José Gabriel Ferrero, en su carácter de vecino malargüino, denunció ante el Honorable Concejo Deliberante de Malargüe el destrato político y la discriminación que, según manifestó, sufre el departamento por parte del Gobierno de Mendoza. Solicitó que se reclame al gobernador, se informe públicamente a la comunidad y se recurra a organismos como el INADI y la Defensoría del Pueblo.
En una nota formal ingresada el 15 de mayo de 2025 a las 10:00, bajo el número de entrada 5989, Ferrero pidió al presidente del Concejo Deliberante, Rodrigo Hidalgo, y al cuerpo legislativo local, que intervengan de manera urgente ante lo que definió como una situación de “destrato político y discriminación” hacia Malargüe por parte del Gobierno provincial.
El firmante expuso su “malestar y preocupación” y criticó también lo que calificó como “mansedumbre y pasividad” por parte de las máximas autoridades municipales frente a esta situación.
Ferrero enumeró entre los hechos que, a su entender, evidencian esa discriminación, la apropiación “lisa y llana” de los fondos destinados a la obra de Portezuelo del Viento, la ausencia de inversiones de envergadura y la reciente firma de un convenio entre el Gobierno provincial y Vialidad Nacional para la conservación de rutas nacionales de Mendoza, “excluyendo casi expresamente a Malargüe”.
Considerando de “tamaño gravedad institucional” la situación, el vecino solicitó que el Concejo convoque a los legisladores provinciales del departamento y les exija la presentación de un pedido de informes al gobernador. El objetivo sería conocer los criterios que utiliza el Ejecutivo para tomar decisiones que afectan directamente a Malargüe y lo colocan, según expresó Ferrero, “en las antípodas del resto de los municipios”.
También pidió que el Concejo Deliberante y el municipio en su conjunto se expresen públicamente en medios de comunicación y redes sociales para manifestar la preocupación de la comunidad por lo que calificó como “tremendo trato discriminatorio”.
Como tercera medida, propuso que se recurra al INADI y a la Defensoría del Pueblo para que investiguen y se pronuncien sobre la situación.
Por último, Ferrero solicitó “urgente despacho” a su petición “por el interés público que reviste”, y cerró su presentación con un saludo formal al presidente del cuerpo legislativo y sus integrantes.
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