“Mi papá murió tras una diálisis y nadie investiga”, denunció Luciana Villegas, hija de un paciente fallecido en febrero de este año luego de recibir tratamiento en el centro de hemodiálisis de Malargüe. La joven pidió justicia hoy, durante su exposición en la banca del ciudadano del Concejo Deliberante, donde también reveló que el establecimiento sanitario no contaría con habilitación formal y que existirían, al menos, ocho casos similares entre noviembre y febrero.

Carlos “Cacho” Villegas, como lo conocían sus amigos, fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica en agosto de 2024 y desde entonces recibía hemodiálisis. El 18 de enero asistió al tratamiento como lo hacía tres veces por semana, pero durante la sesión presentó un episodio de vómitos y descompensación. Según relató su hija, fue derivado a su domicilio sin aviso a sus familiares ni indicaciones precisas, más que guardar reposo.

Durante los días siguientes, el paciente empeoró. El 21 de enero fue internado de urgencia y trasladado a terapia intensiva, donde permaneció 21 días hasta fallecer el 9 de febrero. Luciana aseguró que su padre fue víctima de una infección intrahospitalaria y un shock séptico con fallo multiorgánico, presuntamente originado en el centro de diálisis.

La situación se volvió más inquietante cuando la familia advirtió que tres médicos que integran la sociedad propietaria del centro también estaban de guardia en el hospital al momento de la internación. “Nos pareció muy llamativo y no fue el único caso. Otros pacientes han sido derivados del centro a urgencias, atendidos por los mismos profesionales”, afirmó.

Según Villegas, su hermana —que es médica— y el equipo de abogados de la familia iniciaron una investigación informal que los llevó a presentar una solicitud formal ante el Ministerio de Salud el 24 de febrero, pidiendo una auditoría al centro. La misma presentación se hizo ante el PAMI, obra social con que contaba su progenitor. La respuesta oficial les confirmó que el establecimiento se encuentra “en proceso de habilitación”, pero no cuenta con habilitación definitiva.

La denuncia fue acompañada por la presencia de otros familiares en el recinto de deliberaciones de los concejales, personas que también perdieron a sus seres queridos en circunstancias similares. “Muchos comenzaron a comunicarse con nosotros. Esto es una situación sanitaria grave. ¿Cómo puede ser que nadie lo haya hecho público?”, cuestionó Villegas.

Además, criticó duramente la inacción estatal. “Nos violaron derechos como familiares y pacientes. Nos negaron la historia clínica, vulnerando la Ley de Derechos del Paciente y de Protección de Datos. No hubo auditorías en décadas”, expresó entre lágrimas. “Hoy seguimos viendo a los responsables circular como si nada. Mi papá ya no puede caminar por las calles que solía recorrer”.

Luciana también se solidarizó con otras familias afectadas, como la de María Celestina, fallecida en noviembre. Agradeció al Concejo Deliberante por haberla escuchado y exigió que la situación no quede en el olvido. “Para la provincia de Mendoza, Malargüe no existe. No tenemos neonatología, ni unidad coronaria. Y quieren hablar de minería, cuando ni siquiera nos pueden garantizar salud”.

Tras su presentación algunos ediles se solidarizaron con Villegas y reclamaron mayor compromiso del gobierno comunal y provincial con este tema.

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