La provincia de Mendoza cuenta con un nuevo Código de procedimientos mineros, propuesta que fue presentada en el mes de marzo pasado por el gobierno de Mendoza.

El objetivo central del nuevo Código es modernizar las normativas vigentes desde 1945. De esta manera se busca agilizar la actividad y hacerla más transparente, establecer mayores controles ambientales y reforzar las funciones de la Policía Minera.

Participaron de la sesión, la ministra de Energía y Ambiente Jimena Latorre y el responsable de la Dirección de Minería, Jerónimo Shantal. El intendente de Malargüe, Celso Jaque, acompañó a los funcionarios durante el tratamiento del proyecto.

Luego de escuchar las voces de cada uno de los representantes de los distintos bloques parlamentarios, se puso en consideración el despacho en mayoría, el que fue aprobado por 25 votos afirmativos y 12 negativos. Fue remitido al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.

Entre otros, el propósito de esta sanción es incorporar criterios de sustentabilidad ambiental y desarrollo sostenible a esta actividad que hoy cuenta con herramientas que no existían en el siglo pasado.

La reforma incluye la modernización de los procedimientos e involucrar activamente a las comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de los recursos minerales, promoviendo la transparencia y la participación en todo el proceso.

La iniciativa abarca la minería de primera, segunda y tercera categoría (canteras) y sigue el ejemplo de los más altos estándares internacionales.

La senadora Jésica Laferte, quien lidera la comisión de Hidrocarburos, Minería y Energía, enfatizó la importancia de crear un puente entre la provincia de Mendoza y el mundo, fomentando oportunidades, inversiones y trabajo genuino. Destacó la necesidad de aprovechar el potencial minero de la región para contribuir a la transición energética global.

Por su parte, la senadora Yamel Ases, al frente de la comisión de Ambiente, resaltó los avances en el enfoque ambiental del proyecto. Señaló la inclusión de mayores controles ambientales, la obligatoriedad de presentar informes de impacto ambiental y la participación activa de las comunidades locales en la toma de decisiones.

Ambas senadoras destacaron la necesidad de modernizar un marco normativo obsoleto, vigente desde 1945, y subrayaron la importancia de garantizar la protección del medio ambiente en todas las etapas de la actividad minera. Además, resaltaron la inclusión de medidas para el cuidado del agua y el fortalecimiento de la policía minera como aspectos fundamentales del proyecto.

Luego, el senador Martín Rostand resaltó la importancia de diversificar la matriz productiva de Mendoza y potenciar el desarrollo de la industria minera, pero enfatizó la necesidad de hacerlo con transparencia y respetando los principios legales fundamentales. Además, cuestionó la falta de convocatoria a universidades y entidades gremiales empresariales en el debate sobre el proyecto, señalando posibles riesgos de discrecionalidad por parte del gobierno en la regulación del negocio minero.

Por otro lado, el senador Dugar Chappel del Partido Verde expresó preocupación por el impacto ambiental y la falta de transparencia en el proyecto. Criticó la concentración de poder en manos del gobierno provincial y la falta de participación ciudadana en la elaboración de la legislación. Propuso enmiendas al proyecto para garantizar la independencia de la autoridad minera y mejorar la transparencia en la información pública relacionada con la minería.

Aunque hubo desacuerdos sobre ciertos puntos, ambos legisladores coincidieron en la importancia de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente en la provincia de Mendoza.

Desde el bloque Justicialista, el senador Félix González expresó que su bloque acompañará el despacho de la mayoría, reconociendo que el proyecto será aprobado. Sin embargo, planteó un despacho alternativo en minoría con tres puntos esenciales. En primer lugar, abogó por mantener la Dirección de Minería, destacando su papel en la promoción de la actividad minera en la provincia. Además, propuso que la sede principal de la Dirección sea en Malargüe, como una señal de apoyo al potencial minero de la región. Por último, cuestionó la estructura de Impulsa y llamó a una discusión seria sobre su formato y mejora institucional.

Por otro lado, el senador Gerardo Vaquer expresó su acuerdo con la modernización del Código Minero, pero anunció su voto negativo al proyecto oficialista como una señal de alerta. Asimismo, destacó la importancia de mantener licencias sociales para futuras modificaciones de leyes ambientales y advirtió sobre posibles intenciones de modificar la Ley 7722 en el futuro.

A su vez, el senador Armando Magistretti manifestó su desacuerdo con la figura de la autoridad minera propuesta en el proyecto, la eliminación de la Ley 3790 que crea la Dirección de Minería, y la participación de una empresa en el sector sin claridad sobre su naturaleza estatal o privada. En este sentido subrayó la necesidad de generar confiabilidad tanto para los ciudadanos mendocinos como para los inversores, para evitar pasivos políticos y sociales como los dejados por gobiernos anteriores.

El senador Martín Kerchner Tomba expresó su preocupación por la falta de avances en la legislación minera, destacando la necesidad de dar pasos concretos hacia una minería sustentable. Señaló que, aunque todos están de acuerdo en teoría, al momento de votar surgen dudas y resistencias. Por ello destacó la importancia de modernizar un código arcaico que lleva 79 años vigente y enfatizó la necesidad de incorporar conceptos como la protección ambiental.

Por otro lado, el senador Germán Vicchi, líder del bloque de la Unión Mendocina, cuestionó la propuesta de crear la empresa estatal Impulsa y criticó la gestión de empresas públicas como EMESA. En este punto enfatizó la importancia de la transparencia y la competencia en el sector minero y expresó su desconfianza hacia las intenciones del gobierno. Por todo esto fue que informó que desde su espacio elaboraron un proyecto alternativo.

La sesión culminó con las palabras de la jefa del bloque oficialista Natacha Eisenchlas, quien resaltó la importancia de modernizar el Código Minero para poner a Mendoza en sintonía con las principales fuentes de crecimiento y empleo a nivel mundial. En su discurso, hizo hincapié en la necesidad de un enfoque sostenible, responsable y con participación ciudadana en la actividad minera.

Asimismo, la legisladora hizo referencia al potencial minero de Mendoza, especialmente en la zona de Malargüe, donde destacó la existencia de una licencia social para el desarrollo de la minería. Subrayó la importancia estratégica de la minería en el contexto global, mencionando la creciente demanda de minerales como el cobre y el litio en la transición hacia la electromovilidad y la energía renovable.

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