El fiscal de Estado, Fernando Simón, rechazó las denuncias presentadas contra el proyecto de Malargüe Distrito Minero Occidental, que cuestionaban la decisión de realizar un estudio de impacto ambiental conjunto para 34 proyectos mineros en la región. Las denuncias, según Simón, resultan prematuras y no justifican intervención judicial en este momento.
El conflicto se originó después de que la empresa estatal Impulsa Mendoza y la Dirección de Minería solicitaran a la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo la realización de un estudio técnico sobre el impacto ambiental del distrito minero. A raíz de esta solicitud, llegaron a la Fiscalía de Estado varias denuncias que ponían en duda la legalidad y transparencia del proceso.
Una de las denuncias fue presentada por Eduardo Sosa, ex funcionario de Ambiente, quien argumentó que el estudio solicitado no cumplía con la normativa vigente al no describir adecuadamente el proyecto ni el ecosistema afectado. Además, criticó que el análisis se basara en una simulación de combinaciones de hasta 8 proyectos de un total de 34, sin considerar las particularidades de cada uno.
Otras dos denuncias también llegaron a la Fiscalía, una de ellas respaldada por 24 firmas, cuestionando la decisión de realizar un único informe de impacto ambiental para todos los proyectos mineros en lugar de estudios específicos para cada uno. Según los denunciantes, esto comprometería la integridad del proceso de evaluación y el acceso a la información pública.
En respuesta, Fernando Simón presentó un informe de 30 páginas en el que refutó punto por punto los planteos de los denunciantes. Afirmó que la resolución que dio inicio al estudio de impacto ambiental fue publicada el 31 de julio en el Boletín Oficial, cumpliendo con lo estipulado en el decreto 820/06. Además, detalló que cada uno de los 34 proyectos presentados cuenta con su respectivo informe, disponible para consulta pública.
Simón también defendió el acceso a la información y la transparencia del proceso, destacando que se han implementado diversas medidas para facilitar la participación ciudadana. Citó los talleres de participación desarrollados en Malargüe y mencionó que se están utilizando herramientas tecnológicas para asegurar el acceso remoto y el seguimiento efectivo de la actividad administrativa.
Sobre las preocupaciones ambientales, Simón reconoció que dentro del área del distrito minero se encuentran zonas protegidas como Cavernas de las Brujas, Castillos de Pincheira y la Estación Malargüe. No obstante, aseguró que según el informe de la Dirección de Minería, ninguno de los proyectos se superpone con estas áreas, y que cualquier divergencia será evaluada por el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (Iadiza) y las autoridades de Áreas Protegidas.
En sus conclusiones, Simón insistió en que las denuncias eran prematuras porque se refieren a un procedimiento de impacto ambiental que aún está en curso, sin que se hayan completado los informes técnicos ni se hayan recepcionado las observaciones ciudadanas derivadas de las instancias de participación. Por ello, subrayó que no se pueden encuadrar como situaciones justiciables en este momento.
El fiscal de Estado dejó en claro que continuará monitoreando el desarrollo del proceso, pero consideró que, hasta ahora, no hay elementos suficientes para avanzar judicialmente contra el proyecto de Malargüe Distrito Minero Occidental.
Para hacerte llegar lo que pasa en Malargüe y en la provincia de manera personal, te invitamos a que seas parte del grupo de WhatsApp de Ser y Hacer en donde sólo recibirás noticias, en ningún momento estará abierto, por lo que sólo te llegará lo que subamos a nuestra web. Te dejamos el link para que te puedas unir: https://chat.whatsapp.com/HtBckzLubhR57FuvLfq3ZX
