El director de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente, Jerónimo Shantal, el intendente de Malargüe, Celso Jaque, el CEO de Impulsa Mendoza, Emilio Guiñazú y Augusto Roggiero, decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo (FACAI), dieron su visión sobre la formación ubicada en el centro-sur del departamento de Malargüe que tiene una superficie de casi 20.000 km2 y un enorme potencial en cobre y otros minerales esenciales para la transición energética.

Durante la ponencia, se destacó que los trabajos incluyen el análisis de todos los cursos de agua para constatar el cuidado del recurso y que los métodos actuales de exploración y explotación se pueden desarrollar en el marco de la Ley 7722,

Jaque destacó el compromiso de avanzar en una actividad minera sostenible en Mendoza, señalando que esta decisión responde a la oportunidad de desarrollar el potencial del Departamento de Malargüe, históricamente vinculado a la minería.

“Hemos dado los primeros pasos en un camino que no ha sido fácil, pero que nos otorga una gran responsabilidad, tanto al gobierno provincial como al municipal, para demostrar que la minería puede hacerse de manera responsable y sostenible, con controles estrictos”, afirmó.

El intendente subrayó que Malargüe cuenta con 60 años de historia en educación técnica minera y formación de recursos humanos altamente calificados. “Sin embargo, muchos de estos jóvenes han debido emigrar para trabajar en otras provincias como Salta, Jujuy o Catamarca”, ilustró.
“Esta iniciativa permite no solo generar empleo local, sino también demostrar que la política puede transformar las oportunidades en realidades, siempre con responsabilidad y sostenibilidad como ejes fundamentales”, concluyó.

Por su parte, Jerónimo Shantal profundizó sobre las reformas implementadas en Mendoza para agilizar y transparentar los procesos relacionados con la minería. “Detectamos que el tiempo promedio de concesiones legales y ambientales oscilaba entre 10 a 15 años, lo cual dificultaba atraer inversores. Por ello, trabajamos en un nuevo código de procedimientos modelo”, explicó.

Este marco incluye responsabilidad social, vinculación comunitaria y buenas prácticas. Además, se fortaleció la policía minera, otorgándole facultades para vigilar y sancionar y equipamiento específico. “El control genera confianza, la confianza genera credibilidad, y eso es licencia social, nuestra mayor prioridad en Mendoza”, afirmó.

La reforma también abarcó la parte ambiental mediante la Ley 9003, que integra economía procesal, celeridad y transparencia. “Logramos procesar 34 informes de impacto ambiental simultáneamente, dentro del marco de la ley y con seguridad jurídica, otorgando confianza a inversores y a la comunidad”, concluyó Shantal.

Desde Impulsa Mendoza, el instrumento creado por la provincia de Mendoza para el desarrollo de la minería sostenible de forma ordenada y con inversiones genuinas, Guiñazú explicó el origen y el trabajo que se desarrolla.

“Nació cuando el gobierno decidió dejar de lamentarse por lo que no podíamos hacer y enfocarnos en lo que sí era posible. Así, comenzamos por poner en valor el proyecto Potasio Río Colorado, en Malargüe, el más grande de Argentina, que estaba abandonado”, afirmó.

“El equipo negoció con la empresa Vale, recuperó activos y buscó nuevos inversores. Este enfoque estratégico permitió consolidar la iniciativa, enfocándose luego en Malargüe, una zona con fuerte vocación minera, recurso humano capacitado y gran potencial geológico”, destacó.

Además, el concepto de Malargüe Distrito Minero Occidental surgió como respuesta a los mercados internacionales, que demandaban procesos más ágiles para la obtención de licencias ambientales. “Con un trabajo técnico y legal profundo, diseñamos una herramienta que acelerara el desarrollo de proyectos respetando el marco normativo de Mendoza”, aseguró Guiñazú.

“Con esta estrategia, Impulsa marcó un antes y un después para la minería en la provincia, generando confianza y atrayendo inversiones clave”, cerró.

Augusto Roggiero, decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo, enfatizó que la participación del ámbito académico en los procesos mineros es iniciativa de las autoridades mineras del Gobierno de Mendoza.

Roggiero destacó el compromiso de la UNCuyo en garantizar procesos sostenibles y transparentes en la minería mendocina. “Nuestra responsabilidad institucional es asegurar que el ambiente sea protegido y que los desarrollos estén alineados con la normativa vigente, pero también con un enfoque propositivo”, señaló.

Roggiero enfatizó la colaboración entre la universidad, el Estado y las empresas, mencionando la formación de un clúster minero junto con el INTI y actores del sector privado. “Este modelo promueve sinergias para desarrollar tecnologías aplicadas a proyectos como las Salinas del Diamante y Mina San Jorge”, explicó.

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