La provincia de Mendoza recibió el duodécimo desembolso de fondos, por más de US$ 50 millones, para construir la presa Portezuelo del viento.
Con esta transferencia, la Provincia acumula más de US$ 472 millones en el fideicomiso constituido para la construcción de la central hidroeléctrica y obras anexas.
El Gobierno nacional transfirió en la víspera los fondos correspondientes a la duodécima cuota del cronograma de amortizaciones fijado para la construcción de la presa hidroeléctrica multipropósito Portezuelo del Viento, en Malargüe.
El depósito que ingresó a las arcas provinciales fue de US$ 50.082.463, de un total de U$S 1.023.362.922 que le corresponde legítimamente recibir a Mendoza, en pagos trimestrales, hasta octubre de 2024.
El próximo vencimiento de la letra del Tesoro emitida por el Gobierno nacional se producirá el 28 de octubre, fecha en la que se haría efectivo el decimotercer pago de 2022, por US$ 57.594.190.
Suarez planea presentarse en la Justicia si no hay respuesta por Portezuelo
Los asesores del gobernador ya piensan en una estrategia judicial si no hay respuesta al pedido de laudo presidencial. El 22 de agosto vence el plazo para que Alberto Fernández dé su veredicto sobre la viabilidad de la obra y, de seguir sin un fallo, insistirán por esa vía.
Lo que se planea es un amparo por mora de la Administración, según fuentes cercanas. Un procedimiento que manifiesta que, ante el silencio o la inacción de efectores públicos, el Poder Judicial pueda emitir una orden concreta de resolución y un -nuevo- plazo límite para llevarlo a cabo. Con eso cuentan en la provincia si es que vuelven a quedarse esperando la palabra oficial. Además, ya están listos para pedir otro pronto despacho.
El amparo por mora está fundado en las leyes 16.986 y 19.549. La primera de ellas reza que puede usarse «contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, garantías reconocidas por la Constitución Nacional».
Significa que ahora Mendoza tendría la fuerza de un juez respaldando la solicitud, pero en términos generales sería muy similar al pronto despacho que ya se presentó a finales del año pasado. Como se sabe, aquel intento de los funcionarios mendocinos terminó desestimado por el Presidente, ya que estaba «mal pedido» el laudo y por lo tanto no corría ningún plazo (según manifestó el Ministerio del Interior, pero desmienten en la provincia).
«La vía administrativa también está, pero se suma a la judicial. Son dos estrategias que se están trabajando sólo en caso de que el 22 no haya resolución. Antes de eso no se puede hacer nada, porque hay que ser respetuosos de los plazos legales», dicen en el Gabinete. Lo que explican es que ninguno de los caminos está decidido hasta que no llegue la fecha estipulada. Durante los poco más de veinte días que quedan, la Casa Rosada puede ofrecer una sorpresa.
Estrategias en medio de la espera
En Casa de Gobierno nadie da una explicación certera de por qué se demora el fallo. Tampoco lo ha explicado el propio Fernández, quien hace casi tres meses anticipó su postura contra los intereses del Ejecutivo local. Sin embargo, más allá de todas esas expresiones públicas, y de que Suarez y Fernández ya tuvieron un careo en Casa Rosada, el laudo no aparece; y en Mendoza se impacientan cada vez más.
Por eso el lunes 18 al atardecer hubo un encuentro entre el gobernador y algunos funcionarios, con la presencia de al menos dos ministros. El encuentro no trascendió demasiado, pero tuvo a Portezuelo del Viento como uno de los temas que pusieron sobre la mesa. Específicamente se habló del destino de los fondos, que, congelados como están en el fideicomiso, pierden valor a una velocidad inédita por la inflación en dólares.
Allí resurgió la alternativa de volver a pedir el pronto despacho liso y llano, tal como se empleó aquella vez. Hace una semana, Suarez anunció explícitamente que su equipo trabajaba en ese sentido: «Si no ocurre el laudo antes de esa fecha (el plazo límite de agosto), vamos a pedir un pronto despacho. Si el Presidente falla como dijo, haciendo un estudio de impacto ambiental, que es como decirnos que no porque demoraría años, que nos lo diga rápido», sentenció.
El oficialismo decidió esperar la respuesta. Incluso ha habido reuniones del Coirco de las que el propio gobernador participó, y a las que no volvieron a llevarse reclamos por este tema. Algo que explica esa cautelosa conducta es que no sólo se aguarda por un sí o un no, sino que también están latentes preguntas más profundas: cómo se puede usar el dinero, y para qué.
Es que el Gobierno necesita que les digan si van a poder hacer otro tipo de proyectos, en lugar de tener que quedarse sólo en los de carácter hidroeléctrico. Esto se pidió a través de documentos y cartas oficiales que llevaron el apoyo de los asesores técnicos de calle Peltier. «Permitir obras para crear energía (y/o) ampliar la capacidad productiva; sin perjuicio (aclararon) de avanzar en obras hídricas». En esos términos fue solicitado. Como todo lo que tenga que ver con los 1.023 millones de dólares, la respuesta sigue pendiente.
Nota con información de Prensa gobierno de Mendoza y diario Uno.
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