Durante la última sesión del Senado mendocina, se aprobó un proyecto presentado por el diputado Emanuel Fugazzotto, por el cual se modifica el artículo 1 de la Ley 9.297 (arraigo de puesteros), en donde se establece que a los efectos previstos por el artículo 39 de la Ley 6.086, se amplía hasta el 31 de Diciembre de 2.024, la suspensión de los procesos iniciados, cualquiera fuera su estado, incluidos aquellos que se encuentren en ejecución de sentencia.
El presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Marcelo Rubio informó sobre las principales características de esta ley.
«Trata de darle una solución a los ciudadanos pertenecientes a los departamentos de Malargüe y San Rafael. Le damos la posibilidad de que siga prorrogándose año a año. Siempre lo hacemos en la Legislatura», indicó.
Luego, la senadora Jésica Laferte celebró esta iniciativa al decir “los puesteros de Malargüe han sufrido las últimas nevadas, han perdido casi toda su producción. Festejo la decisión que tomó la Cámara de Diputados y que hoy lo estamos haciendo desde el Senado», aseguró.
Por último, el legislador Gerardo Vaquer también habló sobre este proyecto. «Debemos instar a que el Gobierno provincial utilice las herramientas correspondientes para salvaguardar la situación de estas familias», dijo.
Alcances de la propuesta
En los fundamentos del proyecto, que fue modificado durante el tratamiento en la comisión, su autor señala que “en Noviembre de 1.993 fue sancionada la Ley 6.086, comúnmente conocida como de “Arraigo de Puesteros”, que establece en su artículo 39 la, “suspensión por dos (2) años de todo proceso de desalojo, títulos supletorios, cuya finalidad sea la modificación de situaciones de ocupación efectiva, tenencia, o determinación de derechos, sobre los inmuebles de dominio privado del Estado o de particulares, incorporados o que se incorporen en el futuro al programa previsto en la presente ley, cualquiera sea su estado, aun cuando se hallen en trámite de ejecución de sentencia”.
Dado que desde su sanción no se ha regularizado “la situación dominial de muchos puesteros que poseen en precario la tenencia de las tierras a las que la Ley refiere, los plazos que establece dicho artículo han sido prorrogados en sucesivas ocasiones hasta hoy”, añade Fugazzotto.
En esa línea, agrega el diputado del Partido Verde que “el espíritu de la Ley de Arraigo tiene por objeto y fines la solución de una parte importante de las debilidades estructurales de uno de los grupos constituyentes de la población rural dispersa. Su articulado ha establecido pormenorizadamente las vías y los métodos para lograr el cometido prometido, sin embargo hasta el presente se han dado diversas dificultades para su consecución”.
En su mayoría, atañe a familias de crianceros radicados en cercanías de Malargüe y San Rafael, “que por generaciones ocupan tierras fiscales o nunca reclamadas. Pero, en general, los pobladores carecen de títulos que acrediten su propiedad”, explica el legislador dentro del proyecto.
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