Desde el bloque de senadores de Cambia Mendoza consideraron que se debe producir una modificación legal para actualizar los montos de las multas por el mal uso o derroche del agua en Mendoza.
A la vez plantearon la necesidad de disponer de un sistema eficaz que garantice el adecuado funcionamiento de las instituciones de protección de la calidad del agua de todos los habitantes de Mendoza así como de uso eficiente.
De esta manera propusieron que se modifiquen los montos de las sanciones establecidas en la Ley General de Aguas, y que además, se cree la Unidad de Agua (UDA), que será fijada en $500, la cual se modificará en base a la evolución de los salarios y la inflación.
La Ley de Aguas se promulgó en 1884 y reguló -junto al uso- la necesaria preservación de las aguas superficiales. También dispuso sancionar con la clausura y caducidad del derecho a usar el recurso hídrico a quienes lo contaminan.
Una idea en conjunto con Irrigación
Dicho proyecto llegó al seno de la comisión de Hacienda, por lo que fue invitado uno de los autores de la iniciativa, el senador Marcelo Rubio, y un representante del Departamento General de Irrigación, Leonardo Muzzino, quienes explicaron los puntos principales de la iniciativa.
Marcelo Rubio explicó que esta iniciativa fue elaborada en conjunto el Departamento General de Irrigación y lleva las firmas de Martín Kerchner (UCR), Rolando Baldasso (PRO), Fernando Alín (Partido Socialista) y Ernesto Mancinelli (Libres del Sur).
También expresó que los valores de las multas quedaron desactualizados con el paso del tiempo y los montos cobrados a los infractores quedaron en niveles irrisorios, dado que se fijaron en los años ’90 a través de distintas regulaciones, y desde entonces el peso argentino fue perdiendo su valor.
«Lo que propusimos con esto es que haya una unidad de referencia, ya que nos parece importante hacer cambios y crear una unidad de identificación para el agua, un recurso tan importante en la Provincia”, añadió el legislador.
Posteriormente, Leonardo Muzzino, del Tribunal Administrativo de Irrigación, profundizó que «esto serviría para que logremos tener nuestra propia unidad para aplicar sanciones, ya que la legislación vigente está muy desactualizada. Creemos que es una gran oportunidad que se modifiquen estos montos”, sostuvo el funcionario.
También comentó que dentro de la propuesta, se incorporará el derecho al agua, el caudal ecológico y otros aspectos que no están contenidos en la legislación vigente, por lo que Mendoza contaría con una norma integrada.
Muzzino además expuso que con este proyecto quieren darle peso a la función preventiva y retributiva de las sanciones, con valores que hoy no tienen impacto en relación a la capacidad económica de los infractores.
Durante el cierre de la reunión, la presidenta de la comisión de Hacienda, la senadora Ángela Floridia informó que el miércoles próximo se llevará a cabo una reunión conjunta entre la comisión que ella preside con LAC, donde se invitará al Superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli.
“Ahí trataremos de sacar un proyecto consensuado”, por lo que pidió que desde la oposición lleven sus aportes, para que sean tenidos en cuenta, comentó Floridia.
Alcances del proyecto sobre el consumo del agua
Para evitar que los montos vuelvan a quedar desfasados con el paso de los años, la Unidad de Agua (UDA) se ajustará según la aplicación de la fórmula compuesta por dos componentes. En el 50% por la evolución de los salarios, medida por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), y en el 50% por la variación de la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Este proyecto modifica artículos de distintas legislaciones, como la Ley General de Aguas, la Ley de Transferencia de Bienes Raíces, la Ley de Uso del Agua Pública para Agricultura, y la Ley de Extracción de Aguas Subterráneas, entre otras.
De esta manera se fijan nuevos montos para las multas, como por ejemplo:
De 10 UDA a 1.000 UDA ($5.000 a $500.000) a todo contrato de agua destinándola a otro uso que aquél para el cual se hizo la concesión, para quien obstruya el curso de un desagüe o el que derive en provecho propio el agua que estaba destinada a otro.
De 20 UDA a 100 UDA ($10.000 a $50.000) para los funcionarios, empleados o autoridades de riego que toleren la sustracción indebida del agua cuando tuvieren un conocimiento cierto del hecho, sin denunciarlo o sin adoptar las medidas respectivas.
Con 300 UDA ($150.000) por cada hectárea cultivada en forma clandestina o ilegítima.
De 300 UDA a 10.000 UDA ($150.000 a $5.000.000) a quien construya un pozo para extraer aguas subterráneas sin la previa autorización reglamentada.
De 100 UDA a 1.000.000 UDA ($50.000 a $500.000.000) para casos de violaciones a la Ley 6044 de Reordenamiento institucional, prestación servicios provisión de agua potable, saneamiento y protección calidad.
Fuente: Diario Uno.
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