El gobernador ratificó que la iniciativa demorará en llegar al recinto. Se encuentra en tratamiento en comisiones del Senado.
El gobernador Rodolfo Suárez afirmó este viernes que el proyecto de extracción de cobre Cerro Amarillo que se debate en el Senado, “seguramente” llegue al recinto para su votación en febrero.
«Eso es fuente de trabajo, progreso, desarrollo y riqueza. Yo creo que este año ya no lo van a tratar y seguramente será en febrero. Espero que coincidan las fuerzas políticas en lo que le hace bien a Mendoza”, manifestó el mandatario esta mañana, tras encabezar un acto por obras en el Corredor del Oeste.
En tanto, sobre el reclamo de celeridad de tratamiento que realizó la Unión Industrial de Mendoza (UIM) esta semana, el gobernador respondió: “Me parece bien porque es una fuente de trabajo. Es un tema que tienen los legisladores en sus manos. Nosotros hemos cumplido el procedimiento que dice la ley, atados totalmente a la normativa vigente. Corresponde que los legisladores se expidan pronto”.
El proyecto de exploración minero en Malargüe ingresó a la Legislatura el pasado 11 de noviembre y desde principios de diciembre se encuentra bajo análisis de las comisiones de Ambiente y Cambio Climático y de Hidrocarburos, Energía y Minería de la Cámara de Senadores.
El principal punto de observación es la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental que data desde 2014. Por pedido del peronismo, el radicalismo accedió a que se estudie paulatinamente con la intervención de distintos especialistas.
Algunos ya han desfilado por el anexo de la Cámara de Senadores y otros aún están en espera. Primero defendieron la iniciativa por parte del Ejecutivo, el director de Minería, Roberto Zenobi, y la directora de Protección Ambiental de la Provincia, Miriam Skalany.
Luego expusieron el fiscal de Estado, Fernando Simón, y la ingeniera Laura Najar, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo. Con ellos se despejaron varias dudas, por el lado legal y la situación ambiental de la zona, respectivamente.
Simón manifestó que la DIA “aún no ha entrado en vigencia”, porque la Ley 7722 establece que esto se aplica una vez aprobada por la Legislatura y también sostuvo que no observó “ningún obstáculo legal” para su tratamiento.
En tanto que Najar afirmó que según las revisiones que realizó a través de imágenes satelitales, “no ha habido afectación por alguna actividad antrópica, que hubiera sucedido en el transcurso del año 2014 a la fecha”.
“De alguna forma eso justifica que no es necesario la actualización y que es válida la ratificación que se está solicitando en la Cámara de Senadores”, sostuvo la ingeniera.
Para este miércoles estaban previstas las visitas del experto en recursos hídricos, Mario Salomón, y el ingeniero Ricardo Fuentes, representante de la UTN. Por distintos motivos, ninguno de los dos pudo asistir y por eso la reunión fue postergada para la semana que viene.
EL RECLAMO DE LA UIM
Este martes mediante un documento, el organismo que engloba a empresarios industriales apoyó el proyecto, en el que marcaron que podría colocar a Mendoza “en el centro de la transición energética mundial”, y se lamentaron de la falta de un debate “serio” y de dilatar la DIA en base a oposiciones “ideológicas” y sin perfil técnico.
Para la UIM, “no hay tiempo para discusiones repetidas y fundamentalistas que no aceptan la viabilidad de proyectos que respetan la Ley 7722 y otras leyes protectoras del ambiente” y agregaron que esas discusiones “tienen el claro objetivo de impedir el desarrollo de la provincia”.
Además, formalizaron críticas contra algunos legisladores provinciales, sobre quienes incluso expresaron que “responden a intereses particulares o partidarios que nada tienen que ver con el crecimiento de la provincia”, y les pidieron que “estén a la altura de las necesidades actuales y avancen con el tratamiento de este proyecto”.
En el texto, que está firmado por la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM) y la Asociación de Empresarios del Carril Rodríguez Peña (Aderpe), entre otros, marcaron que, de haber cobre en Cerro Amarillo, le permitiría a Mendoza “ser protagonista indiscutible en la colaboración para el cambio climático en un momento crucial, cuando la sequía extrema afecta a la provincia, a gran parte del país y del planeta”.
Desde el organismo manifestaron que el apoyo por parte de la UIM “existió siempre para este tipo de proyectos, de manera independiente al poder político de turno. Y es lo que solicitamos ahora, que los legisladores aprueben la exploración para bien de la provincia y sus ciudadanos; y no en base a oposiciones políticas que puedan aniquilar una enorme posibilidad de crecimiento”.
“La UIM apoya el desarrollo de éste y otros proyectos de exploración, y sus posibles consecuentes proyectos mineros, que permitan el desarrollo sostenible de nuestros recursos naturales y advierte que el momento ES AHORA, en provecho de la necesidad económica, de desarrollo y empleo que tiene la provincia; y de la tendencia mundial hacia la transición energética”, agregaron.
Además, sostuvieron que el desarrollo exploratorio de Cerro Amarillo “cumple con las normativas ambientales vigentes y en ese sentido posee un marco jurídico importante: su Declaración de Impacto Ambiental cumple con la Ley de Preservación de Glaciares, la de Preservación de Áreas Naturales y la Ley 7722; por lo que no debería existir impedimento para avanzar con celeridad en su exploración”.
“Para eso, se necesita una pronta y sólida decisión legislativa que inserte a la provincia en la posibilidad de tener un camino productivo capaz de crear oportunidades que hoy no tiene y son fundamentales”, finalizaron.
Fuente: Diario Los Andes.
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