Como ex funcionario público del área de Pro Malargüe Mendoza, quisiera efectuar algunas aclaraciones respecto a la función con la que fui honrado para desempeñarme entre el período 2019-2023.

En mi paso por la citada tarea, fuimos un nexo importante –con el resto de la provincia– a la hora de coordinar acciones y gestionar los medios necesarios para paliar la pandemia. Cuando comenzó el tiempo de la normalización, nuestra labor involucró no solo los trámites municipales, sino la logística necesaria para lograr la atención médica de malargüinos; el sostenimiento de la infraestructura de la Residencia Estudiantil (y encargarnos de las demandas de los chicos); la captación del turismo para el departamento; la organización de eventos vinculados con las fiestas populares malargüinas; reuniones por temas específicos vinculados con la minería; propuestas de inversión para el desarrollo del departamento y la vinculación con los medios de comunicación de Mendoza. Así también las relaciones institucionales con distintos organismos provinciales y nacionales. A lo largo de esos 4 años, gestionamos –aproximadamente– cerca de 490 expedientes.

El Tribunal de Cuentas de Mendoza es el encargado de fiscalizar la gestión económico-financiera del sector público, asegurando que los fondos públicos se utilicen de acuerdo con la legalidad y la buena gestión. A nuestra área, en los años 2020, 2021 y 2022, no se le hizo ninguna observación sobre nuestra labor.

Ahora bien, respecto al 2023, el citado Tribunal (a fojas 1357/1361 del Expediente 261/23), dictó el fallo 18.196, donde –en su artículo 4– se me formulan cargos y una multa por la falta del equipamiento de video-seguridad destinados al Polideportivo y a Servicios Públicos. Al respecto, quiero dejar establecido –tal como lo dice claramente el fallo– que el 24 de septiembre de 2024 presenté mi descargo donde expliqué las razones por las cuales quedaron inconclusos esos 2 expedientes: en pocas palabras, debido al contexto macroeconómico nacional, hubo un conflicto entre el proveedor de los equipos y el Municipio por la demora en los pagos y su correspondiente actualización de precios por inflación (tal como lo dicen las 7 notas enviadas por la empresa al Municipio; la última de ellas entregada al Intendente Celso Jaque, por intermedio de las actuales autoridades de Pro Malargüe, a inicios del 2024). En síntesis, la Municipalidad pagó fuera de término ese equipamiento; el proveedor no entregó los equipos por el reclamo de esa diferencia por inflación y el tema quedó sin resolver.

En pocas palabras, el Tribunal de Cuentas determinó que de esos 490 expedientes presentados –a lo largo de 4 años– solo 2 de ellos estuvieron enmarcados en un procedimiento administrativo irresuelto. Esto habilita a ser sancionado con una multa y la aplicación de un cargo lo cual aboné con responsabilidad ciudadana. Si bien considero discutible la decisión del auditor del organismo (porque el proveedor expresamente indicó, en esas notas, que no entregó el equipamiento por la falta de actualización de precios), la actuación del Tribunal de Cuentas no fue ilegal, ni arbitraria y actuó de acuerdo a norma, porque el procedimiento estaba incompleto y debía responder por ello. Y eso hice.

Desde mi salida del cargo de Director de Pro Malargüe, existieron personas que dijeron palabras injuriosas y mintieron sobre mi persona y hechos durante la gestión que realicé. Hoy necesito contarles a ustedes por qué, durante este tiempo, elegí el silencio; que no fue por falta de argumentos, sino por una convicción personal de que la calumnia y la mentira no merecen ser contestadas en el mismo terreno y tiempo en que fueron dichas. La calumnia y la mentira han sido siempre el arma predilecta de los denunciadores seriales que albergan claras intenciones político-partidarias.

Aun así, no les guardo rencor. Hoy, lejos del ruido vil y lacerante de aquellas “denuncias”, escribo estas líneas que no pretenden polemizar sino dejar constancia de lo equivocada que estaban aquellas palabras dichas en tonos altisonantes. Aquí no hubo uso indebido de recursos públicos, no existió falta de respeto alguna por el patrimonio de los malargüinos y mucho menos, algún tipo de sistema o conducta desapegada de la responsabilidad que exige la función pública. Hubo un procedimiento administrativo incompleto que mereció una sanción y a la cuál respondí como corresponde.

Soy Julio Alberto Paz, a lo largo de 40 años trabajé en el sector privado, en medios de comunicación, en la Gobernación de Mendoza, en la Vicepresidencia de la Nación, el Senado Nacional, la Legislatura de Mendoza, el Poder Judicial y en la Municipalidad de Malargüe. A lo largo de mi carrera solo tuve dos sanciones y fueron del Tribunal de Cuentas, incluída la citada en esta nota. Mis bienes actuales son los mismos con los que ingresé a la gestión municipal y esto puede ser verificado en el sitio web la Oficina de Ética Pública y hasta en Google Maps: sigo viviendo en calle Uspallata 3070 de Godoy Cruz (desde el 2007); tengo un Vehículo Etios modelo 2015 y vivo de mi trabajo diario.

Pido disculpas a los malargüinos por esta situación, la cual ya fue resuelta responsablemente y las hago extensivas al Intendente mandato cumplido Juan Manuel Ojeda por no haber logrado una de sus metas de gestión. Considero oportuno agradecer a todo el equipo de trabajo en Pro Malargüe y al área Contable del Municipio 2019-2023 por el trabajo humano, honesto y transformador que permitió a nuestra Dirección gestionar de modo eficiente.

Gracias a esa tierra noble y en especial, a los malargüinos de bien que no se dejaron llevar por la calumnia y la mentira. El tiempo habla con hechos y con números concretos: en cuatro años se dejó una administración ordenada, con rendiciones de cuentas avaladas, sin causas judiciales en mi contra y con una aprobación del 99.95 % de los expedientes por parte de los organismos de control.

Por Julio Paz, Director de Pro Malargüe en Mendoza 2019-2023.

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