El Senado provincial aprobó un proyecto de ley que modifica aspectos centrales de la Ley de Defensa del Consumidor. La iniciativa, impulsada por la exsenadora Gabriela Testa, tiene como objetivo principal permitir que la Dirección de Defensa al Consumidor ejecute las multas de manera inmediata, independientemente de los recursos legales que presenten los proveedores o empresas infractoras. Este cambio busca evitar las demoras en los procesos administrativos y asegurar una respuesta más rápida en beneficio de los consumidores.
El presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, el senador Walther Marcolini, explicó los detalles de la propuesta. Este proyecto busca modificar los artículos 41 y 42 de la Ley Nº 9.314, con el fin de evitar los plazos dilatorios que pueden surgir en las distintas etapas recursivas, sin perjudicar el derecho a la defensa de quienes son afectados por las sanciones.
Cuando la iniciativa llegó con media sanción a la Cámara de Diputados, se consideró conveniente también modificar la Ley Nº 5.547, que establece la legislación provincial de fondo. En particular, se propuso reformar el artículo 61 para establecer un mecanismo claro de distribución de los recursos que se generan a través de las multas.
El esquema de distribución planteado por el proyecto establece que el 50% de los fondos recaudados será destinado a los municipios que hayan firmado convenios con la Dirección de Defensa del Consumidor y que sean los originadores de las multas, mientras que el otro 50% se utilizará para fortalecer la Dirección. Este fortalecimiento se enfocará en la modernización tecnológica, la capacitación del personal y la difusión de los derechos de los consumidores.
Además, la Dirección tendrá una cuenta habilitada que le permitirá gestionar los recursos recaudados y, en los casos en que una multa sea revocada, también tendrá la responsabilidad de devolver los montos cobrados de manera indebida.
Marcolini explicó que, según el proceso constitucional, cuando un proyecto de ley regresa en segunda revisión a la Cámara de origen, la opción es aceptar o rechazar las modificaciones introducidas por la Cámara revisora. En este caso, se consideraron pertinentes las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados, y por ello el Senado aprobará el proyecto con los cambios incorporados.
El senador Armando Magistretti, del bloque Partido Demócrata/La Libertad Avanza, adelantó el voto negativo de su bloque, resaltando las características principales del proyecto en tratamiento. Magistretti expresó que no comparte los cambios propuestos en la iniciativa.
Los legisladores Dugar Chappel (Partido Verde) y Germán Vicchi (LUM) también participaron del debate, manifestando su postura respecto a las modificaciones y adelantando sus votos negativos.
Por su parte, la jefa de bloque del Partido Justicialista, Adriana Cano, señaló que la propuesta no responde a una verdadera defensa del consumidor, sino que la calificó como una iniciativa “meramente recaudatoria”. Ante esta postura, adelantó que su bloque votaría negativamente.
En contraste, la presidenta del bloque de la UCR, Natacha Eisenchlas, defendió la propuesta, destacando que no fue enviada por el Poder Ejecutivo, sino que fue presentada por la exsenadora Gabriela Testa. Eisenchlas afirmó que desde el oficialismo se apoyará la media sanción de la Cámara de Diputados, asegurando el voto afirmativo de su bloque.
Otro de los puntos principales del proyecto está vinculado a la ejecución de las multas no será suspendida por la interposición de recursos. De este modo, las empresas infractoras deberán abonar las sanciones mientras siguen adelante con su proceso de apelación, lo que garantizará que las multas se hagan efectivas en un plazo razonable. Esta medida apunta a evitar que las empresas utilicen los recursos administrativos como una estrategia para dilatar el cumplimiento de las sanciones.
El régimen jurídico actual exige que las sanciones administrativas adquieran firmeza antes de su ejecución, lo que ha generado demoras en la aplicación de las multas. La nueva redacción de la ley busca corregir esta situación, permitiendo que las sanciones se ejecuten de inmediato sin obstaculizar el derecho de defensa de las empresas, ya que estas podrán continuar con su apelación, pero con la multa ya abonada.
La ejecución inmediata de las sanciones está fundamentada en la necesidad de proteger los derechos de los consumidores y de garantizar que las infracciones tengan consecuencias reales y disuasorias. Este mecanismo ya es utilizado en otras normativas provinciales, como la Ley de Tránsito N°9024, que permite la ejecución inmediata de multas sin suspender el proceso de apelación.
El proyecto que fue aprobado por el Senado deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo, para que se permita un control más efectivo sobre las empresas que incumplan con los derechos de los consumidores, brindando mayor seguridad jurídica y agilidad en la resolución de los casos.
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