Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Economía, Minería, Energía e Industrias, y Ambiente y Recursos Hídricos dieron un paso crucial en la ratificación legislativa de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de 34 proyectos de exploración minera en el Malargüe Distrito Minero Occidental. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca asegurar la viabilidad de estas iniciativas bajo un marco de desarrollo sostenible y regulado.

En la reunión participaron la vicegobernadora Hebe Casado, legisladores de ambas Cámaras y varios funcionarios clave. Entre ellos estuvieron Jerónimo Shantal, director de Minería; Leonardo Fernández, director de Protección Ambiental; y Nuria Ojeda, subsecretaria de Ambiente. Además, por videoconferencia se sumó Augusto Roggiero, decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), para ofrecer una perspectiva académica sobre el proyecto.

Según los funcionarios, las Declaraciones de Impacto Ambiental fueron aprobadas tras cumplir con las normativas legales y técnicas vigentes. El proceso incluyó una audiencia pública en Malargüe, con la participación de 328 personas, de las cuales 258 se manifestaron a favor y 70 en contra. También se realizaron talleres participativos, visitas abiertas a la comunidad y se puso a disposición del público toda la documentación relevante en los portales web de la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental.

34 proyectos mineros bajo análisis

En el proyecto remitido por el Ejecutivo, se incluyen las DIAs de 34 proyectos de exploración, todos ellos ubicados en el departamento de Malargüe.

Se trata de: EI Seguro; Campeones; Canillitas; Conejera; Dibu; Fideo; Hechicera; La Herradura; La Pechera; Los Azulejos; Mate Amargo; Mochileros; Papu; Pehuenche Oriental; Vecindario; Los Galgos; Las Arañas; Las Estrellas; La Meli; Elena; EI Perdido; Cerro de la Virgen; Merlot – Sirah; EI Toro; Porticos; Malbec; Calmuco; EI Montón; Los Carrizos; Minue; Riesling; Valenciana; Lego y Huemul.

Monitoreo comunitario y transparencia en los procesos

Leonardo Fernández, director de Protección Ambiental, destacó la importancia del monitoreo comunitario. “Queremos que la comunidad participe activamente en las auditorías y en la fiscalización de los proyectos, para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales”, señaló. Además, subrayó que la Autoridad Ambiental Minera (AAM), compuesta por la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental, será la encargada de evaluar los Informes de Impacto Ambiental (IIA) y garantizar el control adecuado de las actividades mineras.

Los funcionarios recalcaron que Mendoza ha suscrito al EITI (Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas), lo que refuerza el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el sector minero. La creación de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), un organismo interdisciplinario único en el país, fue otro de los puntos destacados por Jerónimo Shantal. “Esta unidad permitirá realizar inspecciones conjuntas y evaluaciones detalladas de los proyectos, garantizando un control más efectivo”, explicó.

Sostenibilidad y respaldo académico

Durante su intervención, Augusto Roggiero, decano de la UNCuyo, resaltó la importancia del enfoque responsable en la minería. “La participación de la universidad en la UGA garantizará un seguimiento riguroso de los proyectos, asegurando que se cumplan los planes de manejo ambiental y social”, afirmó. Roggiero subrayó que la UNCuyo promueve una minería sostenible, que no solo impulse el desarrollo económico, sino que también respete el medioambiente y las comunidades locales.

Asimismo, los funcionarios explicaron que cada uno de los 34 proyectos cuenta con planes de manejo específicos que fueron incorporados en las Declaraciones de Impacto Ambiental mediante las resoluciones conjuntas de la AAM. Estos planes incluyen medidas de mitigación ambiental, programas de monitoreo y protocolos para la protección de los recursos naturales y culturales.

Próximos pasos legislativos

La ratificación legislativa de estas DIAs es fundamental para que los proyectos puedan avanzar hacia la fase de exploración. El cumplimiento del marco regulatorio, que incluye la Ley Provincial 7722 y el Acuerdo de Escazú, garantiza que las actividades se desarrollen bajo estrictos estándares ambientales. Además, se destacó que la legislación exige la actualización de las DIAs cada dos años o cuando surja un hecho nuevo, reforzando así la vigilancia sobre los impactos.

El proyecto ahora pasará a ser debatido en ambas Cámaras de la Legislatura para su aprobación definitiva. De ser ratificado, el Malargüe Distrito Minero Occidental se consolidará como un polo de exploración estratégica para la provincia, abriendo nuevas oportunidades económicas bajo un esquema de gobernanza responsable.

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