El Gobierno nacional de presidente Javier Milei ha puesto en marcha una auditoría sobre los comedores comunitarios y merenderos que fueron administrados por movimientos sociales y piqueteros durante la gestión de Alberto Fernández. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), organismo que depende de la Casa Rosada, será la encargada de revisar los registros del Registro Nacional de Comedores y Merenderos (ReNaCoM).
Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, denunció ante la Justicia que gran parte de los comedores preinscriptos no existían, pero aún así seguían recibiendo alimentos adquiridos con fondos públicos. Según los informes internos del Ministerio, solo el 7% de los comedores rinde cuentas de la millonaria asistencia en alimentos que reciben para distribuir entre la población necesitada.
Entre febrero y mayo de 2024, el Gobierno verificó 3.385 comedores y merenderos en todo el país. De ese total, el 47,5% nunca funcionó o dejó de operar, mientras que el 27% presentaba datos falsos, como direcciones inexistentes o información incorrecta. Esta situación refleja serias irregularidades en la gestión de los programas sociales durante la administración kirchnerista.
El Gobierno actual, bajo la gestión de Javier Milei, ordenó a la SIGEN auditar exhaustivamente los programas heredados del ex Ministerio de Desarrollo Social. Entre las fallas detectadas se encuentran la falta de un mapa de riesgo nutricional, problemas en la entrega de la Tarjeta Alimentar y deficiencias en la asistencia a los comedores. Las irregularidades detectadas han dado lugar a investigaciones judiciales por presunto deseo de alimentos a comedores inexistentes, lo que ha generado preocupación por el destino de la ayuda que debía llegar a los sectores más vulnerables.
En varias causas judiciales que se tramitaron en Comodoro Py, se está investigando el envío de alimentos que, en teoría, debían ser entregados a comedores registrados. Las organizaciones sociales involucradas y las ex autoridades encargadas del control también están siendo investigadas por su respuesta.
El Gobierno está convencido de que millas de kilos de alimentos fueron desviados para otras multas, como el desarrollo territorial de las organizaciones sociales o la movilización de personas en marchas y piquetes. Esta auditoría busca arrojar luz sobre una problemática que afectó a muchas familias que dependían de estos alimentos para su subsistencia.
Las auditorías previas de SIGEN también señalan fallas en el seguimiento de los proyectos, la falta de controles en la entrega de alimentos y problemas recurrentes en la rendición de cuentas. Estas falencias expusieron una grave falta de trazabilidad en la distribución de alimentos, que eran gestionados principalmente por movimientos sociales alineados con el anterior gobierno.
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