Tres diputados de diferentes partidos han presentado un proyecto de ley que busca señalar el 20 de junio como el «Día del ancla empobrecedora de Mendoza». Esta propuesta, aunque no deroga la Ley 7.722 que regula la minería metalífera en la provincia, busca criticar abiertamente su impacto en la economía local.
Los autores de la iniciativa son Gustavo Cairo, del bloque La Libertad Avanza; Guillermo Mosso, del PRO; y Jimena Cogo, de La Unión Mendocina. Los tres legisladores mantienen una postura pro minera, aunque Cogo votó en contra del nuevo Código de Procedimientos Mineros hace poco.
El artículo 1 del proyecto establece: «Nomínase al día 20 de junio como ‘Día del Ancla Empobrecedora de Mendoza’, en conmemoración a la sanción de la infausta ley 7.722, que impide desarrollar el potencial minero metalífero de Mendoza, fomentando la pobreza de su población».
Los legisladores argumentan que la Ley 7.722, sancionada el 20 de junio de 2007, ha tenido un impacto negativo en la economía de Mendoza, paralizando la actividad minera metalífera y alejando inversiones significativas que podrían haber desarrollado el sector. Según ellos, desde la implementación de la ley, no ha habido inversión en exploración minera en la provincia, en contraste con la vecina San Juan, que ha recibido inversiones millonarias en varios proyectos mineros.
«La primera decisión que tiene que tomar la sociedad mendocina es si quiere o no desarrollar su enorme potencial geológico y aprovechar esta fuente de empleos privados y recursos para las arcas estatales», declaran en el proyecto. Resaltan que mientras exista la ley, el desarrollo del sector minero seguirá estancado.
El proyecto también critica la prohibición del uso de ácido sulfúrico en la minería, una sustancia utilizada globalmente en la producción de cobre y uranio, y subraya que su uso está permitido en otras industrias dentro de la provincia.
Además, mencionan que la exigencia de que cada proyecto minero pase por la Legislatura para su aprobación final introduce un componente político que frena el desarrollo basado en criterios técnicos y económicos.
Los diputados firmantes respaldan las gestiones del gobierno provincial actual, liderado por Alfredo Cornejo, que ha intentado atraer inversiones mineras a Mendoza. «El actual gobierno provincial está haciendo esfuerzos por posicionar a Mendoza en el radar de los inversores, pero mientras tengamos esta ‘ancla empobrecedora’, se va a seguir retrasando el proceso de desarrollo de la actividad minera metalífera», afirman.
El debate sobre la Ley 7.722 sigue generando controversia en Mendoza, dividiendo opiniones entre quienes ven en la minería una oportunidad de crecimiento económico y quienes temen los posibles impactos ambientales. Este proyecto de ley agrega un nuevo capítulo a la discusión, proponiendo una medida simbólica para destacar lo que los legisladores consideran un error histórico en la política minera de la provincia.
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