La diputada provincial por La Unión Mendocina, Jimena Cogo, presentó un proyecto de ley con el objetivo de garantizar la disponibilidad de sueros antiofídicos y antídotos para picaduras de arácnidos venenosos en los centros de salud rurales de la provincia.
La iniciativa surge a partir de la preocupante cantidad de casos de envenenamiento registrados en Mendoza, especialmente en el sur provincial.
Según datos del Ministerio de Salud, en 2022 se notificaron 177 casos de envenenamiento por animales ponzoñosos en la provincia, de los cuales el 93% correspondieron a accidentes con arácnidos, el 4% a serpientes y el 3% a alacranes. El departamento de San Rafael concentró el 41% de estos casos, seguido por Las Heras y Maipú. Sin embargo, la centralización de los antídotos en los hospitales Lencinas, Central y Schestakow ha generado dificultades para quienes residen en localidades más alejadas.
El proyecto de Cogo destaca la vulnerabilidad de los habitantes de General Alvear y Malargüe, ubicados a 90 y 180 kilómetros del Hospital Schestakow, respectivamente. Además, resalta que los caminos rurales en el sur mendocino no siempre se encuentran en buen estado, lo que complica el acceso rápido a la atención médica en casos de emergencia.
Entre las medidas propuestas en la ley, se incluye la obligación de contar con un stock mínimo de antídotos en los centros de salud rurales, la capacitación del personal sanitario para el manejo de estos casos, y la creación de un mapa actualizado de las zonas con mayor riesgo. También se prevé la realización de campañas de prevención y concientización dirigidas a la población.
El financiamiento del programa provendría del presupuesto del Ministerio de Salud de Mendoza, con la posibilidad de recibir aportes de organismos nacionales e internacionales. Asimismo, se invita a los municipios a adherir a la iniciativa para fortalecer su implementación.
Cogo subrayó la importancia de este proyecto en un contexto de aumento de temperaturas y cambio climático, factores que favorecen la proliferación de especies venenosas y, por ende, incrementan los riesgos para la población. Con esta propuesta, la legisladora busca garantizar una respuesta rápida y efectiva ante casos de envenenamiento, protegiendo la vida de los mendocinos que residen en zonas rurales.
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