La audiencia pública por El Azufre se realizará en junio (Foto Ilustrativa).

La denuncia por desalojo del centro de esquí El Azufre que realizó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) sumó un nuevo capítulo en los últimos días, para el Ministerio Público, el conflicto lo tiene que dirimir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La demanda del organismo nacional recayó en el juzgado federal de San Rafael, a cargo de Eduardo Puigdéngolas. Sin embargo, a raíz del dictamen de la Fiscalía, el magistrado se declaró incompetente y envió el expediente a la Corte Suprema para que dirima en el conflicto. La AABE recurrió la decisión y la definición recaerá en los próximos días en la Cámara Federal de Mendoza.

Como la empresa El Azufre y el Gobierno de Mendoza se hicieron parte en el expediente, la Justicia entendió que el caso es jurisdicción de la Corte, según lo que establecen los artículos 116 y 117 de la Constitución, que hacen mención a que cuando hay un litigio entre la Provincia y la Nación, el máximo tribunal es el que tiene competencia.

LA RETACERÍA

La postura de Mendoza

El pasado 12 de octubre el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, señaló que no habían sido notificados de la demanda y aclaró que, en ese momento, el Ejecutivo provincial no era parte del proceso. Ahora esa situación se modificó.

“Hemos cumplido con una ley nacional y un convenio celebrado por el ex gobernador (José Octavio) Bordón y bajo esa normativa hemos dado cumplimiento”, aclaró el funcionario de Rodolfo Suarez.

 “Se hizo el proceso que establecen las leyes de frontera y el convenio celebrado con la Nación. No se ha transferido propiedad, no se ha concesionado, no se ha vendido. Se hizo una asignación precaria con lo que establece el convenio”, aclaró Ibañez, quien insistió que Mendoza cumplió con los pasos legales correspondientes.

CAÑADA COLORADA

El conflicto surgió por el decreto N° 2.138, del 23 de diciembre del año pasado, mediante el cual el Gobierno local asignó aproximadamente 12 mil hectáreas a la empresa que explota el centro de esquí. Esa decisión generó polémica y denuncias de la oposición que hacían referencia a “irregularidades” en el permiso. La AABE responde políticamente a La Cámpora, por lo que a través de ese organismo el peronismo logró canalizar su reclamo.

Luego, el 21 de febrero, la agencia -que administra los bienes del Estado- solicitó que se diera de baja a la normativa en cuestión. Según advirtieron desde el organismo, la asignación “no se llevó a cabo con ajuste a las formalidades establecidas en el convenio ni las vigentes en materia de inmobiliaria estatal”. Además, señalaron que la cesión se llevó adelante sin realizar el procedimiento de licitación pública, “justiciando la provincia su accionar en la existencia de ocupaciones preexistentes”.

Asimismo, el organismo nacional consignó que no había un dictamen de la Secretaría de Seguridad Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación para que la provincia siguiera con el trámite de asignación.

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Por otra parte, el 2 de agosto la Fiscalía de Estado desestimó una presentación que realizó el  diputado provincial Emanuel Fugazzotto y el referente ambientalista Eduardo Sosa, donde denunciaban potenciales irregularidades en el desarrollo del centro de esquí boutique.

«La denuncia ambiental en curso carece de mérito para su procedencia», concluyó el dictamen 22/2022 de la Dirección de Asuntos Ambientales, que había comenzado a investigar de oficio la instalación del proyecto turístico y deportivo en el sur provincial.

Por último, el pasado 5 de octubre la AABE realizó la denuncia en el Juzgado de San Rafael solicitando el desalojo del centro de esquí ubicado en Malargüe. Entre los argumentos, el organismo insistió el cumplimiento de la Ley 17.091, que prevé la restitución de inmuebles fiscales cedidos, y de la Ley N° 21.900, por tratarse de un espacio en zona de frontera.

Fuente: Diario El sol.

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