El centro de esquí El Azufre, sigue en el foco de la escena. Es que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) presentó una demanda en el juzgado federal de San Rafael para pedir su desalojo, al denunciar que fue montado ilegalmente en tierras que le pertenecen a la Nación.
En su denuncia, la AABE sostuvo que “se efectuó una asignación gratuita de las tierras por parte de la provincia que no son de su titularidad excediendo sus competencias, prescindiendo del proceso licitatorio correspondiente” y añadieron que “el Estado nacional, como titular de dominio de las tierras, resulta afectado en sus intereses patrimoniales”.
El organismo pide cumplir las leyes 17.091, que establece la restitución de inmuebles fiscales cedidos, y 21.900, ya que se trata de un espacio de frontera.
También aseguraron que “la ocupación del inmueble se sustenta en un acto ilegítimo de la Provincia de Mendoza –no del Estado Nacional- que en modo alguno puede fundar una ocupación legitima sobre un inmueble que no es de su propiedad, más aún cuando el titular dominial, en este caso el Estado Nacional, ha manifestado expresamente su oposición”.
“La solución es el desalojo, es una medida sencilla. Ante la ausencia de un vínculo jurídico, es una acción civil de desalojo contra un ocupante que no tiene por qué permanecer en el inmueble estatal. No juzgamos la actividad, sino que estamos defiendo el patrimonio del Estado”, sentenció la AABE.
Del mismo modo se expidieron desde la empresa El Azufre SA, que encabezan Alejandro Spinello, Daniel Nofal y José Beccar Varela: “No hemos tenido ningún tipo de notificación. Nuestra preocupación está puesta en pagar los sueldos y en el estudio de impacto ambiental”, aseguró un empresario a este medio.
En ese sentido explicaron que la UNCuyo está llevando adelante las inspecciones correspondientes para poder avanzar hacia el master plan que tienen pensado como centro de esquí.
Durante el invierno el complejo funcionó en “modo boutique” para muy pocas personas, tras conseguir el aval de Ambiente de la Municipalidad de Malargüe. “Ahora que se quiere empezar a ejecutar el master plan se está llevando adelante el estudio de impacto ambiental”, detallaron.
No es la primera vez que el organismo nacional rechaza la entrega de las 12.600 hectáreas de la Cordillera a la empresa El Azufre SA. En febrero pasado, el presidente de la AABE, Martín Consentino, le envió un documento al gobernador Rodolfo Suárez para solicitar que diera marcha atrás con el Decreto 2138/21 que dispuso la asignación de las tierras.
En ese documento Consentino afirmó que “el mencionado Campo, situado dentro de la zona de seguridad de frontera, le corresponde al ESTADO NACIONAL en mayor extensión, por expropiación dispuesta por Decreto N° 3.892 de fecha 5 de junio de 1967, inscripto el dominio a su nombre en el Registro de la Propiedad”.
“En ese sentido, al no darse efectivo y real cumplimiento a lo pactado y asumir competencias propias de esta Agencia el ESTADO NACIONAL, como titular de dominio de las tierras, resulta afectado en sus intereses patrimoniales”, acotó.
También destacó que la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, informó que en la Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías, “no se halló pronunciamiento alguno respecto a la aceptación para que la Provincia de Mendoza continúe con el trámite de asignación del inmueble ‘Campo Potreros de Cordillera’ a laempresa EL AZUFRE S.A”.
“En función de todo lo expuesto, solicito que se adopten las medidas necesarias tendientes a dejar sin efecto la asignación de tierras dispuesta por el Decreto Nº 2.138/21, en favor de la firma EL AZUFRE S.A., así como todo otro instrumento dictado en su consecuencia”, y agregó que el presente rechazo “se realiza sin perjuicio de ulteriores reclamos por parte de esta AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO”.
La respuesta del gobierno provincial en ese entonces fue que la carta fue “expedida sólo por el presidente, pero no tiene el aval del directorio” y aseguraron que se trató de una “jugada del camporismo”.
“Es una simple nota, sin carácter administrativo formal”, acotaron, y también mencionaron que el peronismo local hizo referencia a la nota “antes que ingresara formalmente a Casa de Gobierno”.
Por otro lado, aclararon que el terreno “no se ha transferido a nadie”, y que “sólo se trata de una asignación” de los mismos, que son dos figuras legales distintas.
En aquel momento, desde el Gobierno provincial indicaban además que “no se ha dicho que Nación no participa del proceso”, y que cuando la empresa presente el proyecto, “ahí es cuando le corresponde intervenir a la Nación. Si lo quieren frenar, ese es el momento en el que podrán intervenir”.
Fuente: Diario Los Andes
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