En una reciente reunión en la residencia gubernamental, Rodolfo Suarez habría admitido ante un reducido grupo de dirigentes radicales que uno de sus anhelos es reactivar en este año que le queda de gestión los proyectos mineros frenados en Mendoza, particularmente en Malargüe.

Es que luego de cumplir 3 años en Casa de Gobierno la reactivación de la minería es una de las deudas que Suarez no logró saldar.

Tanto es así, que parece dispuesto a hacer lo imposible para que en los próximos meses pueda sacarse la foto con el futuro socio inversor de Potasio Río Colorado -que surgiría de las 11 empresas interesadas- y en paralelo lograr que la Legislatura apruebe la exploración de la mina de cobre de Cerro Amarillo. Ambos proyectos cumplen las exigencias de la ley antiminera 7.722, que al menos en esta gestión no volverían a tocar.

Eso, políticamente, significaría sentar las bases para que el próximo gobernador sí tenga pruebas con las que volver a dar la discusión sobre el impacto de la minería en la economía mendocina, algo que el mismo Suarez intentó plasmar en el inicio de su gestión y que se frustró ante el fuerte rechazo social.

Tres años de gestión de Rodolfo Suarez

Es que en el obligado balance de gestión de lo hecho en estos 3 años de gobierno que cumplió el 9 de diciembre y de lo que falta por concretar, la inactividad minera sigue siendo una alarma que el gobernador intentará desactivar en los 363 días que le quedan en el poder. Al parecer ese tiempo no le bastará para aplicar la reforma de la Constitución por la que tanto bregó cada vez que pudo, pero para la que necesariamente requiere del acompañamiento de la oposición, que ya le fue negado.

En el haber de lo que consiguió implementar el sancarlino sacará a relucir su particular gestión de la pandemia, el hecho de haber mantenido el equilibrio fiscal de las cuentas, pese al impacto del Covid en la economía nacional y el desmadre de la ingobernable inflación y se encargará de que todos recuerden que fue él quien comenzó con el máster plan del agua, además de iniciar 3 obras que llevarán su sello: la doble vía a Junín, San Martín y Rivadavia, el acueducto Monte Comán-La Horqueta y la ampliación del Metrotranvía para que las que consiguió que le aprobaran la toma de deuda.

Para lograr la meta de que algún proyecto minero arranque antes de que deje Casa de Gobierno, él hizo las tareas previas: adquirió los activos de la ex empresa Vale, gestó la empresa estatal que comanda Emilio Guiñazú y viajó a Canadá, a la feria minera más importante del mundo para promocionar Potasio Río Colorado y tentar a futuros inversores. A fines de septiembre también promocionó la mina en Brasil, uno de los países que más demanda potasio para fertilizantes.

A eso suma que a mediados de noviembre envió a la casa de las leyes el dormido proyecto de Cerro Amarillo, la mina de cobre de Malargüe que se frenó en el 2014 por trabas de la incipiente ley de glaciares. El Gobierno sostiene que no sólo cumple con la intocable ley 7.722, sino también con la ley de glaciares y que además no afecta los ríos aledaños.

Pero el debate de Cerro Amarillo aún sigue en comisiones, en donde discuten si la declaración de impacto ambiental del proyecto, que data del 2014, es válida o se la debe actualizar. Hacerlo retrasaría aún más esa habilitación de exploración y por tanto, la efectiva explotación de la mina de cobre.

La postura de Suarez es clara para reactivar la minería: «En esta gestión todo se hace dentro de la ley 7.722» aprendizaje que le quedó grabado a fuego. Tanto es así que hasta decidió cajonear el intento del intendente de Malargüe de zonificar la aplicación de esa norma, permitiendo flexibilizarla en esa comuna.

Con ese lema, priorizará que el aval de Cerro Amarillo salga con el mayor consenso político y social posible, aunque eso retrase el debate, a obtenerlo sólo con la mayoría que tiene en ambas cámaras el oficialismo.

Gestión de pandemia y equilibrio fiscal con el sello de Rodolfo Suarez

La inesperada aparición de la pandemia del Covid 19 desbarató cualquier plan de gobierno, y en paralelo se convirtió en la mejor excusa que varios gobernantes usaron cuando debieron justificar los magros registros económicos de 2020 y por arrastre de 2021.

Pero además cómo se gestionó la pandemia también reveló distintos modelos de gestión y ahí Suarez le puso su sello a lo que catalogó como el modelo mendocino. Apostó a un sistema de «on/off» de cierre y apertura de las distintas actividades económicas siguiendo los indicadores provinciales, y varias veces desoyendo las «recomendaciones/presiones» del Gobierno nacional, que instaló el aislamiento social preventivo y obligatorio.

El gobernador Rodolfo Suarez se mantendrá en su postura de apostar a la vacunación y los testeos y no evalúa disponer nuevas restricciones, porque no cree que sean efectivas en este momento de la pandemia.

El riesgo no era menor, porque si esa decisión de flexibilizar algunas actividades sociales para intentar oxigenar la economía generaba una mayor ola de contagios, el costo social hubiese sido mucho más alto que el de mantenerlas cerradas. Pero los índices del impacto de la pandemia en la provincia mostraron que aquel modelo funcionó: el sistema sanitario, aunque exigido, respondió a las demandas y la apertura de algunas actividades, como las turísticas y gastronómicas, permitieron que el sector no desapareciera.

Otra área en la que Suarez también logró diferenciarse de la Nación fue en el manejo de las cuentas públicas. Pese a que la pandemia hizo caer los índices de recaudación en todo el país, justamente por el impacto que tuvo aquel aislamiento y el freno de la mayoría de las actividades económicas, Mendoza logró sostener el equilibrio fiscal.

Entre otras medidas, para llegar a eso difirió el pago de aguinaldos a los estatales y en el 2020 el Gobierno no otorgó aumentos a los empleados públicos. Esa deuda aún genera reclamos de los gremios que los representan y exigencias para que eso se salde en las paritarias del 2023.

Ese equilibrio fiscal en las cuentas públicas, que mostró en la Legislatura cuando presentó el Presupuesto 2023, le permitió tener los fondos para paliar las tremendas pérdidas que generó la helada tardía del 1 de noviembre, que se llevó más de 80.000 hectáreas productivas de vid y frutales. De ese superávit saldría por ejemplo el plan de Recuperagro, que destina $833 millones para pagar hasta el 60% de un Salario Mínimo Vital y Móvil a contratistas y empleados que no tengan cosecha, y por ende empleo, en el 2023.

La piedra fundamental del plan hídrico

«Nos tenemos que enfocar en generar agua y energía», le propuso Suarez a su equipo como ejes para este 2022 y el resto de la gestión. Con ese foco fundamentalmente en tratar de paliar la prolongada crisis hídrica de Mendoza, aprovechó la invitación del ministro del Interior Eduardo Wado De Pedro para ir a Israel y absorber cada técnica que ese país aplicó para salir de la sequía.

De hecho logró que técnicos de la empresa estatal israelí Merkorot viniesen a Mendoza e hiciesen un diagnóstico de la situación in situ para luego armar equipos con técnicos de Irrigación, a los que capacitarían en el manejo del agua.

Pero además apostó a sentar las bases de un máster plan hídrico, al que convocó a todos los intendentes del Gran Mendoza. Con el respaldo de los jefes comunales llegó a la Legislatura pidiendo 210 millones de dólares para ese plan que incluye 120 kilómetros nuevos para la red de acueductos, la ampliación de planta potabilizadora de Maipú y la construcción de una nueva en Álvarez Condarco (Luján de Cuyo).

Aquel aval que construyó con los intendentes habría sido fundamental para lograr el acompañamiento del PJ para aprobar ese endeudamiento y el de otras 3 obras clave: la ampliación del Metrotranvía por $18.055 millones de pesos (actualizables por el Índice de Costo de Construcción), el acueducto Monte Comán-La Horqueta que costará $8.070 millones y la doble vía de acceso a Junín, Rivadavia y San Martín a lo que se destinarán $5.937 millones.

El sabor amargo de la frustrada reforma de la Constitución

Aunque le queden 363 días en el sillón de gobernador para impulsar otras tantas iniciativas, Rodolfo Suarez sabe que hay una reforma que aparentemente deberá resignar: la de la Constitución de Mendoza, uno de sus pilares de campaña y por la que militó junto a su ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, pero que incluso no logró el aval necesario ni siquiera dentro de la UCR.

Cuando pretendió iniciar el debate en la Legislatura, la oposición del PJ le cortó el impulso de lleno y se negó a tratarla. Por más «sensatez» que pidió y aun cuando calificara esa reforma de «indispensable», y pese a que sacó la chance de reelección del gobernador, Suarez no logró convencer a propios ni a extraños para modificar la Carta Magna.

En ese proyecto se incluían entre otros aspectos que Mendoza dejara de tener un sistema legislativo bicameral y se redujera a una sola cámara como sucede ya en varias provincias, y de hecho en el oficialismo intentaron mostrar el «ahorro» que eso generaría como un gesto de la clase política en medio de la crisis económica, pero ni aun así prendió.

En el fondo, porque ni siquiera cosechó avales hacia adentro del mismo oficialismo, algo que Suarez le seguirá facturando por lo bajo a varios de sus correligionarios.

Fuente: Diario Uno.

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