Desde hacía tiempo, la gestión de Javier Milei venía cuestionando la cantidad de beneficiarios de pensiones no contributivas en discapacidad, movimientos dudosos y a gran escala generados por gobiernos anteriores. El viernes 19, finalmente dieron a conocer el esquema de corrupción presuntamente gestado durante los años kirchneristas, el cual ha vulnerado severamente los derechos de las personas con discapacidad.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, mostró durante su conferencia de prensa diaria el desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas fraudulentas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que se estima en 3.400 millones de dólares sólo en 2023. Tras las nuevas auditorías realizadas sobre pensiones por invalidez laboral, se encontraron «fraudes a gran escala», para los cuales incluso se habrían llegado a utilizar radiografías de perros.
Se estima que se produjo un desvío de fondos del 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad. Estos aumentos significativos en la emisión de pensiones por invalidez aparentemente falsas se dieron entre los años 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. El número de beneficiarios pasó de 80.000 a 1.050.000, una cifra sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales.
Con la llegada de Mauricio Macri al poder, se «planchó» la cantidad de beneficiarios e incluso hubo una leve caída. No obstante, bajo la gestión de Alberto Fernández (de 2019 a 2023), volvió a haber un gran incremento: la cifra se elevó hasta alcanzar las 1.250.000 pensiones.
Las investigaciones iniciadas por la actual administración revelaron casos de beneficiarios que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad, incluyendo a algunos con bienes como aviones, embarcaciones, más de un auto y múltiples inmuebles, así como personas que trabajaban.
Alrededor del 35% de los subsidios otorgados en estos años presentaron incompatibilidades, siendo el 5% del total (casi 60.000 pensiones) en condiciones de incompatibilidad por poseer bienes y trabajo. Mientras tanto, el otro 30% restante presentaba incompatibilidades médicas: encontraron radiografías que no eran de personas, sino de perros.
Se trataría de un mecanismo perverso que ha vulnerado gravemente los derechos de las personas con discapacidad, utilizándolas a costa de intereses ajenos. Todo el dinero que se debió invertir en esta área históricamente vulnerada fue a parar a otros sitios: beneficios y arreglos políticos.
A principios de este mes, la ANDIS pasó a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Salud a fin de manejarse de manera más estratégica, a pesar del rechazo que esto generó en el sector. Las investigaciones se estuvieron desarrollando también bajo esta cartera, aunque la denuncia ya fue presentada y está siendo encabezada por la Agencia, hoy presidida por Diego Orlando Spagnuolo.
Desde la Agencia confirmaron que la Justicia ya está investigando lo ocurrido, pero no avanzaba debido a que las gestiones anteriores no otorgaban información de sus registros. «Desde que asumimos, empezamos a brindar todos los datos a la Justicia y empezamos a auditar también nosotros en el marco de esas causas y de nuevos relevamientos y auditorías», explicaron.
Señalaron que, durante las gestiones kirchneristas, se habrían detectado que se otorgaron y gestionaron pensiones de manera irregular. El fiscal Guillermo Marijuan ya denunció a funcionarios de otras administraciones y, en paralelo, pidió iniciar las investigaciones pertinentes de la mano de otros fiscales que actuaron en distintos puntos del país donde tuvieron lugar dichos esquemas dudosos.
Te invitamos a que seas parte del grupo de WhatsApp de Ser y Hacer en donde sólo recibirás noticias, en ningún momento estará abierto, por lo que sólo te llegará lo que subamos a nuestra web. Te dejamos el link para que te puedas unir: https://chat.whatsapp.com/CxrWUOpPvfZBMIZF47q6EH
