A través del ahora ex Programa de Fortalecimiento Comunitario, que dependía del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) los gobiernos de Néstor, Cristina Kirchner y Alberto Fernández le giraron subsidios a comunidades mapuches por unos 1.200 millones de pesos (cifra actualizada).
De ese total la agrupación Malalweche de Malargüe, Mendoza, que nuclea a más de 20 comunidades recibió $380.000.000 (trescientos ochenta millones de pesos). Gabriel Jofré es werkén y vocero de esa agrupación.
Entre esas comunidades que integran la agrupación Malalweche figuran las tres que el vocero presidencial Manuel Adorni calificó de “terroristas” y a las cuales el gobierno de Javier Milei decidió revocar la cesión de más de 25 mil hectáreas estratégicas ubicadas en la provincia de Mendoza y que las dos últimas administraciones kirchneristas le habían cedido. Se trata de: Lof El Sosneado; Lof Limay Kurref y Lof Suyai Levfv”. Desde la casa Rosada aseguraron que esas comunidades, con parte del dinero que el Estado les giraba en concepto de subsidios que se debían “rendir” pero no “reintegrar” contrataban a los abogados nucleados en la Asociación de Abogados y Abogadas Indígenas (AADI) para que litiguen por la supuesta propiedad de las tierras ancestrales contra el propio Estado.
Las millonarias cifras giradas a través del programa creado por la ex ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, en 2004 -cuando el INAI estaba bajo la órbita de esa cartera- figuran en la documentación a la que accedió Infobae y que es prolijamente analizada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas bajo la supervisión de su titular, Claudio Avruj, ex Secretario de Derechos Humanos del Gobierno de Mauricio Macri.
El titular del INAI calificó el programa dado de baja a través de la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial como una “obscenidad” y denunció que los subsidios fueron utilizados “para litigar contra el Estado”. Para Avruj, el esquema “se convirtió en una vía de financiamiento para organizaciones que contrataban abogados para reclamar tierras.”
El funcionario nacional también recordó que el gobierno de La Libertad Avanza denunció a Alejandro Marmoni titular del INAI en la gestión de Alberto Fernández por diversas irregularidades detectadas. Al ser consultado sobre el cuestionado Programa de Fortalecimiento Comunitario precisó: “Fue un programa que fue creado 20 años atrás cuando el INAI estaba en Desarrollo Social de Alicia Kirchner. Se dieron subsidios a muchísimas organizaciones: la cultura del subsidio. Tenía por finalidad que reciban dinero para poder contratar abogados para poder defenderse ante distintas situaciones. Ese programa nunca cumplió su objetivo y se lo convirtió fue en una sesión de dinero del Estado Nacional para que las comunidades contrataran abogados que terminan litigando contra el Estado”.
Avruj también denunció que: “Se gastaron unos 1.200 millones y esto fue a lo largo de todos los gobiernos kirchneristas. También hemos denunciado penalmente al ex vicepresidente del INAI durante el gobierno de Alberto Fernández -Luis Pilquimán- porque se auto adjudicó un subsidio de seis millones de pesos para fortalecimiento de su comunidad la lof Wefu Wecu, del paraje Cerro Alto, en el departamento de Pilcaniyeu. El dinero ingresó en su cuenta personal. Él lo firmó y que nunca se rindió, ni hay obras que demuestren en que se utilizaron esos fondos”.
En una resolución que lleva la firma Avruj, se declaró la caducidad del subsidio “no reintegrable” que tenía fecha del 29 de diciembre de 2022, y se intimó a que en 10 días Luis Pilquimán a reintegrarle al Estado Nacional el subsidio que él mismo se otorgó por $5.955.000. En caso de incumplimiento, destaca la resolución se le iniciarán “las acciones civiles y penales que correspondan”.
Ya en el año 2020, y cuando la titular del INAI era la ex senadora rionegrina Magdalena Odarda, Pilquimán fue sorprendido cuando trasladaba a una familia a la usurpación que mantenía una comunidad mapuche en Villa Mascardi y ofreció abonar $100.000 al Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche y realizar tareas comunitarias para evitar una condena por el delito de malversación de fondos públicos.
“Se disfrazaban de indígenas”
Días pasados, desde la Casa Rosada, Manuel Adorni realizó varios anuncios de trascendencia, entre ellos la eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario, que otorgaba subsidios a comunidades indígenas para asesoramiento legal en conflictos territoriales. La medida fue dispuesta a través de la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial.
«Se permitía que quienes se disfrazaban de indígenas, contactaran abogados para que los representen en conflictos, principalmente en temas que tienen que ver con reclamos por tierras», denunció el vocero residencial Manuel Adorni
Según el Gobierno de Javier Milei, la decisión responde a la necesidad de optimizar los recursos del Estado y al hallazgo de deficiencias en la ejecución del programa, señaladas en auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
También anunció que “el Gobierno nacional dio de baja 3 resoluciones, que contemplaban la sesión de tierras – en Mendoza – a los grupos pseudomapuches Lof El Sosneado; Lof Limay Kurref y Lof Suyai Levfv” a los que el funcionario calificó de “terroristas”. Las dos medidas tuvieron amplia repercusión pública. Sin embargo, Adorni vinculó a la eliminación del programa del INADI un hecho que pasó casi inadvertido: a través de él “(se) permitía que quienes se disfrazaban de indígenas, contactaran abogados para que los representen en conflictos, principalmente en temas que tienen que ver con reclamos por tierras. Así estos tres grupos contaban con representación jurídica, financiada a través del gasto público, es decir el Estado financiaba abogados, que actuaban en contra de su propia soberanía.
El programa, creado en 2004, tenía como objetivo financiar defensas judiciales, asesoramiento legal y contable, capacitación jurídica y ejecución de mensuras para consolidar la posesión de tierras de las comunidades indígenas y avanzar en la propiedad comunitaria. Sin embargo, informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) indicaron que el plan presentaba desvíos y falta de registros sobre su impacto, lo que llevó a su eliminación.
“El dinero de los subsidios iban a las comunidades, no a las asociaciones de abogados que contrataban los pseudomapuches para que litiguen contra el Estado. Eran ellos los que pagaban, por ejemplo, a la Asociación de Abogados y Abogadas Indígenas. Esa plata debía ser rendida, como cualquier subsidio, pero no lo hacía y así lo determinó la SIGEN”, explicaron a Infobae desde Casa de Gobierno.
El funcionario hacía referencia a al Informe de Auditoria N° 11/2023 UAI-INAI “DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS – ASESORÍA JURÍDICA” SISAC N° 14 de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) el cua destaca:
-Observación N° 1: “En relación con el Programa de Fortalecimiento Comunitario, el Programa no cuenta con una herramienta de registro y sistematización de la información que permita identificar y cuantificar la intervención del área en los conflictos en las distintas provincias, su articulación con organismos provinciales o nacionales, su vinculación con causas judiciales o con solicitudes de subsidios no reintegrables de Fortalecimiento Comunitario”.
-Efecto: Ausencia de registros que permitan cuantificar el cumplimiento de los objetivos del organismo. Falta de documentación respaldatoria de las acciones llevadas a cabo por al área de Gestión Territorial.
-Hallazgos: En relación con el Programa de Fortalecimiento Comunitario, continúa presentando debilidades en el seguimiento de los convenios de servicios jurídicos. Respecto de los conflictos de las comunidades indígenas, los registros utilizados para su seguimiento no resultan suficientes.
Luis Pilquimán, el segundo de Magdalena Odarda en el INAI, se otorgó un subsidio para su comunidad y nunca lo rindió. Fue condenado por trasladar a usurpadores de tierras en una camioneta oficial
La Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina fundada entre otros por el ex líder Montonero -ya fallecido- Roberto “Pelado” Perdía y que en la actualidad preside otro ex líder de esa organización guerrillera Eduardo “El Negro” Soares son defensores de líderes referentes mapuches, como Jones Huala o a la tía de este María Isabel Nahuel entre otros como los familiares de Rafael Nahuel asesinado en noviembre del 2017, en el marco de un desalojo de la comunidad originaria de Villa Mascardi que estuvo a cargo de una patrulla del Grupo Albatros de Prefectura Naval Argentina.
Sin embargo, en diálogo con este medio, la abogada María del Rosario Fernández, integrante de La Gremial, negó que su organización haya recibido dinero, a través de sus defendidos del Fondo de Fortalecimiento Comunitario. “Nosotros no tenemos mucho que aclarar respecto de recibir fondos de nadie, ni del Estado en ninguno de los Gobiernos, ni de partidos políticos. Jamás la Gremial ha recibido ni dinero, ni viáticos ni pasajes por parte del Estado lo cual siempre consideramos como una de nuestras virtudes. Jamás les cobramos honorarios a ninguna comunidad de pueblos originarios. La Gremial ha sido convocada desde hace muchos años para asumir causas donde debimos viajar más de 2000 kilómetro y ha tenido y tiene la casi totalidad de las causas federales contra muchas comunidades Mapuche y/o sus dirigentes, cómo así varias causas provinciales”, afirmó la abogada Fernández.
“En su conferencia del 4 de febrero el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió a la quita de beneficios y subsidios a Comunidades de Pueblos originarios. Expresamente mencionó tres Comunidades Mapuche y “terroristas” (textual) de Mendoza, indicando que el Estado Nacional ha subsidiado y pagado a los abogados de esas Comunidades. La Gremial no ha tenido participación en la defensa de los integrantes de esas comunidades. Adorni, igual que muchos funcionarios de éste Gobierno habla y demoniza a ‘los abogados de los terroristas Mapuche’. Y esto es justamente la cuestión principal”, expreso.
En paralelo a la eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario Manuel Adorni adelantó que el Gobierno declarará como organización terrorista a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). “Estas medidas son en defensa de todos los argentinos y en contra de aquellos que no respetan la bandera argentina y quieren apropiarse de nuestro territorio. Hace unos días, el terrorista Jones Huala dijo, y lo voy a citar textual: ‘reivindico los sabotajes y los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista, de las transnacionales de los terratenientes’. Una muestra que – claramente – pinta de cuerpo entero al enemigo, que tenemos frente nuestro”, relató Adorni.
Y opinó: “Este es el legado – en definitiva – de la doctrina zaffaronista, promovida por la gestión anterior y por sectores de la actual oposición, que no respetan la vida, que no respetan la propiedad y que no respetan, por supuesto, tampoco la libertad. Durante mucho tiempo, los argentinos vivimos en un desorden, pero ese país se terminó. Hoy la defensa de la propiedad es un principio inclaudicable y en nuestro territorio la única bandera que flamea es la bandera argentina. Además, les cuento también que se va a declarar organización terrorista a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). El Ministerio de Seguridad Nacional (a cargo de Patricia Bullrich) ya está trabajando en el expediente”, apuntó.
Fuente: Infobae
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