La dilatada espera por Portezuelo del Viento se agotó. Hoy vence el plazo que tenía el presidente Alberto Fernández para decidir cuál es el futuro de la megapresa de Malargüe, y en Casa de Gobierno nadie se ilusionan con que esa definición vaya a beneficiar a la obra mendocina.
Los dos escenarios que vislumbran son negativos: que el presidente deje pasar el plazo sin laudar, o que confirme oficialmente lo que ya adelantó en mayo pasado en La Pampa, que avalará un nuevo pedido de impacto ambiental, lo que será sepultar la obra por varios años más.
Ante esas posibilidades Rodolfo Suarez y sus asesores legales ya despliegan las respuestas de Mendoza, aunque fiel al estilo suarístico prefirieron no dar detalles, hasta no tener confirmada la decisión presidencial.
Hay quienes se inclinan por continuar con el reclamo administrativo de la definición Alberto Fernández y volver a presentar un pronto despacho, algo que Suarez ya hizo en diciembre pasado y que fue desestimado porque la Nación interpretó que estaba mal presentado el pedido de laudo arbitral, algo que en Mendoza desmienten una y otra vez; y están los más confrontativos que le aconsejan al gobernador judicializarlo, dar por terminada la negociación política, y que sea el Poder Judicial quien ahora le fije al presidente un plazo para arbitrar que no pueda eludir.
Los caminos judiciales que podría tomar Suarez para pedir Portezuelo del Viento
Si Alberto Fernández optara por el silencio, desoyendo el plazo para laudar al que se llegó interpretando el reglamento del COIRCO, el gobernador podría tomar la decisión de presentar un amparo por mora de la Administración ante la Justicia Federal.
Este procedimiento supone que, ante el silencio o la inacción de efectores públicos, el Poder Judicial pueda emitir una orden concreta de resolución y un -nuevo- plazo límite para llevarlo a cabo.
El amparo por mora está fundado en las leyes 16.986 y 19.549. La primera de ellas reza que puede usarse «contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, garantías reconocidas por la Constitución Nacional».
Quienes le aconsejan a Suarez ir por este camino, entienden que ya se cumplió el paso previo de haber presentado el pronto despacho y que sería el camino más concreto para forzar el esperado laudo presidencia.
Otra vía es llevar el reclamo a la Suprema Corte de la Nación y que sea el máximo tribunal quien le imponga al Ejecutivo que arbitre y defina así qué hacer con Portezuelo del Viento.
Fuente: Diario Uno
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