El Tribunal de Gestión Asociada de Mendoza, a través de la jueza María Angélica Gamboa, rechazó una medida cautelar presentada por Eduardo Sosa y la Fundación Cullunche para detener 34 proyectos de exploración minera en el distrito Malargüe.
Los demandantes alegaban posibles daños ambientales irreparables, pero la magistrada concluyó que no existen pruebas suficientes para sustentar la acusación.
En su resolución, Gamboa afirmó que el proceso de evaluación ambiental de los proyectos se realizó según las normativas vigentes. Los informes de impacto ambiental (DIA) fueron aprobados y ratificados mediante la Ley 9.588/24, lo que habilita a las empresas a continuar sus actividades en el denominado Malargüe Distrito Minero Occidental durante el verano.
Argumentos legales y respaldo técnico
La jueza señaló que las denuncias carecen de sustento probatorio y apuntan más a cuestionar los criterios de valoración empleados por las autoridades competentes que a la legalidad del proceso. Además, los demandantes admitieron que las actividades corresponden a exploraciones de bajo impacto ambiental, reguladas por el decreto 820/60, lo que simplifica los trámites necesarios.
Sobre los supuestos daños ambientales, Gamboa destacó que las acusaciones fueron genéricas y sin evidencia concreta. Recordó, además, que las actividades están sujetas al monitoreo de una Unidad de Gestión Ambiental multisectorial, con capacidad de modificar o revocar autorizaciones ante posibles incumplimientos.
El debate continúa
Aunque la medida cautelar fue desestimada, el proceso judicial seguirá con la evaluación de la posible inconstitucionalidad de la Ley 9.588/24. Paralelamente, otras 29 iniciativas mineras en la región permanecen bajo análisis en procesos de evaluación ambiental.
La minería en Mendoza avanza en un contexto de debate intenso sobre su impacto ambiental y su importancia para el desarrollo económico provincial. La resolución reafirma el respaldo institucional a la actividad minera, mientras persisten las tensiones entre actores ambientales y sectores productivos.
Fuente: Memo
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