La iniciativa libertaria se orienta a instaurar un proceso de institucionalización de una burocracia meritocrática al servicio de los ciudadanos y no de sus partidos políticos y su círculo de allegados al poder.
El populismo erosiona la institucionalidad democrática liberal, socavando, en particular, la autonomía de la burocracia mediante su captura política. En Argentina, el populismo kirchnerista ha contribuido a la configuración de un formato burocrático específico asociado al nuevo régimen, contrapuesto al sistema meritocrático. Si bien en nuestro país la institucionalización del mérito ha sido históricamente muy frágil a raíz del enraizamiento del clientelismo, el populismo intensificó la politización de las administraciones públicas.
Los defensores del nuevo modelo administrativo populista aluden a la emergencia de una burocracia militante, conformada por un funcionariado enfilado y comprometido con el proyecto de gobierno que reivindica la centralidad de la política. El surgimiento del populismo, y de su modelo burocrático propio, fue acompañado de una acentuación de la concentración del poder de designación discrecional en manos del presidente y de la consiguiente politización del aparato estatal para asegurar su adhesión al programa gubernamental, de corte estatista. Asimismo, la expansión de los poderes presidenciales de nominación política se orientó a construir, desde el seno de la estructura administrativa, una maquinaria política funcional al liderazgo presidencial: «La Cámpora».
Los gobiernos populistas utilizaron tres estrategias de politización del aparato estatal a los efectos de garantizar su alineamiento al proyecto intervencionista. Buscaron controlar la burocracia mediante la inflación de las estructuras políticas jerárquicas, vía designación discrecional de los puestos directivos -cuyo ejercicio está sujeto a procedimientos meritocráticos- o a través de la conformación de esquemas paralelos de contrataciones temporarias, en sus múltiples modalidades.
Se buscó disciplinar a la burocracia desde la cúspide hacia los estratos altos y medios y por los costados, aumentando, aproximadamente, un 50% el nivel de ocupación en el poder ejecutivo. Durante este período (2003-2023) la estructura de cargos jerárquicos (Alto Gobierno) aumentó un 135%. Dentro del Alto Gobierno, los ministerios se expandieron un 80% y, por efecto multiplicador, las subsecretarías incrementaron un 149%. Paralelamente, se introdujo una inédita subespecie de cargos extraescalafonarios, denominados puestos con rango y jerarquía equivalente a secretario o subsecretario, pero que en la práctica no cumplen funciones propias de las autoridades políticas. Adicionalmente, el gobierno penetró la alta gerencia pública a través de la implantación de nuevos puestos directivos (+263%: de 882 a 3206) y bypasseo de los mecanismos competitivos por medio de designaciones transitorias. Asimismo, envolvió políticamente la estructura estatal permanente mediante la ampliación del colectivo de contratados en un 353%. Este proceso se completó con un «salto» de los contratados a la planta permanente a través de un proceso de «blanqueo encubierto», vía concursos escalonados, que dejó un «ejército de seguidores».
Consecuentemente, Javier Milei heredó una burocracia sobredimensionada y politizada en diversos sectores. El proyecto Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad, propuesto por el Presidente Javier Milei, apunta a instalar los cimientos legales para erradicar estas prácticas y despartidizar la administración pública. En primer lugar, pone énfasis en la consolidación del mérito como principio de acceso a los cargos públicos y, en segundo término, introduce un apartado referente a integridad pública que procura establecer una división estricta entre política y administración pública, prohibiendo a los funcionarios y empleados estatales utilizar los cargos y recursos públicos (dinero, instalaciones, redes oficiales, simbología para fines electorales, sean en beneficio propio o partidista).
La iniciativa libertaria se orienta a instaurar un proceso de institucionalización de una burocracia meritocrática al servicio de los ciudadanos y no de sus partidos políticos y su círculo de allegados al poder. Una administración profesionalizada, conforme lo demuestran diversos estudios, impacta positivamente en el crecimiento económico, la lucha contra la pobreza y la corrupción, entre otros aspectos. La Ley de Bases representa una oportunidad histórica para comenzar a desterrar un aparato estatal clientelar enraizado en nuestro sistema, cuya explotación como botín político no sólo ha redundado en altos niveles de gasto público para su sostenimiento, sino también en la prestación de servicios de baja calidad.
Por Mercedes Llano diputada nacional por La Libertad Avanza.
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