El Gobierno nacional y la empresa El Azufre firmaron un convenio que dio por terminado el litigio por la ocupación de las tierras en la zona cordillerana de Malargüe, más precisamente en proximidades del Paso Planchón-Vergara.

La empresa deberá abonar un canon mensual mientras llega a un acuerdo con el Estado por la compra de 12.500 hectáreas que estaban en litigio y la firma podrá avanzar con la construcción delcomplejo invernal.

En las últimas horas de la víspera se conoció que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la firma El Azufre SA firmaron un convenio por el cual se reconoce la propiedad del Estado Nacional sobre las tierras en Potreros de la Cordillera, Malargüe, pero al mismo tiempo también queda establecida la legítima ocupación del grupo empresario para desarrollar actividades turísticas.

Con el acuerdo en mano se culminó un proceso judicial que se inició en octubre de 2022 y a la vez comenzaron a correr los plazos legales para que la empresa adquiera definitivamente los terrenos que estuvieron en disputa, caso contrario se deberá desalojar el lugar el 31 de marzo de 2024.

Mientras tanto, la sociedad deberá abonar un canon de poco más de $3.600.000 mensuales a la Nación, entre otros requisitos, tanto ambientales como de contratación de seguros, que son de cumplimiento obligatorio.

“Estamos muy contentos con el convenio porque hemos logrado poner fin a una polémica que lleva ya mucho tiempo. En el convenio se reconoce la ocupación del campo, reconoce la existencia del régimen especial (por el cual la Nación le había transferido la responsabilidad a la provincia) y también reconoce algo que para nosotros era muy importante, la evaluación de impacto ambiental que fue aprobada hace poco, que era también una preocupación del Estado nacional”, comentó Guillermo Rivaven, responsable de El Azufre.

En el acuerdo rubricado entre la AABE y El Azufre, el organismo nacional “reconoce la ocupación por parte de la empresa y autoriza a continuar con el uso, ocupación y explotación del inmueble hasta el 31 de marzo de 2024, fecha en que la empresa se obliga a su desocupación y entrega formal.

En ese plazo, El Azufre podrá seguir operando normalmente y ofrecer actividades turísticas, entre otras.

En la cláusula siguiente se deja constancia que el plazo para hacer efectivo el desalojo “podrá ser prorrogado de común acuerdo” mientras “continúe en trámite la solicitud de compra del inmueble”.

“Nuestra visión del convenio es muy positiva porque regulariza todo y por otro lado nos da un período de tiempo en el cual empezamos a negociar la compra definitiva del inmueble”, agregó el ejecutivo.

“La fecha de desalojo es prorrogable porque si no nos ponemos de acuerdo en el término del precio para la compra, se pide una prórroga y se sigue pagando el canon, mientras se llega a un acuerdo por el valor”, remarcó Rivaben.

Además “por la posibilidad que tenemos de generar una presencia en esa zona los 12 meses del año, porque cuando nieva como en los últimos días somos los únicos que estamos ahí para cuidar un lugar que es de frontera, también nos comprometimos a la custodia incluso de algunos sectores que están fuera del campo”, explicó.

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 “No íbamos a empezar el proyecto grande sin tener resuelto este tema, igualmente seguíamos en paralelo con todos los estudios necesarios y los desarrollos del proyecto de inversión, pero no íbamos a empezar a desarrollar la infraestructura a gran escala sin tener todo normalizado. Ahora esto está regularizado, empieza una etapa distinta”, afirmó el responsable de la firma.

Para lo que resta de este año, la operación continuará “limitada en capacidad de huéspedes” y recién el verano próximo dará comienzo a los estudios para la posterior construcción de los medios de elevación.

“Tenemos ventanas de trabajo muy corta, solo en el verano, pero mientras tanto esto nos sirve a nosotros (el continuar operando como complejo boutique) más que nada para poder estudiar mejor el lugar, la nieve y la experiencia de los clientes”, indicó el ejecutivo.

Fuente: Diario Los Andes.

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