La diputada provincial Jimena Cogo votó en contra del convenio celebrado entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Gobierno de Mendoza, argumentando que excluye a Malargüe, profundiza las asimetrías territoriales y expone a la provincia a condiciones financieras desfavorables.
Durante el debate, la legisladora manifestó que su voto negativo responde a una postura coherente con lo que viene sosteniendo desde hace tiempo en relación a este tipo de acuerdos. Señaló que el fondo de resarcimiento, origen de los recursos utilizados en el convenio, fue creado sin intervención del Congreso Nacional, lo que a su entender representa un vicio de origen. Además, denunció que Malargüe —zona directamente damnificada por la cancelación de Portezuelo del Viento— fue nuevamente excluida.
Cogo advirtió que el acuerdo obliga a la provincia a ejecutar, conservar y mantener rutas nacionales con fondos propios, sin previsión de reembolso. “Se están asumiendo obras sin garantías de reintegro, con cláusulas leoninas que someten a Mendoza a una sumisión jurídica preocupante”, dijo, haciendo especial referencia al artículo 14 del convenio, donde se renuncia a eventuales acciones judiciales y se acepta la jurisdicción de tribunales federales.
La diputada sostuvo que no sólo se debería haber debatido este convenio, sino también un mecanismo concreto de reintegros a la provincia. Recordó que el Fondo Vial Nacional se financia con el impuesto a los combustibles que pagan todos los argentinos, incluidos los mendocinos. “Ya hemos contribuido a ese fondo. Estas rutas ya las pagamos con nuestros impuestos”, subrayó.
En su intervención, también criticó el criterio utilizado por el gobierno provincial, basado en el tránsito medio anual, para definir las prioridades de inversión. “Es una estadística que termina beneficiando a zonas densamente pobladas, como el Gran Mendoza, y que deja fuera a departamentos como Malargüe”, afirmó. A su juicio, este criterio profundiza las asimetrías y limita el desarrollo equilibrado del territorio.
Cogo también lamentó la falta de participación de las jurisdicciones locales en la toma de decisiones. “Nos dicen que no se pueden financiar obras en Malargüe porque son de origen nacional y no se les puede aplicar peaje. Entonces, ¿cuál es el criterio de desarrollo real que se está aplicando?”, se preguntó. Añadió que muchas de estas obras mejorarían notablemente la calidad de vida de los sureños y potenciarían sectores como el turismo.
Para finalizar, comparó la situación con la provincia de Neuquén, que ya construye rutas para conectar el norte neuquino con el sur mendocino, pensando estratégicamente en la expansión de Vaca Muerta. “Ellos incluyen a Malargüe en su visión de desarrollo. Nosotros no. Este modelo de gestión consolida desigualdades y deja afuera a gran parte de la provincia. Si hablamos de federalismo real, necesitamos una política vial que nos conecte e integre a todos”, concluyó.
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