caso del país y de Mendoza respectivamente.
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La competitividad es un concepto clave vinculado al desarrollo humano. A mayor competitividad, mayores son los niveles de ingreso por habitante de un país, de bienestar de sus ciudadanos y también de desarrollo humano. Una economía competitiva es una economía productiva. Los países que desean brindar mayor bienestar y más oportunidades a sus ciudadanos deben alcanzar mayores niveles de productividad y de competitividad. La productividad es el principal factor generador de crecimiento y conduce a elevados niveles de ingreso per cápita, estrechamente relacionados con el bienestar humano. Esto define una relación causal y virtuosa entre los factores de competitividad y el nivel de prosperidad de los países. Por ello, los países deben abocarse a aumentar su competitividad sistémica trabajando, con una mirada de mediano y largo plazo, sobre los factores que indicen sobre ella. La mejora permanente de la competitividad debe ser una política de estado abarcativa de todas las demás políticas públicas.
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Dado que las mejoras de competitividad requieren de políticas y acciones cuyos beneficios toman tiempo en materializarse, este enfoque implica un cambio cultural profundo que pone el foco en el mediano y largo plazo y por lo tanto, en la necesidad de establecer políticas de Estado consensuadas, cuyos resultados trascienden a una gestión de gobierno específica. Esto es, trabajar en la competitividad requiere que los gobiernos y el sector privado tomen decisiones cuyos resultados, en muchos casos, serán capitalizados por generaciones futuras.
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La competitividad de la economía argentina y, por tanto, de la economía mendocina es baja, tanto a nivel mundial como a nivel regional. Argentina se ubica en el puesto 83 de 141 países en el último ranking de competitividad global del Foro Económico Mundial que data de 2019, y en el puesto 62 de 63 países en el ranking mundial de competitividad publicado por el Institute for Management Development (IMD), publicado días atrás. Un análisis detallado nos permite observar que nuestro país obtiene sus mejores calificaciones en pilares tales como habilidades para el trabajo (vinculado a educación), tamaño de mercado, salud y capacidad para innovar, en tanto que registra sus peores desempeños en estabilidad macroeconómica, en funcionamiento de mercados de productos, del mercado laboral y del sistema financiero, e instituciones.
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América del Sur es la región menos competitiva del mundo, y Chile es el país más competitivo de América Latina, seguido por México. Argentina es la menos competitiva entre las 5 economías más grandes de la región, por detrás de los mencionados y de Colombia y Brasil.
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Una de las conclusiones claras del análisis de los rankings de competitividad es que, siendo la estabilidad macroeconómica uno de los pilares básicos de competitividad, la carencia de orden macroeconómico constituye uno de los principales problemas que debe encarar Argentina para ser más competitiva y próspera. Las consecuencias de una macro sin objetivos están a la vista. En Argentina, el orden macroeconómico comienza por el orden fiscal y la reconstrucción de la confianza en la moneda.
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En la última década el ingreso por habitante aumentó en el mundo. En las economías más avanzadas aumentó a un ritmo promedio del 1,1% anual; en las economías en desarrollo lo hizo al 2,6%. A contramano del mundo, y peor que Latinoamérica, Argentina redujo su ingreso real por habitante a un ritmo de 1,6% anual.
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Argentina no genera empleo asalariado registrado privado desde hace diez años. A nivel nacional, mientras que la cantidad de empleados asalariados privados cayó 1,2% en la última década, la planta de empleados asalariados públicos se incrementó un 31% desde 2012. En Mendoza, el empleo asalariado privado registrado se mantuvo estancado en torno de los 234.000 puestos de trabajo mientras que el empleo público provincial creció un 7% y el empleo municipal aumentó un 13% en la última década. En ese contexto se destruyeron empresas: la cantidad de empresas registradas se redujo 7,5% entre julio de 2011 y julio de 2021. Cabe mencionar que más de la mitad del nuevo empleo generado en los últimos 10 años a nivel nacional se creó en el sector público y la participación de los asalariados privados en el total del empleo registrado se redujo del 56% al 48% mientras que la de los asalariados públicos creció del 23 al 27%.
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En los últimos 15 años, el sector público consolidado creció del 30% al 44% del PIB -sin un correlato equivalente en cantidad, calidad y cobertura de servicios – hipertrofiándose y ahogando al sector privado con más impuestos, con una maraña regulatoria creciente, con un gasto público ineficiente y compitiendo con el sector privado por el escaso financiamiento interno disponible, contribuyendo a deteriorar la competitividad de nuestra economía.
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La presión tributaria de nuestro país es una de las más elevadas de América Latina, ubicándose bien por encima del promedio. Así, la presión impositiva de Argentina alcanzó el 29,4% del PIB en 2020, mientras que la de América Latina se ubicó en el 21,9%. En el período 2004-2020 Argentina incrementó la presión tributaria +4,7 p.p., más que el promedio LATAM. El Vademécum tributario 2022 del IARAF cuenta 165 impuestos y tasas entre los tres niveles de gobierno, una maraña que atenta contra la producción, máxime cuando los 12 impuestos más significativos en monto representan el 91% de la recaudación. Argentina lidera también en carga tributaria sobre empresas (106% de sus beneficios) y en impuestos sobre el trabajo, con una cuña fiscal cercana al 35%. Asimismo, la participación de los impuestos distorsivos aumentó más de 3 veces en 20 años, del 2,5% al 8,8% del PIB.
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La readecuación del tamaño y estructura del Estado, en sus tres niveles, es un aporte impostergable del sector público a la competitividad sistémica de Argentina. El Estado debería tener un tamaño razonable y financiable por el sector privado, a efectos de cumplir con sus funciones indelegables y promover la competitividad, enfocándose en la eficiencia y eficacia del gasto, y en la razonabilidad de la carga tributaria y de deuda, para que el sector privado pueda producir más, crecer, exportar más y generar empleo de calidad. Es clave simplificar el sistema impositivo actual, logrando que sea menos distorsivo y menos regresivo, impulsando la disminución de alícuotas y la formalidad tributaria.
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En Mendoza, el ordenamiento fiscal iniciado en 2016, la racionalización del gasto público y la disminución de la presión tributaria provincial constituyen un aporte del Estado provincial a la competitividad local, aspecto en el que se debe seguir trabajando.
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Es necesario fomentar la creación de empleo privado registrado, reduciendo las cargas fiscales sobre el trabajo, sean tributarias o no tributarias, e impulsando el cambio de planes sociales por empleos registrados. El IERAL – Fundación Mediterránea realizó para el Consejo Empresario Mendocino un estudio que propone reducir las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos a cambio de generación de empleo formal.
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