Portezuelo del Viento tiene su epitafio final: el Gobierno dio de baja a la adjudicación de la obra y, por lo tanto, a los vínculos con el consorcio de empresas que iba a hacer la mega represa del Río Grande. Aunque la caída de la obra era un hecho hacía un año, el Gobierno necesitaba desarmar el vínculo con la UTE que había sido elegida para hacer la obra, pero con la que no se llegó a firmar el contrato.
Por eso el final definitivo lo ratificó Rodolfo Suarez ayer, cuando firmó el Decreto que deja sin efecto el larguísimo proceso. «Déjese sin efecto el proceso licitatorio autorizado por el Decreto Nº 2063/2019 y su modificatorio Nº 266/2020 para la obra APROVECHAMIENTO HÍDRICO MULTIPROPÓSITO PORTEZUELO DEL VIENTO», dice el Decreto, luego de argumentar las razones.
En el Pliego de Licitación había una cláusula que permitía al Estado mendocino a dar de baja al proceso de manera unilateral y sin indemnizar a quien fuera elegido. Ese ítem fue el usado para caducar el vínculo. La UTE Malal Hue era la única que se había postulado. Estaba integrada por la china Sinohidro, IMPSA y las constructoras CEOSA y Obras Andinas.
El principal argumento para la caída fue la incertidumbre de futuro. Es que el COIRCO, organismo que controla la cuenca del Río Colorado, había puesto objeciones a Portezuelo del Viento (con La Pampa como abanderado) y el presidente Alberto Fernández les había dado la razón al obligar a que se realicen estudios ambientales integrales. Ese proceso significaba mucho tiempo hacia adelante y el propio COIRCO no había iniciado el camino para hacer los estudios ambientales.
Ese final ya estaba cantado: más allá de la licitación, en Mendoza ya daban por muerta la obra antes por la inconveniencia política, judicial y ambiental.
Portezuelo del Viento iba a ser un dique para contener y regular el Río Grande, en Malargüe. La intención era generar un proyecto multipropósito para generar energía, aumentar la disponibilidad de agua y crear un polo turístico. La obra es de larga data, pero fue recalculada. Los recursos provenían del acuerdo firmado entre la Nación y Mendoza como compensación por los perjuicios que produjo la promoción industrial. En total se transfieren 1023 millones de dólares que tenían como destino esa obra y que ahora quedaron en un fideicomiso provincial.
Justamente el destino de los 1023 millones de dólares es uno de los ejes de la gestión de Alfredo Cornejo, el gobernador que firmó el último acuerdo con Mauricio Macri para recibir esos fondos y que ahora le tocará administrar.
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