El Gobierno reclamó ante la Corte Suprema de la Nación la inconstitucionalidad del reconocimiento de tierras a comunidades que se identifican con la etnia mapuche que otorgó el INAI en el sur de la provincia.
«Ante falta de respuesta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a recursos presentados, con plazos legales para resolver vencidos, se ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia un pedido de nulidad e inconstitucionalidad de las ilegítimas resoluciones vinculadas con pretendidas comunidades mapuches», tuiteó el ministro de Gobierno de la provincia, Víctor Ibañez.
La polémica nació en enero, cuando la Nación reconoció territorio mapuche a la comunidad de El Sosneado, ubicada en San Rafael y Malargüe, y les atribuyó derechos sobre 24.000 hectáreas
Ibañez interpretó que la falta de respuestas de ese Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a los recursos presentados por la provincia de Mendoza se debe a que «no han de tener argumentos sólidos porque los podrían haber volcado en la resolución y rechazar nuestros recursos», remarcó en diálogo con Primeras Voces de radio Nihuil.
Por tanto, explicó que «como se han mantenido inmóviles, y se vencieron los plazos, corresponde que se active la parte judicial».
Los argumentos de Mendoza para rechazar la cesión de tierras a mapuches
A la hora de enumerar los argumentos que esgrime Mendoza para rechazar la resolución del INAI que le reconoce derechos territoriales a los mapuches, Ibañez cuestionó el relevamiento que hizo ese organismo nacional en en el Sur mendocino.
«El trabajo de relevamiento que hizo el INAI en Mendoza se hizo en base de una ley nacional de emergencia, vencida, cuya prórroga se hizo por un decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández. Esto hace que la ley usada para hacer lo que hicieron es inconstitucional», comenzó marcando Ibañez.
Añadió que aún cuando esa ley fuese constitucional, sólo habilita al INAI a relevar las comunidades y establece una serie de requisitos: que esas comunidades tengan personalidad jurídica y que haya una participación efectiva de la provincia en ese relevamiento.
«Pero a Mendoza vino una profesional de la UBA (Universidad de Buenos Aires), hizo 5 o 6 entrevistas a pseudo mapuches y con eso dictó una resolución, sin participación de la provincia, sin acreditación. En uno de los tres casos, esa comunidad no tiene personalidad jurídica, y así y todo colocó este paraguas sobre 25.000 hectáreas de San Rafael y Malargüe sobre tierras, que en varios casos son de propiedad privada. Un cúmulo de cuestiones que hacen que esa decisión sea nula», cuestionó.
El ministro de Gobierno de Suarez contó que al planteo que hizo ante la Corte de la Nación sumó un análisis histórico de especialistas que sostienen que el Sur mendocino «pudieron haber habido otras comunidades, no hubo mapuches».
También se esperanzó en los antecedentes de resoluciones similares que ya ha resuelto la Corte ante planteos de otras provincias, en donde falló a favor de la provincia de Neuquén y de privados de Río Negro.
Fuente: Diario Uno.
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