Empresarios integrantes de la Multisectorial del Sur han presentado un recurso de reconsideración contra el decreto que ratificó la adenda firmada por el Poder Ejecutivo nacional y el gobernador Alfredo Cornejo para ampliar el destino de los 1.023 millones de dólares originalmente destinados a Portezuelo del Viento.
El abogado Enzo Orosito, miembro de la Multisectorial, señaló que el objetivo es «dejar sin efecto el decreto que le dio luz verde a Cornejo» y, por lo tanto, «dejar sin efecto la adenda». Mientras tanto, solicitan que se suspendan los efectos del decreto para que el gobernador de Mendoza no pueda disponer libremente de los fondos.
El presidente Javier Milei tiene 30 días hábiles para pronunciarse, tras lo cual los recurrentes podrán accionar judicialmente.
La Multisectorial del Sur y el reclamo por los fondos de Portezuelo
La Multisectorial del Sur, que recientemente encabezó una marcha multitudinaria en apoyo al intendente Omar Félix para que el Gobierno provincial siga financiando el sistema de lucha antigranizo, ha atacado otra decisión clave del gobernador Cornejo: la adenda para destinar los fondos de la Promoción Industrial a obras de infraestructura en toda la provincia, en lugar de la construcción del dique Portezuelo del Viento en Malargüe.
En el recurso administrativo dirigido al presidente Milei, argumentan que tienen un interés legítimo en que esos fondos se mantengan para inversiones en la zona.
Argumentos contra la adenda
La Multisectorial alega que el Congreso de la Nación no autorizó el cambio en el destino de los fondos, recordando que el convenio de 2006 entre Julio Cobos y Néstor Kirchner fue homologado por la Corte Suprema y pasó por el Congreso, que le otorgó presupuesto. Además, señalan que incumplir con aquel convenio también violaría la Ley del Coirco, que obliga a dar una cuota de agua a Mendoza para derivar a la cuenca del Río Atuel, lo cual requiere la construcción de un dique. No utilizar los fondos para la represa implicaría «tornar de incierto el cumplimiento» del fallo de la Corte que manda a Mendoza a darle agua a La Pampa.
Orosito indica que, de proceder la acción judicial, se pedirá investigar si este desvío de fondos podría constituir delitos como malversación de fondos o incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El objetivo final: Construcción de un dique
Los empresarios buscan que los fondos se destinen a la construcción de Portezuelo del Viento u otro dique alternativo con parte de los 1.023 millones de dólares. «Queremos una decisión a tiempo de quien firmó el decreto (Milei) porque si va a la Justicia, el tema pierde fuerza y actualidad», afirmó Orosito.
Concretamente, piden que la adenda se deje sin efecto y que los fondos queden en el Sur para la construcción de un dique, proponiendo destinar 800 millones de dólares a este proceso y abrir la posibilidad a ofertas alternativas que incluyan el trasvase. «Hay obligación de hacer la obra por ley y por fallos de la Corte», expresó Orosito con firmeza.
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