El 22 de agosto vence el plazo para que Alberto Fernández resuelva el laudo presidencial que determinará el futuro de Portezuelo del viento, la represa proyectada en el río Grande.

Si bien el presidente Alberto Fernández adelantó meses atrás su rechazo al avance de la obra, la determinación aún no es oficial. Desde el Ejecutivo provincial destacan que la fecha límite para el laudo presidencial es el 22 de agosto y están preparando un reclamo por vía administrativa o judicial, en caso de que no se cumpla.

El objetivo del gobernador Rodolfo Suarez es que se formalice la decisión del mandatario nacional para definir el destino de los 1.023 millones de dólares apuntados originalmente para financiar la represa en Malargüe.

El último jueves las arcas provinciales recibieron el desembolso de U$S 50.082.463 correspondientes a la duodécima cuota del convenio firmado entre Mendoza y el Gobierno nacional por los perjuicios de la Promoción Industrial en la provincia.

La Nación ya ha enviado U$S 472.432.623 de los U$S 1.023.362.922 que se terminarán de pagar en octubre de 2024. Es decir que la Provincia ya cuenta con el 46% de estos recursos, pero todavía no ha comenzado la ejecución de ninguna obra con ellos. 

El convenio establecía que los fondos inicialmente iban a ser utilizados para la construcción de la represa hidroeléctrica de Portezuelo del Viento, pero la oposición de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) frenó el avance del proyecto y Mendoza solicitó un laudo presidencial para que se defina el futuro del obra.

A comienzos de mayo el presidente Alberto Fernández adelantó que solicitará un nuevo estudio de impacto ambiental, lo que en la práctica sepulta las posibilidades de que el proyecto se concrete en el corto o mediano plazo.

El pasado 2 de junio Suarez se reunió con Fernández en la Casa Rosada y le pidió celeridad en la resolución del laudo para tener certidumbre sobre el futuro de Portezuelo del Viento y sobre el destino de los fondos asignados en un principio a la obra.

Sin embargo, el laudo presidencial todavía no se ha oficializado, pese a los constantes reclamos de celeridad del gobierno mendocino. En este sentido, desde el gabinete de Suarez advierten que dentro de unas tres semanas vencerá plazo definitivo para que Fernández resuelva. Y ante el eventual caso de que esto no suceda, analizan la presentación de un pronto despacho por vía administrativa o un amparo por mora ante la Justicia Federal.

Fecha límite

La fecha crucial que señalan, conforme al estatuto y el reglamento del COIRCO, es el 22 de agosto. Advierten que para ese día ya se han vencido todos los plazos y prórrogas posibles para dictar el laudo presidencial.

Desde la Casa de Gobierno sostienen que solicitaron en tiempo y forma el arbitrio del presidente en el seno del COIRCO tras la disputa con el resto de las provincias integrantes. Destacaron que en diciembre de 2021 el gobernador presentó un pedido de pronto despacho y que cumplió con todos los pasos para que se activara este mecanismo de resolución de controversias en el organismo interjurisdiccional.

Desde el Gobierno provincial destacan que llevaron a la Casa Rosada toda la documentación con los fundamentos de la postura mendocina que sostienen que Portezuelo del Viento cuenta con el aval para concretarse. Asimismo, subrayan que los antecedentes del proyecto son los mismos que tuvo a su disposición el expresidente Mauricio Macri cuando laudó a favor de la obra en 2018.

Los escenarios posibles

Uno de los posibles escenarios que se representa Mendoza es que Fernández no laude antes del vencimiento del plazo. Ante esta eventualidad, el Gobierno provincial está analizando distintas alternativas para emplazar a la Presidencia para que dicte el arbitrio. Una de las posibilidades que se está evaluando sería presentar un pronto despacho a través de un procedimiento administrativo.

Sin embargo, el equipo de Suarez no descarta la judicialización del tema. Otra de las alternativas que se encuentra en estudio es la presentación de un amparo por mora ante la Justicia Federal. Según explicaron desde el gabinete se trata de una acción judicial en la que se plantea que hay un plazo vencido y se le pide a la Justicia que intime a quien tiene que resolver y no lo hizo en tiempo, a que lo haga.

Otra circunstancia que se puede presentar es que el presidente finalmente laude en las próximas semanas. Ante esta determinación también se presentan distintos escenarios. Uno de ellos sería un laudo a favor del planteo de Mendoza, algo que está prácticamente descartado teniendo en cuenta las declaraciones realizadas por el jefe de Estado durante su última visita a La Pampa.

Por otro lado, el laudo podría ser directamente en contra de que se haga Portezuelo del Viento o que se ordene un nuevo estudio de impacto ambiental para que se pueda avanzar con el proyecto. Esta última determinación es considerada por el Gobierno de Mendoza como un rechazo a la obra. “Vamos a estar dos o tres años más para hacer el nuevo estudio de impacto ambiental y vamos a volver a la discusión en el COIRCO donde, frente a la oposición de una provincia, vamos a entrar otra vez en un procedimiento de laudo. Eso es un no a Portezuelo”, sostienen desde el entorno de Suarez.

Teniendo en cuenta que Fernández adelantó meses atrás que se inclinaría por esta decisión, el Ejecutivo provincial presentó un pedido al presidente para que habilite a la Provincia a poder destinar parte de los 1023 millones de dólares a otras obras.

Actualmente, el convenio firmado entre Mendoza y Nación por la compensación de los perjuicios de la Promoción Industrial tiene una cláusula que establece que los recursos solamente pueden destinarse a Portezuelo del Viento u otras obras hídricas de generación de energía.

El mandatario mendocino pretende que ante un laudo adverso para la construcción de la represa proyectada en Malargüe se destraben esos fondos para otras obras hídricas, de energía y que permitan ampliar la capacidad productiva de la provincia.

“Si va a ir por ese lado, nosotros pedimos que, además de las obras que ya están habilitadas por el convenio, se permita utilizar ese dinero para otras obras. Pero no cualquier obra, sino de energía y de desarrollo productivo”, explicaron desde la Casa de Gobierno.

En este sentido, el gabinete ya viene analizando algunas alternativas como el proyecto hidroeléctrico El Baqueano, en San Rafael, o la represa Uspallata, en Las Heras. Asimismo, también está en carpeta un Máster Plan de obras hídricas elaborado por el Departamento General de Irrigación.

Sin embargo, los potenciales “Plan B” o “Plan C” recién tomarán forma cuando se conozca el laudo. Incluso el gobernador advirtió que su intención es consultar a todos los sectores de la sociedad mendocina sobre el destino de estos recursos disponibles que por ahora están intactos.

Esta situación genera un perjuicio a la Provincia debido a que los fondos se encuentran en un fideicomiso y ante un contexto internacional de inflación en dólares están perdiendo valor. “Es un daño colateral, ajeno a la provincia y producto de la omisión de la Nación de definir el tema”, sentenciaron desde el Gobierno local.

Fuente: Mdzol.

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